Finalmente fue el auditor general del estado, Lorenzo Portilla Bonilla, quien le puso el “cascabel al gato” para proceder judicialmente en contra del yunismo panista.
La mañana de este martes, Portilla Bonilla presentó cuatro denuncias ante la Fiscalía General de la República en contra de quien o quienes resulten responsables en el gobierno que encabezó Miguel Ángel Yunes Linares, por presunto daño al patrimonio del estado por más de 56 mil millones de pesos.
Entre los hechos denunciados, se encuentra la adquisición irregular del Sistema Estatal de Videovigilancia –que nunca ha funcionado adecuadamente, ni cuando gobernaba el propio Yunes Linares- por mil 44 millones 523 mil 721 de pesos, provenientes de fondos estatales y federales.
En la denuncia, el auditor señala que dicho sistema de casi seis mil 500 cámaras no opera con los estándares de calidad adecuados ni cumple con los objetivos establecidos en el contrato que la Secretaría de Seguridad Pública firmó el 7 de diciembre de 2017 con la empresa Comtelsat, propiedad del dueño del periódico El Financiero, Manuel Arroyo Rodríguez.
Entre las irregularidades detectadas por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) se destacan el “suministro de cámaras con modelos diferentes a lo establecido en el contrato, cámaras que no realizan lecturas de placas vehiculares, cámaras que no operan con los parámetros de calidad de video contratados, radios enlace que no están adecuadamente instalados y configurados así como servidores que no demuestran su capacidad de grabación”.
La segunda denuncia resulta de las observaciones al Informe General del Resultado de la Fiscalización Superior en materia de Deuda Pública y Disciplina Financiera de la Cuenta Pública 2017, en donde se advirtió que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) “efectuó reclasificaciones de los fondos de reserva y de los fideicomisos de los créditos liquidados por el refinanciamiento de la Deuda Pública del Gobierno del Estado de Veracruz a cuentas de orden, derivado de que presentaban cantidades que no eran reales”.
En ese sentido, el Orfis subrayó que ello “hace presumir que los registros contables que dieron origen a la reclasificación no se realizaron en la forma y términos que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental” y que no existe evidencia de la determinación de responsabilidades por un saldo de ocho mil 869 millones 58 mil 219.23 pesos. “La existencia de cantidades que no eran reales, hacen presumir conductas de manipulación y simulación de los registros contables”, agrega.
En la tercera denuncia también se acusa una “evidente la manipulación y simulación de los registros contables” en el Informe General del Resultado de la Fiscalización Superior a la Cuenta Pública Consolidada de 2017, ya que se advirtió que durante ese ejercicio, la Sefiplan realizó reclasificaciones en la cuenta 11295-5000-0000 “Deudores Sujetos a Resolución Judicial por Cuentas Bancarias”, por 27 mil 455 millones 751 mil 752.61 pesos, “sin que durante el procedimiento de revisión los ex servidores públicos responsables de tales registros, hubieran presentado la documentación soporte para su debida acreditación”.
La cuarta denuncia también corresponde al proceso de Fiscalización de la Cuenta Pública Consolidada de 2017, en relación con afectaciones financieras en el rubro “Valores en Custodia”, donde se identificó que se realizaron “cancelaciones en la cuenta ‘7119-0000-0000 Operaciones en Proceso de Aprobación’, subcuenta ‘7119-0002-0000 Cuentas por Liquidar’, por un monto de 18 mil 650 millones 565 mil 80.04 pesos”, mismas que buscaron ser justificadas por ex funcionarios de la Sefiplan con dos actas circunstanciadas “instrumentadas por personal de dicha Secretaría y de la Contraloría General del Estado de Veracruz, respectivamente, sin la validación de los titulares de dichas dependencias, de lo que resulta evidente la manipulación y simulación de los registros contables”.
El monto total de lo reclamado por el Orfis asciende a 56 mil 19 millones 898 mil 773.21 pesos. Y llama la atención que, contrario a su estilo, el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares haya salido a contestar… evadiendo contestar.
“No serviré de ‘Caja China’ para desviar la atención de los temas que lastiman a los veracruzanos. Tampoco de escalón para que se reelija un auditor corrupto, protector de Duarte y de sus cómplices. Por ello no responderé señalamientos falsos y torpes. Sería hacerles el juego. Continuaré en lo mío y seguiré en la lucha para lograr un cambio profundo en Veracruz y México”, respondió Yunes a través de un audio.
Muy diferente a como lo hizo hace unas semanas cuando, después de que el actual gobernador Cuitláhuac García afirmó que la recuperación de bienes incautados al duartismo había sido un “show” de la anterior administración, envió una detallada lista de los recursos e inmuebles que, según él, “recuperó” su gobierno.
Las autoridades habrán de revisar particularmente las denuncias presentadas en el plano contable, ya que quienes conocen del tema afirman que sería lo más endeble de lo señalado por el Orfis. Pero en lo que no parece haber muchas dudas es en las irregularidades del Sistema Estatal de Videovigilancia, evidenciadas desde que éste se adquirió e instaló.
Están a la “caza” de Yunes. ¿Podrán con él?
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