* La masacre de Minatitlán sacude al Peje * Y las cifras de la violencia * Sin leyes secundarias, arranca la GN * Cuitláhuac recula * Erick Madrazo: el testamento de los Barbosa * Cinco hermanos despojados * La firma falsa * Justicia para Regina * Los ediles y sus otros hijos * Murió Dulce Rosado * Agua Dulce: la ingratitud del alcalde
MUSSIO CARDENAS ARELLANO
Publicada en mussiocardenas.com
3 de mayo de 2019
De parto prematuro nace la Guardia Nacional, atizada por una masacre, la de Minatitlán, el descontrol de la violencia y el miedo que inunda al país, las cifras que no le cuadran a López Obrador, el cuento de la conversión de los malos y el baño de sangre en Veracruz.
Nace al vapor, sin marco legal, sin leyes secundarias que le den sustento ni la capacitación a los reclutas civiles, con las estructuras militares y navales de siempre y la certeza de que los aceleres del presidente auguran lo peor.
Arranca así, con sello pejista, con la falsa promesa de que habría mando civil y terminó siendo militar, con la urgencia por contener la violencia que crece y crece, el levantón que electriza, el secuestro que indigna, el estado de terror que en México ya es el estado normal.
Parto prematuro, el de la Guardia Nacional se da tras una masacre espantosa, la de Minatitlán —trece muertos, entre ellos un pequeño de un año—, perpetrada por seis sicarios sin alma que al activar sus armas, segar vidas, cortar sueños, detonaron alarmas de los enclaves de Morena, en sus espacios de poder —ofrecieron paz y tendrán que dar paz—, desnudando la vulnerabilidad de un sistema policíaco frágil y del aparato de seguridad, permeado por el hampa.
Aquel Viernes Santo —abril 19—, el golpe de las balas, la pólvora que inunda el salón Los Potros, el llanto que estruja, el grito del que se ve morir, tiene una sinrazón: la disputa de los cárteles por la plaza y el ajuste de cuentas a los que quieren navegar con un grupo narco y con la banda rival.
Aquellos matones fueron por un transexual llamado Becly Ryn o La Becky —Julio César González Reyna—, dueño de dos bares —La Esquina del Cha-Kl y La Crudería— donde se traficaba droga, según estableció la Fiscalía de Veracruz, y terminaron asesinando a doce inocentes más. Y ahí se precipitó el arranque de la Guardia Nacional.
Vive Veracruz oleadas de muerte, ejecuciones en el norte y el sur, masacres de taxistas en Xalapa, campesinos levantados, empresarios secuestrados, hallados sin vida, sus restos embolsados, sus cuerpos degollados, desmembrados. Pero la muerte de Santiago, el menor de apenas un año de edad, conmovió —indignó— a la nación.
Sacudido por el impacto social, Andrés Manuel López Obrador no espera más. No se ciñe a los tiempos legales. Rompe el orden. Y sin leyes reglamentarias, activa la Guardia Nacional.
Hará un mes, algo más, el 26 de marzo, el Congreso federal aprobó la creación de la Guardia Nacional. Se fijó un plazo: 60 días —dos meses— para crear sus leyes reglamentarias —Ley de la Guardia Nacional, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley sobre el Uso y Regulación de la Fuerza, y Ley de Registro Nacional de Detenciones—. Fueron propuestas y entraron a estudio en comisiones. En el período extraordinario, que iniciará el 14 de mayo, las avalará el Legislativo.
Pero al Dios Peje lo avasalla la violencia. Y no atina a mitigarla. Y cae su nivel de aprobación.
Aquel episodio con Jorge Ramos volvió a mostrar que necio sí es y desinformado aún más.
Existe la realidad y no la ve. O construye una realidad alterna.
Lo nutren con información parcial y al hablar se mete un gol. O se da un tiro en el pie. De la cabecita de algodón que sirve para el escarnio y el meme, alguien toma pelo y se ríe de él.
A la “mañanera” llegó con la sonrisa en los labios y salió con la vergüenza en el alma y la ira en el rostro. Terqueó aduciendo que la violencia disminuye y no es así. Sus cifras fueron segmentadas por días y las del periodista de Univisión hablaban de un total 8 mil 524 homicidios en cuatro meses.
Según AMLO, de diciembre de 2018 a marzo de 2019, se registró un promedio de 79 homicidios dolosos diarios. Así pues, la simple multiplicación se destroza el presidente: 79 por 121 días dispara la cifra a 9 mil 559 delitos. Su dato es superior al de Jorge Ramos, cuya fuente es la Secretaría de Seguridad Pública Federal.
Y en el combate a los malos, anda peor.
