* Desacata la orden de destituir al tesorero * Carranza niega pago a proveedora y lo aprietan * Mario Pintos, en la boca del volcán * Fisculín sigue bajo proceso penal * Arresto domiciliario y los colectivos están de plácemes * Nahle y los negocios en el sector salud * Tres juniors se dicen del Cártel Jalisco * Arturo Flores, camino a relevar a Romero Deschamps * El cacique se jubila
MUSSIO CARDENAS ARELLANO
Publicada en mussiocardenas.com
27 de mayo de 2019
Sean jueces o magistrados, el alcalde los desprecia por igual, ignorando sentencias, el derecho de otros, el pago de servicios y obras, incurriendo en desacato, desdeñando la instrucción que lo obliga a destituir al tesorero municipal. Así torea al Tribunal de Justicia Administrativa.
Apenas balbucea Víctor Carranza y lo que profiere es tirria a la ley.
Como el Rey Sol, la justicia soy yo.
Egresado de Pemex, donde tuvo que sortear imputaciones de defraudador triple A, especialista en tubos con sobreprecio, concibe a los importadores de justicia como peleles sin causa, parias sociales de la subclase del poder que tarde o temprano habrá de hincarse ante la Cuarta Transformación.
Por eso los batea y los patea.
Hará un par de semanas sintió que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV) no era —ni es— tan fácil de domar. Una sentencia lo obliga a destituir al tesorero municipal, Mario Humberto Pintos Guillén, por incumplir el pago a una empresa proveedora del ayuntamiento de Coatzacoalcos.
Se le notificó del contenido del ordenamiento del tribunal. Ahí consta la destitución y un plazo de tres días para informar el nombre de quién habrá de sucederlo en el cargo. Pero Carranza no acata.
Servicios Industriales EMA, S.A. de C.V. venía demandando el pago de 291 mil 161.56 pesos, que el ayuntamiento del priista Joaquín Caballero Rosiñol había conculcado. El 13 de junio de 2016, el entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo, hoy TEJAV, sentenció a cubrir el pago requerido pero el edil se negó, interpuso recursos legales y empantanó el caso.
Un año después, vía sentencia dentro del juicio 6/2017, se confirmó el derecho del proveedor a cobrar los servicios prestados.
Así encontró el caso el alcalde de Morena y así ha continuado.
Su coordinador jurídico, Agustín Jiménez Hernández, supone que la negligencia es virtud. Tinterillo marrullero, interpone recursos en los que omite información al cabildo y realiza promociones en las que le miente al tribunal.
Va una.
Al TEJAV le hizo saber que en la sesión del 31 de enero pasado el cabildo de Coatzacoalcos propondría incluir el pago del adeudo a Servicios Industriales EMA en el presupuesto 2020, o sea un año después. Obvio, el tribunal lo paró.
Le respondió el TEJAV con un argumento elemental: la propuesta violentaba la instrucción de determinar el monto a liquidar y realizarlo “de la manera más expedita”.
Y luego, en el auto del 14 de marzo pasado, señaló:
“Han transcurrido cerca de tres años sin que se haya efectuado siquiera un pago parcial (…) a pesar de que se le ha requerido en múltiples ocasiones”.
El TEJAV detectó otra treta de Agustín Jiménez:
No existe constancia de que el acuerdo de la sesión de cabildo del 31 de enero incluyera el pago en el presupuesto 2020 y que esto se hubiera hecho del conocimiento del Congreso de Veracruz donde tendría que ser validado.
Y una más:
La defensa jurídica del ayuntamiento de Coatzacoalcos señaló que existían “pláticas conciliatorias” con la empresa Servicios Industriales EMA, pero no presentó evidencia que lo demostrara.
Carranza y Agustín son como Pinky y Cerebro, o como Cuitláhuac y Patrocinio. Queriendo arreglar sus dilemas, no ordenan ni sus mentiras.
Categórico, el TEJAV categoriza la negativa del ayuntamiento de Coatzacoalcos a pagar como “omisión injustificada” de la “autoridad condenada”. Y aduce: “ha transcurrido tiempo que se considera más que suficiente para que las demandadas hayan realizado las gestiones necesarias y así allegarse de la cuantía a las que fueron condenadas”.
Y refiere:
“Hágase efectivo el apercibimiento a la autoridad demandada y procédase a destituir al tesorero del ayuntamiento de Coatzacoalcos, decretado por auto del 18 de noviembre de 2018. (…) lo anterior por el hecho de que persiste un incumplimiento injustificado”.
