Hasta ayer cuando abrió la boca, el secretario de Seguridad Pública Hugo Gutiérrez Maldonado había mantenido una actitud prudente en el pleito del gobernador Cuitláhuac García Jiménez y del secretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos contra el fiscal general del Estado Jorge Winckler Ortiz.
Lo creía yo inteligente, o al menos que tenía sentido común, menos torpe que el secretario de Gobierno, con alguna idea sobre lo que es tener una función pública y saber dimensionar la importancia de las instituciones como para sobreponerlas por encima de cualquier persona así esta tenga una representación oficial.
Luego de denunciar junto con Cisneros a Winckler a nombre del gobierno del Estado en la subdelegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en la ciudad de Veracruz, “por su probable participación en la constitución de delitos que tienen que ver con la procuración y administración de justicia”, redujo la solución de la inseguridad en Veracruz a la salida del fiscal de su cargo.
“Será muy difícil arreglar el tema de seguridad en la entidad si continúa Jorge Winckler Ortiz como fiscal”, expresó y lanzó una acusación temeraria porque no presentó ninguna prueba: Winckler está coludido con el crimen organizado.
Escupió para arriba y todavía se pegó un tiro en el pie. O sea que la solución no depende en parte o en mucho o en su totalidad de lo que la Secretaría de Seguridad Pública a su cargo haga en coordinación con las fuerzas de la Marina, el Ejército y la tan llevada y traída (y hasta ahora ineficaz) Guardia Nacional. De tal modo que Winckler tiene al gobierno de Veracruz en sus manos (y de paso al de López Obrador, por su corresponsabilidad en el asunto).
Si el problema se va a “arreglar” solo con la salida del fiscal, ¿entonces para qué tanto ruido y tanto gasto (sin transparentar) en la compra y alquiler de patrullas?, ¿para qué tanto bla bla bla del presidente con su famosa Guardia y los gastos que ello implica?
De tal modo que Winckler es una especie de Superman, Batman y todos los súperheroes juntos pues él solo tiene en su persona la solución a un grande y grave problema que ni juntos el gobierno del Estado y el federal pueden ya no solucionar sino siquiera disminuir.
¡Ah!, y no podía faltar el yo soy el bueno y él es el malo. Afirmó que él y sus chicos trabajan a “marchas forzadas”, “doble” pero que el fiscal no apoya y libera a los detenidos, de tal modo que “si hay necesidad de detenerlos hasta cinco veces (?) lo vamos a hacer”.
Acusó que el enemigo público número uno del cuitlahuismo “está coludido con el crimen organizado” pero no presentó ninguna prueba.
Le echan montón y politizan la denuncia
Como con Gutiérrez Maldonado no bastaba, lo acompañaron también a denunciar el secretario de Gobierno y el presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura, Juan Javier Gómez Cazarín, en cuyas manos estuvo haber podido sacar a Winckler del cargo desde febrero, pero su inexperiencia política y su falta de capacidad para operar con éxito el juicio político al que se le pretendía someter terminó en un rotundo fracaso.
Dos de los tres poderes del Estado, pues, el Ejecutivo y el Legislativo juntos no pueden con el titular de un organismo autónomo que no cuenta con todos los recursos que ellos, y los exhibe y los somete a la crítica mordaz de la opinión pública por su impotencia oficial, que además hace que señalen que si no pueden con un solo hombre menos van a poder con los grupos organizados de la delincuencia.
Siguen politizando el asunto cuando por esa vía ya tuvieron un rotundo fracaso en el Congreso local, y todo indica que ahora se enfilan a un rotundo fracaso legal.
La acusación ayer
“Por más de dos años no podemos decir que tuvo guardadas sino más bien escondidas más de 150 órdenes de aprehensión, sin subirlas a Plataforma México; entre ellas, órdenes de aprehensión de delincuentes de alto impacto”, manifestó Cisneros Burgos tras la denuncia.
Eric, quien dijo que las órdenes de detención no se subieron ni en 2017 ni en 2018, se amarró el dedo: expresó que solo hacían los señalamientos pero que será la fiscalía federal la que tendrá que hacer las solicitudes correspondientes para integrar la carpeta de investigación de su denuncia. Él tampoco presentó pruebas, solo su dicho.
Circo mediático, opinan expertos
Sobre el tema consulté a expertos en el asunto, en la Ciudad de México y en el Estado, lo mismo de la FGR que de la fiscalía estatal y de la judicatura (que obviamente me pidieron no revelar su identidad), y todos coincidieron en que se trata de un circo mediático.
Me comentaron que legalmente el fiscal no incurre en ningún delito porque no subió las órdenes de aprehensión a la Plataforma México ya que al sistema interno de la fiscalía no pueden tener acceso todos los policías estatales y federales, sino solo los ministeriales.
Sobre la dilación que denuncia Eric Cisneros, el comentario fue que la FGR no tiene competencia y que el nuevo sistema jurídico oral y adversarial no establece tiempos para investigar, además de que en una dependencia como la fiscalía siempre habrá rezago.
En todo caso, agregaron, la FGR debe concentrarse en el rezago que encontraron en el organismo federal con 300 mil averiguaciones previas y carpetas sin resolver y 21 mil órdenes de aprehensión incumplidas.
Sobre lo que dijo el secretario de Seguridad Pública, señalaron que no tiene ética ni moral pública al denunciar al fiscal de que está coludido con el crimen organizado cuando él es policía preventivo, no investigador. “¿Dentro de qué carpeta de investigación está actuando para decir esas aberraciones?”.
En cuanto a la petición estatal para que la FGR atraiga el caso de la extinta alcaldesa de Mixtla de Altamirano, que consideran un delito grave así contemplado en el artículo 19 constitucional, “esa gravedad solo repercute jurídicamente en que sus autores merecen prisión preventiva, pero no es un motivo que dé origen a atracción de la FGR”.
“Ellos pueden denunciar lo que quieran más sin embargo olvidan o más bien desconocen que quien afirma algo debe probarlo”, me señalaron expresando que en el contexto de lo que sucede, “entonces el Ejecutivo y su secretario tanto de Gobierno como de Seguridad Pública igualmente serían responsables de los eventos de inseguridad como en el caso de Minatitlán porque han sido omisos en proponer políticas de prevención del delito; no lo han hecho”.
Coincidieron todos en que les apena lo que sucede en el gobierno de Veracruz, criticaron la ignorancia jurídica de los funcionarios estatales y opinaron que al gobernador Cuitláhuac García le urge un buen cuerpo de asesores especialistas en derecho para no seguir dando “el triste espectáculo que están dando”. “Me apena por ustedes, me apena por Veracruz”, me dijo uno de mis consultados de la Ciudad de México.
Me remitieron copia de textos legales para sustentar sus afirmaciones.
Y Winckler, en la CDMX, con jefes de la FGR
Mientras los personeros del gobierno del Estado denunciaban a Winckler, a esa misma hora el fiscal general tomaba café en la Ciudad de México con el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la FGR, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez.
Según, la reunión fue para analizar los avances en las investigaciones “de algunos casos que han lastimado y atentado contra los veracruzanos”, así como indagatorias contra exfuncionarios públicos.
Estuvieron presentes también el Director General de Servidores Públicos de la FGR, Luis Rodrigo Arellano Sandoval, y el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Veracruz, Marcos Even Torres.
Hasta anoche cuando cerré esta columna la FGR no se había pronunciado sobre la denuncia del gobierno de Veracruz.