Tanto odió el Dios Peje a Felipe Calderón que le sigue los pasos. Hoy se le ve agarrando a palazos al avispero.
Su Guardia Nacional es más pantomima que realidad. Se constriñe a militares, navales, policía federal portando un brazalete en el brazo con las siglas GN. Pero siguen siendo soldados, marinos y elementos de la PF. Ni cuentan aún con uniforme oficial.
Sin leyes secundarias que rijan su actuación, la sedicente Guardia Nacional se acoge a la Ley de Policía Federal, en términos de la reforma constitucional, que le permite tareas de seguridad a militares y navales.
Nace en parto prematuro a partir de la masacre de Minatitlán, intentando sofocar las iras sociales, advirtiendo que la violencia, con su carga de muerte y dolor, erosiona a la Cuarta Transformación.
Parto prematuro el de la Guardia Nacional, el viernes 26 de abril, que no arredra a los malos, que no inhibe el delito.
Un día después —sábado 27— es ejecutado Juan Carlos Smith en la playa de Coatzacoalcos, a unos metros del malecón: era sobrino del ex jefe policíaco, Ronaldo Smith, ya fallecido, y cercano a dirigentes de la CTM del PRI.
Una mujer, trabajadora bancaria, fue secuestrada en Coatzacoalcos en abril. Integrantes de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) la liberaron el 1 de mayo mediante un operativo, siendo detenidos tres de los captores.
La Joyita, congregación de Córdoba se cimbró al conocerse la ejecución de una persona al interior de su hogar, el 1 de mayo.
En Playa Santa, congregación de Las Choapas, tres sujetos son linchados por una turba y fusilados. Se les imputó el intento de secuestro de un menor, sin que el padre haya interpuesto denuncia.
Acusa el alcalde, Miguel Tronco Gómez, hermano del ex cacique rural, Renato Tronco, que se le dio aviso al Ejército y no acudió. Fue enterada la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz y tardó en enviar elementos.
Habían retenido a cinco personas más. Al no sustentarse los cargos, fueron liberados. El fusilamiento se atribuye a una presunta autodefensa.
Tras la masacre de Minatitlán, oficialmente instalada la Guardia Nacional, con mil 59 efectivos del Ejército y Marina, el gobernador Cuitláhuac García suelta la lengua. Presumía la aprehensión de dos presuntos autores del ataque que produjo 13 muertos. Lo dijo y lo afirmó. Y luego reculó.
Detenidos con violencia, extraídos de su hogar, dos albañiles fueron tomados por policías vestidos con ropa oscura. No mostraron orden de aprehensión ni había flagrancia. Serían presentados como parte de la trama mortal de Los Potros.
Advertido de la violación a sus derechos humanos y al debido proceso, Cuitláhuac corrigió y volvió a mentir. Los detenidos —dijo— correspondían a otro evento delictivo, en el municipio de Hueyapan de Ocampo, cuando se hallaba en gira de trabajo. Así de chueco el gobernador.
Hay Guardia Nacional y los violentos ni se inmutan. Agreden, matan, secuestran. Saben que todo fue un acelere de López Obrador.
Y el Dios Peje creyendo en la redención de los malos.
Archivo muerto
Pasa por las manos de Erick Madrazo una escritura, con firma falsa, y le da curso. Lee el notario. Interpreta el notario. Decide el notario. Ejerce su potestad. Tiene ahí el testamento de la sucesión Barbosa González —los hijos de don Alfonso y doña Carmen Pura— y viendo que los seis son herederos universales, provoca un atropello brutal. Siendo todos beneficiarios del hogar paterno y un terreno de gran dimensión, que les heredan por igual, Erick Madrazo, notario 7 de Coatzacoalcos, adjudica los bienes a Victoria del Carmen, una de las dos mujeres de los Barbosa González. Arguye el fedatario que su condición de albacea le genera un derecho por encima de la condición de “únicos y herederos universales” de sus cinco hermanos. Una aberración descomunal, pasada ya por juzgados y tribunales, un litigio de carácter civil, otro de índole penal, y hoy en cortes federales, exhibiendo la treta en la asignación de bienes con una interpretación, no de un notario público sino de un trasnochado en ortografía y redacción. Acusado formalmente, Erick sacude así la memoria de su abuelo, el también notario Enrique Lara Echeverría, y altera su descanso eterno. A Victoria Barbosa le adjudica la totalidad de los bienes que debieron ser asignados a los seis “únicos y herederos universales” por igual, como reza la escritura número 5,748 de fecha 26 de diciembre 1990, pasada por la fe de Enrique Lara Echeverría. Así consta en el libro de protocolo. A lo largo de los juicios se acredita el atropello, la interpretación