A espaldas del cabildo, Agustín Jiménez ha maniobrado y fracasado. El 7 de mayo interpuso un recurso de revisión contra la destitución del tesorero, Mario Pintos. El TEJAV lo rechazó. Y lo notificó al ayuntamiento el 16 de mayo.
Agustín Jiménez dirigió el oficio CJ-06442019 al alcalde Víctor Carranza, señalando que el tribunal impuso multa de 20 mil 150 pesos por desacato. Y omitió mencionar que en el cuaderno de ejecución de la sentencia 06/2017 se apercibe la destitución del tesorero municipal.
Las tretas y omisiones no paran ahí. Agustín Jiménez omitió advertir que se abrió la carpeta de investigación FGE/FECCEV05/2019 por parte de la Fiscalía Anticorrupción en contra del presidente municipal, Víctor Carranza; síndico, Yazmín Martínez Irigoyen, así como del director de Adquisiciones y del tesorero municipal, Mario Pintos.
Enterado el cabildo, ve al alcalde hundirse en un conflicto legal que, en sí, es de menor cuantía. Hay tres juicios más, con montos superiores a los 6 millones de pesos, que el TEJAV fallará en breve contra el ayuntamiento de Coatzacoalcos. Con el efecto de una bomba de tiempo.
Pero Carranza no ve, ni oye, ni siente.
Su defensa del tesorero es apasionada y frenética. Rechaza el fallo del TEJAV. Se niega a removerlo, pese a que tuvo tres días para informar el nombre de quien lo sustituiría en el cargo.
Acusa al gobierno del priista Joaquín Caballero —sin mencionarlo por su nombre— por su herencia, juicios perdidos, omisiones de pago.
“No hicieron lo respectivo y ese es el costo de lo que se está haciendo porque son resoluciones por negligencia de esas autoridades, llámese jurídico, llámese recursos materiales o llámese quien haya tenido la responsabilidad, porque no se vale que hagan ese tipo de acciones”.
E irá a otras instancias para evitar la destitución del tesorero municipal.
Carranza no lee su realidad. Su rebeldía brota del parloteo en el oído, las intrigas de su empinador jurídico, Agustín Jiménez, el alfil que le miente y le miente al cabildo.
Su alarde es tan demencial como suicida. Desafía al Tribunal de Justicia Administrativa, increpando una sentencia demoledora, inédita e histórica, consecuencia de un abuso de autoridad y una omisión, de la sinrazón y la ignorancia, la necedad y la infamia.
Y todo por un tesorero de sólida posición económica, hijo del empresario hotelero Pedro Pintos del Valle, dueño hará unos 40 años del legendario motel Vaiven, enclavado en los límites de Coatzacoalcos, lejos de miradas, escenario de escapadas diurnas y nocturnas, de pasiones ocultas.
Son los contrastes del tesorero, el antes y el ahora de Mario Pintos. Como los rastros sangrientos de los que emergen los cortes exquisitos. Como el que se forma y crece gracias a la fornicación de los infieles.
Culpa Víctor Carranza, el persignado, el hombre de fe, a otros gobiernos de la herencia legal, juicios perdidos y laudos a granel. Pero de sus nombres, nada. Los guarda, los oculta. Y eso es complicidad.
Son 17 meses en la alcaldía. Son 17 meses de encubrir a sus antecesor, Joaquín Caballero Rosiñol, implicado en el fraude de los pozos de agua, los cuartos de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, las obras con prestanombres, la mano chueca del ex director de Infraestructura, Guillermo Ibarra.
Y hoy desafia al tribunal.
