La posible desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) se han discutido desde diversos puntos de vista. El que más se vende, es el dispendio que supone sostener a estas instituciones; de acuerdo con el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna, en 2018 gastaron 14 mil millones de pesos para realizar 24 elecciones locales.
Es cierto, los OPLE salen caros y quién sabe si en verdad garantizan procesos democráticos. Es más, quién sabe si son democráticos en su propia conformación. Cada vez que hay elección de consejeros en los órganos estatales, se hace una larga fila de aspirantes, la mayoría de los cuales sabe que no tiene la menor oportunidad de llegar al ansiado puesto que garantiza subir al olimpo burocrático por el salario, las prestaciones y los reflectores —que bien administrados pueden significar una carrera política de mayor futuro—, pues más allá de las credenciales académicas y la experiencia, la selección continúa tomando en cuenta factores extraoficiales.
En todo caso, los OPLE se suman a una serie de instituciones que son las consentidas en el mundo de la burocracia. No sólo por el salario de los consejeros, sino de todo el personal. Es cuestión de darse una vuelta por cualquier OPLE en temporada de no elecciones para darse cuenta de que a los empleados sólo les falta ponerse a buscarse piojos entre sí para no morir de aburrimiento (con su salario y prestaciones intactos). Y en temporada de elecciones tienen la extraña costumbre de casi vivir en la oficina aunque no sea necesario, como si a cada uno le dieran a cuidar una urna con votos. Pudiera ser que intentan justificar los altos salarios que allí se perciben.
Aunque no son los únicos elegidos de los dioses. En esa lista privilegiada también entran los empleados de Pemex, Comisión Federal de Electricidad, Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) del que casi nadie habla porque es prácticamente desconocido fuera de su ámbito o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, entre otros.
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fueron los primeros que dejaron clara la necesidad de hacer justicia… en los bueyes de su compadre, porque ellos no iban a dejar sus salarios de sueño.
El debate sobre el salario de los ministros ocupó tanta tinta y espacio en los medios que se olvidaron del punto fundamental para cualquier mortal: el hecho de que haya castas entre los trabajadores. Laborar en cualquier oficina de la CFE o en Laguna Verde es un pase automático a un nivel de vida envidiable, no sólo de los altos mandos (recuérdese la millonaria indemnización que le recetaron a Enrique Ochoa Reza por haber estado al frente de la dependencia tan sólo cuatro meses y la cobró pese a que le llovieron una cantidad descomunal de críticas, además que no se fue al desempleo sino a presidir el PRI) sino de la mayoría de los trabajadores.
Y eso que en los medios sólo se habla de ciertas prestaciones que aparecen en los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación, pero deberían ver lo que muchos reciben para la adquisición de anteojos, las primas vacacionales o los aguinaldos. Mientras la tropa hace filas interminables en el IMSS para que la envíen a los servicios de alta especialidad, varias de esas dependencias dan a sus empleados seguros de gastos médicos mayores.
La desigualdad de ingresos es obscena, lo mismo que la calidad y cantidad de prestaciones. Olvídense del casi medio millón mensual que ganan algunos ministros, mejor calculen el billete gordo que se llevan la nómina y las prestaciones de algunas dependencias de gobierno.
Ni la CNTE que logró colarse entre los favoritos del actual gobierno podría imaginar en sus sueños más delirantes salarios como los de cualquier empleado de cuarto o quinto rango de un OPLE o el de un obrero de Pemex, mismo que llega a recibir vales de gasolina mensuales que puede no llegar a consumir si se trata de un obrero de plataforma que pasa quince días de tiempo completo en una de ellas; vamos, no podría aunque quisiera. Y hablo de obreros no especializados.
Cuántos, sin quebrantar la ley de no ganar más que el presidente, viven como pashás sin que nadie cuestione sus altos ingresos; mejor todavía, sin que haya ley o norma alguna a la vista que los ponga en riesgo. Si el gobierno federal de verdad quiere ahorrar, debería revisar esas desigualdades, no sólo para eliminar gastos excesivos, sino para enmendarlas. Es decir, ¿quién no quisiera tener un mejor servicio médico? No se trata sólo de arrebatar algo que nos parece un privilegio, sino de brindar a la mayoría servicios de mejor calidad y de ir eliminando esas brechas abismales que ofenden.