abusiva, el despojo. Y en peritajes se demuestra que la firma que yace en el testamento de doña Pura González no es la del notario Lara Echeverría. Un personaje, María Teresa Rodríguez Bonilla, empleada de la Notaría 7 primero, esposa de Enrique Lara Echeverría después, terminó admitiendo en juicio que estampaba su firma en documentos notariales pese a que la ley lo prohibe. A lo largo de 20 años, habrán miles de escrituras así en la Notaría 7, todas para ser revisadas, todas impugnables. Sobre Victoria Barbosa González y Teresa Rodríguez hay acusación de uso de documento falso. Enfrentaron órdenes de aprehensión, librándose de la cárcel por razones de sobra explicables. Caso de escándalo en el jet set de Coatzacoalcos, que devela otro sesgo delincuencial: las leyes del notariado y sistema judicial civil en México protegen a los notarios, fomentan el atropello, generan impunidad. Pueden los notarios hacer eso y más, y se ríen de la ley y de sus víctimas, protegidos por colegios notariales cómplices. Trama de película, el testamento de los Barbosa González entra ya a la fase crucial en juzgados federales donde se definirá cómo resarcir el daño y quién pagará ante la ley. Erick Madrazo no es Dios pero dispensa milagros. O eso cree. Se consigna este fragmento de la historia con el aval de uno de los agraviados. Y hay más… Regina luchó por su vida, y murió. Hace ya siete años, una tarde jodida de viernes —28 de abril de 2012— fue ultimada en su hogar de Xalapa. Sola, indefensa, su luz se apagó, vencida por la fuerza del malviviente que le cortaba el paso del aire, asiéndola del cuello, hasta que no pudo más. Aquel día nació la leyenda de Regina Martínez, cazadora de infames que delinquen desde el poder, hombres de gobierno que se mimetizan con el narco, militares que violan y asesinan a una indígena de la tercera edad, corruptos que disponen del erario, que lucran con programas sociales, que destrozan las finanzas de Veracruz, léase el Huracán Fidel. Perseguida por el fidelismo, acosada con denuncias, Regina ni se inmutaba y perseguía sin descanso a los malos en su labor como corresponsal de la revista Proceso. Son ya siete años. Persiste el reclamo de justicia, que paguen los que le arrancaron la vida; que se esclarezca si “El Jarocho” —José Adrián Hernández Domínguez—, aún prófugo porque lo tuvieron y lo dejaron ir, y “El Silva” —Jorge Antonio Hernández Silva—, sentenciado a 38 años de cárcel, son quienes la ultimaron; que se desnude la farsa duartista de infinita perversidad al hacerla pasar como amiga de sus asesinos y compañera de copas —¡vaya imbecilidad!—. Y que se ubique al autor intelectual del crimen, que por obviedad está entre los que señaló en sus textos. Siete años ya y Regina merece que se sepa la verdad. Justicia ya… Doble vida, hijos al garete, reconocidos pero con manutención extrajudicial, en la cúpula municipal. Vida de engaño la suya, erario usado a regañadientes para cubrir pensiones a hijos sí legítimos pero a los que mantienen a distancia, o no los ven, o quisieran no verlos. Y así dicen gobernar y transformar. Mínimo dos de esos casos los llevará el abogado Marco Antonio Madrazo Carrión, doctor en Derecho por la Universidad de Almería, España, revelando que amén de las consecuencias legales que tendrán que enfrentar ediles y funcionarios del ayuntamiento de Coatzacoalcos, deja en evidencia la naturaleza del servidor público. Quien le regatea a un hijo el alimento, la ropa, los estudios, atención médica, qué no son capaces de hacer con el poder en las manos. “Allá los vamos a enfrentar”, refiere el doctor Madrazo… Algo olvidada, murió Dulce María Rosado, profesora y activista. Impulsora de la candidatura de Sergio Guzmán Ricárdez, sintió en carne propia el desprecio, la soberbia del alcalde de Agua Dulce. Entregada a promoverlo y verlo llegar a la presidencia municipal, poco duró en el ayuntamiento de Morena. Por haber confirmado que una compañera laboraba ahí, fue cesada. Enferma, consumida por un cáncer devastador, suplicaba ayuda, un mínimo de piedad, un rasgo de humanidad. Nada logró. Se impuso la infamia. Acudió por última vez a la presidencia municipal, urgiendo algo para adquirir medicamentos y paliativos al dolor. Sergio Guzmán no la recibió. Le prometieron que sería atendida por el tesorero municipal, Celso Valencia, y que recibiría un apoyo de 50 mil pesos. Ni la recibió el tesorero y la profesora Dulce María Rosado expresó que tampoco tuvo ayuda económica. Agobiada por el dolor, perdió su última batalla este martes 30. Un caso de ingratitud brutal…