Archivo muerto
Fisculín sigue bajo proceso, en arresto domiciliario, imputado aún por desaparición forzada, entrampado en el thriller de los 13 muertos, torturados, asesinados y arrojados a la barranca de La Aurora a manos de la banda del capitán Bermúdez, el favorito de Javier Duarte. Saliendo de Pacho Viejo, el frío penal que fue su hogar, Luis Ángel Bravo Contreras alza la mano —“sí se pudo”, dice—, sonríe y finge ser inocente. Y no lo es. Fiscal de mala nota, engreído y patán, si algo sabe es mentir. Recuérdense sus peroratas desde el atril, historias que solía contar simulando efectividad, por ejemplo, en el caso de los levantados de Las Choapas a manos de grupos parapolicíacos que debieron soltar a sus víctimas con un montaje de enfrentamiento con elementos de la SSP en el municipio de Isla, en el que misteriosamente no detuvieron a nadie. O el caso Moisés Sánchez Cerezo, director del periódico La Unión de Medellín, imputando cargos al ex alcalde Omar Cruz Reyes, un escolta y elementos policíacos, sin que se haya hecho justicia. Fantoche de marras, Fisculín presume libertad cuando no lo es. Obtiene un amparo a su favor. Un juez federal ordena a la juez estatal que lleva el caso, Mónica Segovia, variar las medidas cautelares. De prisión preventiva pasa a arresto domiciliario. O sea, sigue sujeto a juicio, en casita, obligado a acudir cada semana a Pacho Viejo, el penal donde pasó dos años, a firmar el libro de reclusos. Y si le llueven otras denuncias, ahí se va a quedar… Otras rémoras del duartismo también van al arresto domiciliario. Una es Aurora N, alias La Chacala, ex directora de Investigaciones Ministeriales; Gilberto A, ex director de Servicios Periciales, el que alega haber sido torturado con canciones de Maluma —vaya solidez de argumento— y Carlota P, ex delegada regional de la Policía Ministerial en la zona centro. Todos, Fisculín Bravo y Arturo Bermúdez incluidos, enfrentan proceso penal por la desaparición de 13 personas. De 19 levantados por los cuerpos de élite de la Secretaría de Seguridad Pública, seis aparecieron, el resto no. Testigos de los hechos, policías algunos de ellos, relataron la mecánica de la infamia, el levantón, la golpiza, el crimen, la desaparición. Con sus relatos logró establecer la Fiscalía de Veracruz, vía tarjetas e informes por escrito, que la orden partía de arriba —Duarte y Bermúdez— y acataba el ex fiscal Luis Ángel Bravo y sus mandos en el área ministerial. De ahí la aprehensión, el juicio, ser confinados a Pacho Viejo, a kilómetros de Xalapa. Y ahora la justicia federal le ordena al Poder Judicial de Veracruz —mientras Edel Álvarez, cabeza del Tribunal Superior de Justicia, y el gobernador Cuitláhuac García coquetean— que varíe las medidas cautelares y se les aplique arresto domiciliario. Con Javier Duarte la desaparición de personas fue política de Estado. Y la mayoría de los colectivos, las madres que buscan a sus hijos, contribuyendo a que los imputados dejen la cárcel. Al rato le van a andar de romance con Fisculín… Un negocio tipo Cuarta Transformación se teje en el sector salud de Coatzacoalcos. Es un servicio de supervisión, verificación y cumplimiento de normas sanitarias en el área portuaria, propuesto por una empresa particular. Una vez que lo supo Rocío Nahle, secretaria de Energía, mostró su vocación rapaz y se lo agandalló. Consentido por el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, el negocio ya comienza a fluir. En la próxima los detalles… Tres juniors —un Estrada, un Madrazo, un Vasconcelos— solían amedrentar y extorsionar simulando ser integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. Sorprendieron a muchos, acalambraron a otros, infundieron miedo y les bajaron una buena cantidad. De algo les servían las siglas CJNG, cártel sanguinario, el cártel del Mencho, rival de Los Zetas en el sur de Veracruz. Una pizca de sus hazañas circula en Facebook. Sábese que los tres juniors ya se pintaron de Coatzacoalcos. Mejor eso a que el CJNG se los lleve por usurparle las siglas y los regrese en fragmentos o desechos en ácido… Se perfila Miguel Arturo Flores Contreras como líder nacional del sindicato petrolero. Relevaría en los próximos meses a Carlos Romero Deschamps, cuya salida del STPRM será negociada, con una jubilación y sin riesgo de cárcel. Pero de que se va, se va. Y con Romero Deschamps —al que Javier Duarte besaba y babeaba ya entrado en copas— se va toda la pandilla, por delante los dirigentes de la 36 secciones petroleras, los Wade, los Kidnie, los Hernández Toledo, Edith Carrillo. Y al que se resista, persecución y cárcel. Aprieta la cuña desde tierra quinista, Ciudad Madero, sede de la Sección 1 y feudo del ya extinto Joaquín Hernández Galicia, con un historial de fraudes, negocios, abusos, corrupción hasta que Carlos Salinas de Gortari le fabricó el delito de posesión de armas de fuego y lo confinó a prisión de la que sólo salió para morir. De Madero es Arturo Flores, quien documenta, indaga y acredita el enriquecimiento de los líderes actuales y los denuncia. De ahí que sea el elegido para sustituir a Romero Deschamps y desmantelar su imperio. Ocurrirá el relevo antes de la revisión del contrato colectivo de trabajo. O sea en unas cuantas semanas más…
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