“Donde hay soberbia, allí habrá ignorancia; más donde hay humildad, habrá sabiduría.” – Salomón.
Vaya que la crisis de gobernabilidad que enfrenta el Estado de Veracruz pone en evidencia una serie muy específica de serías debilidades en sus instituciones que ponen en grave riesgo la paz y el orden social.
La ola de inseguridad que enfrenta la capital del Estado, suscitada en las últimas horas abre de nueva cuenta las dudas respecto al actuar de la autoridad municipal en cuanto a su facultad de garantizar lo que consagra la propia Constitución Federal y Estatal.
El alcalde de Xalapa, Pedro Hipólito Rodríguez Herrero sumido en observar calles fantasmas y culpar de todo a las pasadas administraciones, perdió el horizonte inmediato que es la de garantizar la seguridad de sus conciudadanos.
Las recientes declaraciones del regidor décimo del Ayuntamiento de Xalapa, Juan Gabriel Fernández Garibay son la muestra clara de que la 4T no tiene ni la más remota idea de lo que es gobernar por el bien común.
Lo que para ellos es benéfico, resulta no serlo para el grueso de la población.
Así para incentivar el desarrollo económico, recortan el gasto, contraen obra y licitaciones, esperan que el inversionista venga y ponga sus centavos, con el aval de que la autoridad municipal le otorgará facilidades, no sin advertir, que la seguridad no es cosa de ellos, y que, de ser posible, los propios empresarios deberán custodiar sus inversiones con fuerzas del orden de corte particular.
Quizá por ello, se abren tres empresas y se cierran 15 en el trimestre según ha referido el propio regidor Fernández Garibay a este reportero.
La más reciente de sus afirmaciones confirma que la autoridad municipal es incapaz de garantizar el orden constitucional, al tener una policía desarmada, con nula capacidad de respuesta y de cobertura.
Sus recientes señalamientos respecto a la conformación de grupos de autodefensas en diversas zonas de la capital, incluso fomentadas por algunos actores políticos es la muestra palpable de que la población se equivocó gravemente en la elección de sus autoridades.
La venta de espejitos que con ayuda del actual presidente Andrés Manuel López Obrador compró la sociedad, los deja en estado de interdicción, sin capacidad de actuar y de frenar la ola de violencia, a menos que se tome el camino mismo de las armas.
Violación gravísima al marco constitucional, pues la población no está facultada para actuar de esta manera, pues para ello existe un marco legal, que regula el actuar del estado.
Lamentablemente la desesperación comienza a ser presa del pueblo, que está harta de la inacción gubernamental.
Las autodefensas en la ciudad son una realidad, aun cuando ahora seguramente la propia autoridad municipal habrán de asegurar que tiene otros datos.
Al tiempo.
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