Creo que en nada ayuda crispar más de lo que ya está el ambiente político y social en el Estado señalando sin ton ni son presuntos culpables o responsables del levantón (secuestro) que sufrió ayer temprano el periodista Marcos Miranda Cogco, sin que se tenga el resultado oficial de la investigación que debe haber realizado o debe estar realizando la Fiscalía General del Estado.
Nuestro compañero fue una víctima más del clima general de inseguridad y violencia que priva en todo el territorio estatal, pero también del clima de agresión contra el gremio periodístico que distingue a Veracruz incluso a nivel internacional.
Ciertamente, el problema no es nuevo, viene desde el gobierno priista de Javier Duarte de Ochoa, atraviesa el del panista Miguel Ángel Yunes Linares y persiste en el del morenista Cuitláhuac García Jiménez.
Ya en 2017, la organización defensora de la libertad de expresión Reporteros sin Fronteras calificó a nuestro estado como el lugar más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina y uno de los más peligrosos del mundo, nada de lo que nos tengamos que enorgullecer los veracruzanos.
Si se quiere buscar un responsable, no es nada difícil hallarlo: es ni más ni menos el régimen político que ha estado y está bajo la responsabilidad de los antes mencionados, cuyo deber es garantizar la tranquilidad y la seguridad en la vida y en los bienes de todos los habitantes de Veracruz.
Uno por tricolor, el otro por azul y el actual por magenta (aunque lleva apenas seis meses), ninguno ha podido ya no acabar ni disminuir el problema, sino siquiera controlarlo, y preocupantemente cada día crece y se ramifica más y cuando le cortan una cabeza al monstruo le brotan tres más, como en los cuentos de hadas, de príncipes y dragones.
Marmiko (acrónimo de su nombre y apellidos aunque le puso ko en lugar de co –de Cogco–), como popularmente es conocido en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, fue privado de su libertad cuando se dirigía a dejar a una menor familiar suya a la escuela.
La noticia cundió de inmediato, primero entre el gremio periodístico del Estado, y luego en las redes sociales. Pronto estuvo en los medios nacionales.
Y ante la preocupación de los periodistas por saber su paradero y hallarlo con bien, surgieron las sospechas y acusaciones que involucraron al propio gobernador Cuitláhuac García Jiménez y al secretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos, y que motivaron las recriminaciones oficiales de siempre contra el fiscal general del Estado, Jorge Winckler Ortiz.
O sea, en tratándose de un asunto de la mayor gravedad y preocupación porque se trataba y se trata de la vida de una persona, en lugar de que las autoridades conjuntaran esfuerzos y recursos para rescatar sano y salvo al compañero, reiniciaron su pleito político y personal; empezaron a utilizar a la víctima de pretexto para seguir dirimiendo sus diferencias, lo que es totalmente reprobable.
Bajo mi total responsabilidad, expreso mi creencia de que ni Cuitláhuac ni Eric, como dijo ayer el Ejecutivo, llegan a la perversidad de atentar u ordenar atentar contra la seguridad de un periodista. Tal vez no les gusten nuestras críticas y nos repelan, pero no los creo, a menos que se les demuestre plenamente, que son la mano que mece la cuna en el caso que nos ocupa.
Lo que sí es que inevitablemente no pueden rehuir la responsabilidad que tienen como autoridades porque no han sido capaces de contener el clima de inseguridad que nos amenaza a todos y por ello tienen que rendir cuentas a la sociedad.
Creo que tampoco es lo mejor ni oportuno volver a lanzar cacayacas contra la Fiscalía General del Estado sino que deben de pedirle, de exigirle a su titular, de la forma más enérgica pero respetuosa, que realice en forma expedita y profesional las investigaciones a que haya lugar, que se rescate bien a la víctima, que se detenga a los responsables y que se les vincule a proceso con las pruebas más contundentes para que no salgan libres y no continúe la impunidad.
Porque se trata de un periodista el ruido mediático subió de tono y las exigencias de resultados y las críticas arreciaron contra el gobernador, pero salvo por las características de nuestro quehacer nada nos diferencia de otros veraruzanos que han sufrido (y muchos sufren en cautiverio) secuestros, por lo que el problema es grave y requiere urgente solución no solo en el caso de Marmiko sino de otras personas víctimas del estado de descomposición social que se vive.
La solución tenemos que ser todos pero desalienta que en lugar de convocar a un gran frente común las autoridades prefieran privilegiar su enconos y pongan por delante sus pleitos. Se impone un ¡ya basta! y, en último extremo, si no entienden la preocupación y el dolor de la población, entonces, señores gobernantes, autoridades, hagánse a un lado, pidan licencia y vayánse. El destino de los veracruzanos no puede continuar siendo rehén de sus pleitos.
El Congreso local da señales alentadoras
En medio del anterior escenario, bastante alentador resultó ayer el desayuno que la directiva del Congreso local ofreció a periodistas que cubren esa fuente así como a columnistas y directivos de diversos medios de Xalapa y algunos del puerto de Veracruz.
Creo no estar equivocado si digo que en lo que va del actual gobierno morenista no se habia logrado una convocatoria como la que tuvo lugar en un restaurante con motivo del pasado Día de la Libertad de Expresión.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Juan Javier Gómez Cazarín, tuvo el mejor auditorio para repudiar el secuestro de Marcos Miranda Cogco, pedir a las autoridades correspondientes dar con su paradero y que se sancione a los culpables.
Seguramente debe resultar reconfortante para su familia que le haya ofrecido el respaldo del Congreso y se escuchó bien que solicitara no politizar el caso.
Fue el presidente de la Mesa Directiva, José Manuel Pozos Castro, quien expresó el respeto a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico.
En la mesa principal estuvieron también los coordinadores de las bancadas del PAN y del PRI-PVEM, Sergio Hernández Hernández y Erika Ayala Ríos, respectivamente, y en el salón los diputados Adriana Esther Martínez Sánchez, Ana Miriam Ferráez Centeno, Cristina Alarcón Gutiérrez, Jessica Ramírez Cisneros, Magaly Armenta Oliveros y Deysi Juan Antonio.
También los diputados Jorge Moreno Salinas, Rodrigo García Escalante, Wenceslao González Martínez, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, Augusto Nahúm Álvarez Pellico y Raymundo Andrade Rivera, además del Secretario General del Congreso, Domingo Bahena Corbalá, y el coordinador de Comunicación Social, Aldo Adrián Valerio Zamudio, así como el coordinador de Información, Rafael Fernández Azcoitia.
La reunión sirvió para demostrar que sí se puede y que la convivencia dentro de la diferencia es posible, por lo que surge una pregunta obligada: ¿por qué el gobierno del Estado no? Valerio Zamudio y Fernández Azcoitia estuvieron atentos a los detalles y dieron muestras de tener oficio político periodístico.