El diferendo entre los gobiernos de Estados Unidos y México por el tema migratorio y la amenaza de la imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas ha mostrado la pequeñez de la administración de Andrés Manuel López Obrador.
La actuación de la diplomacia mexicana en el “affaire” de los aranceles que Donald Trump amenaza con imponer a México a partir de este lunes ha sido de vergüenza. Y no nada más por el episodio del neofuncionario de la Cancillería de la “cuarta transformación” comiendo cacahuates durante una reunión bilateral oficial.
Desde que el secretario de Relaciones Exteriores de la “4T”, Marcelo Ebrard Casaubón, se trasladó a Estados Unidos hace una semana para “atender” la crisis, ha sido sistemáticamente humillado por el gobierno estadounidense, que lo recibió cuando le dio la gana para acordar prácticamente nada.
A pesar de que el canciller ha intentado asegurar que existen avances en las negociaciones, a una semana de que Trump anunciara la imposición unilateral de aranceles, poniendo en riesgo incluso el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la realidad es que hasta el momento de escribir estas líneas, la noche del jueves 6 de julio, la única que había cedido en sus posiciones había sido la administración lopezobradorista, sin que ello haya provocado señal alguna de que su contraparte norteamericana eche abajo sus amenazas.
La concesión más fuerte del gobierno mexicano a las exigencias estadounidenses ha sido la de detener, a través del uso de la fuerza pública, la migración indocumentada centroamericana, que desde los últimos meses del gobierno de Enrique Peña Nieto creció desmesuradamente y a la que el presidente López Obrador había ofrecido visas de trabajo y “brazos abiertos” para internarse en territorio mexicano.
Este mismo jueves, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero anunció que la Guardia Nacional se desplegará por las fronteras norte y sur de México con el objetivo de frenar el paso de migrantes indocumentados, que ya han comenzado a ser detenidos masivamente por elementos del Instituto Nacional de Migración.
Sin embargo, el problema está lejos de solucionarse con esa medida. La administración Trump continuará añadiendo exigencias con las cuales doblegar a México, pues su intencionalidad es política: el presidente de Estados Unidos está en campaña rumbo a su reelección y golpear a nuestro país con el tema migratorio le suma puntos entre su base de votantes más radical y racista, y hasta entre muchos latinos trasnochados que preferirían olvidarse de sus raíces con tal de proteger su particular beneficio económico.
Lo peor de todo es que el peor lastre para la política exterior mexicana es el propio presidente López Obrador, quien en lugar de adoptar una postura de estadista y defender a México en una reunión internacional –la del G20- a la que se niega a ir por quién sabe qué complejos, prefiere convocar a un mitin político en la ciudad de Tijuana este fin de semana para “demostrar” que existe “unidad nacional”. Como si eso le importara un pepino a Trump y a los estadounidenses.
Y lo más grave es que esto es solo el principio de lo que viene. Aunque finalmente Trump no impusiese los aranceles la semana entrante -porque en realidad, también afectaría la economía estadounidense-, continuará usando a México como “sparring” previo a las elecciones que se celebrarán hasta noviembre de 2020.
Mientras, en México el gobierno mete la cabeza en la tierra.
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