“Es más fácil luchar por unos principios que vivir de acuerdo con ellos.” – Alfred Adler.
A mediados de la década de los 90’s del siglo pasado el tema de la transparencia y la rendición de cuentas comenzó a ser una moda –digámoslo así- entre muchos sectores de la sociedad.
Académicos, investigadores, periodistas y hasta políticos comenzaron a observar que el tema era materia de posible explotación y crecimiento ante la nula capacidad para conocer en qué y cómo se gastaba el dinero de los mexicanos.
Y es que el tema de saber cómo es que un gobernante gastaba el dinero se circunscribía a la voluntad o potestad que el mandatario Estatal en turno tuviera para de alguna manera gratificar al político, al municipio o a la demarcación con una especie de recompensa.
Así es probable que los años 60’s, 70’s y 80’s en México fueran los años en donde se especuló más respecto a la riqueza acumulada por parte de sus gobernantes, sin tener nunca certeza plena de cómo es que terminaban presidentes sus mandatos amasando inmensas fortunas o caudales por millones.
De esta forma es como se comienza a legislar y a documentar la necesidad de rendir cuentas de manera tal, que no quedase duda de cómo se empleaba el recurso público, aun cuando el legislador hizo la regla, pero en la misma monto la trampa.
El enriquecimiento se siguió dando, solo que ahora con un mayor entramado para lograrlo.
El culmen de todo esto quizá lo encontramos en el reciente gobierno federal de Enrique Peña Nieto, en donde los escándalos por corrupción terminaron sepultando en las urnas a su instituto político el PRI.
El nicho de oportunidad abierto por Peña Nieto permitió que el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, simplemente se colgara de él, para colarse hasta la cocina, y con ello, hacerse de la caída del régimen político.
El hartazgo ciudadano, sumado a la creciente y desbordada ola de inseguridad provocaron el binomio perfecto para lograr el estallido social que culminó con la victoria en las urnas de Morena.
Esperanzados los mexicanos en que este nuevo gobierno habría de hacer valer su máxima de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México, los ciudadanos continúan esperando el cumplimiento de esta su principal promesa de campaña, cosa que al momento no sucede.
Por el momento los mexicanos a 181 días de gobierno observan como las licitaciones ya no son instrumento de uso necesario, se han cambiado por la designación directa, como mecanismos de la 4T para premiar y acabar de paso con lo que ellos llaman corrupción.
Hasta hoy la severa crisis en el Sistema de Salud Pública Federal obedece precisamente a esta nueva política retrograda de parar por completo a lo que han dado por llamar el “elefante reumático”.
De este modo en Veracruz, el mismo fenómeno federal se replica, toda compra y acción debe venir palomeada desde el centro.
Pero ¿qué pasará con los entes constituidos para dar certeza y legalidad al marco normativo que garantice la transparencia y buena aplicación de los recursos públicos?
El ORFIS atraviesa un proceso de pronta renovación, su actual auditor General, Lorenzo Antonio Portilla Vázquez mantiene un control férreo de todo cuanto se audita y palomea respecto al manejo de las Cuentas Públicas.
El gran negocio que representó el validar el gasto, se ve hoy en riesgo con la llegada de los hijos de la 4T.
Por lo pronto sus sueños de opio por reelegirse parecen esfumarse tras comenzar su intento de cabildeo con los legisladores locales, quienes habrán de dar el sí o el no, a su continuidad.
Y aun cuando ha encontrado buen cobijo con algunos integrantes de la Fracción Parlamentaria del PAN, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) Juan Javier Gómez Cazarín le ha soltado tremendo batazo por la nuca, al afirmar que el no ve con buenos ojos el perpetuar por 14 años a un mismo individuo en este encargo.
El hombre con mayor peso específico en la Legislatura de un solo golpe acabó con las expectativas del contador público auditor, que pretendía continuar con su carrera de negociaciones y manejo discrecional del presupuesto para favorecer a quien le indicarán desde las más altas esferas del poder político de Veracruz.
Será acaso que existe la intención de colocar en ese espacio a un es colaborador de Javier Duarte en esa extraña alianza que parece brindaron muchos exfuncionarios en su afán de acabar con el reinado de Miguel Ángel Yunes Linares.
Los nombres de Iván López y Sergio Vázquez se mueven en corrillos y pasillos de diversas oficinas gubernamentales, así como en el mismo Palacio Legislativo.
¿Será que ya le documentaron sus posibles fechorías al buen Lorenzo Portilla?
Las dudas están ahí, la realidad es que, a horas de la visita presidencial, muchas cosas se podrían decidir tras su arribo a la entidad, si no es que, desde México habrán de dictar el destino del hoy auditor general.
Todo parece indicar que e ORFIS sigue siendo el tesoro que todos quieren.
Al tiempo.
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