Si se buscara una especie de árbol genealógico de la delincuencia en Veracruz, encontraremos que su incremento surgió de la mano de los gobernantes, para ser más claros, de los gobernadores.
En este escenario las posibilidades de castigar a los delincuentes se nulificaron en Veracruz desde el momento en el que el entonces gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, escogió un fiscal del estado a modo. Un amigo de años, con negro historial, fue el elegido para estar nueve años en la fiscalía, con una clara consigna: permitir la impunidad a toda costa. De tal suerte que esta manera de operar se convierta en la convocatoria para seguir delinquiendo a lo largo y ancho del estado de Veracruz.
Cuando se selecciona a los culpables sin investigación previa y sin proceso legal, la fiscalía suele escoger a los culpables, y una vez seleccionados a su conveniencia toma la tortura como si se tratara de un atajo para llegar a la verdad. De esta manera cuando la legalidad y la justicia le son ajenas a la fiscalía, la tortura se convierte en una práctica que sirve a sus intereses.
De este modo actuó la gente del fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler, quien ahora es señalado por la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Namiko Matzumoto Benítez, como un torturador.
El desapego a la normatividad, a la legalidad, al protocolo, a la sensibilidad de quienes ejercen el poder ejecutivo pareciera pertenecer al pasado; sin embargo, se sigue ejerciendo la penalidad con métodos que debieron quedar atrás desde hace muchos años, como es el caso de la tortura, que es condenada mundialmente.
Así, la denuncia de parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no mereció atención de la fiscalía y a cambio se desató una serie de agresiones contra su presidenta, producto de la ira que provocó su recomendación al probar que se había torturado a Guillermo Aguirre Garza, exdirector de Servicios Periciales durante el gobierno de Javier Duarte.
La presidenta de dicho organismo denunció que hackearon su teléfono, se introdujeron a sus redes sociales, y “otro tipo de situaciones para impedir el ejercicio de mis funciones”, tras hacerse pública la recomendación del 25/2019, dirigida a la Fiscalía General del Estado.
La amenazaron por teléfono, y todo por realizar su trabajo. Esto tiene la intención de amedrentar a todo aquel que intente romper el proceso de impunidad que tiene su mecanismo central en la fiscalía, no sólo por practicar la tortura como si estuviéramos en tiempos de la Inquisición sino porque quieren dar el mensaje de que con ellos nadie debe meterse, no quieren que se interrumpa el proceso de impunidad cuyo mecanismo se aceita en las oficinas y separos de la Fiscalía.
Ante esta situación, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos hizo un enérgico llamado a las autoridades de procuración de justicia de Veracruz, para que respeten la autonomía de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que emitió dicho llamado luego de las recientes actitudes asumidas por la Fiscalía General del Estado de Veracruz con las que se pretende minimizar los señalamientos de la comisión por actos de tortura.
Se trata de amedrentar a las autoridades que defienden los derechos humanos y, al mismo tiempo, interrumpir las labores de defensa de la integridad de las personas, sobre todo, sembrar el terror entre la población.
Dicha federación aglutina a los 33 organismos públicos protectores de derechos humanos, y constata que se ingresó a las cuentas de correo electrónico y otros medios digitales de comunicación personal que la presidenta de la Comisión Estatal ha señalado públicamente.
Advirtieron que estos hechos preocupan porque vulneran la intimidad y privacidad de la persona afectada y su familia, pero que adicionalmente adquieren una especial relevancia por el carácter de defensora pública de los derechos humanos de la doctora Namiko Matzumoto Benítez.
Los cuestionamientos sobre la gestión de Jorge Winckler son muchos. Se sabe que fue escogido con intereses de por medio y su estancia al frente de la justicia en el estado deja mucho que desear. Sin embargo, las leyes lo amparan en apariencia, al mantenerlo inamovible de un puesto que sólo a través de un juicio político puede ser destituido. Mientras esto ocurre, que debe suceder tarde o temprano, debe dejarse en libertad a los defensores de los derechos humanos en Veracruz y en todo el país.
Nunca un fiscal, escogido y apoyado por el Legislativo, puede tener un mismo nivel de un político elegido en las urnas. De tal suerte que en lugar de rebelarse contra el gobernador debe plegarse a trabajar con él, y si no está dispuesto a hacerlo que renuncie, pero mientras haya vidas de por medio, no puede ponerse al tú por tú con un gobernador.
La evidente coerción de intereses oscuros atribuidos a los señalados por la CEDH, debe dejar de actuar ilegalmente y respetar la integridad de quienes se interesan en defender la violencia dentro de las instalaciones contra los detenidos. Es decir, se considera a todo mexicano culpable mientras no se compruebe su inocencia, tal y como sucedía en el pasado. Pero también se fabrican culpables, y se convierten en inocentes a los culpables.
PEGA Y CORRE.- Se comenta implacablemente que el PRI es tan adicto al fraude electoral que se hizo fraude a sí mismo al inflar el padrón de militantes, que luego fue rectificado por el INE. Y de casi cinco millones de militantes que presumía, sólo le quedó poco más de un millón, todo por sentirse algo que ya no es…. Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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