Como es de conocimiento público, usted es el presidente electo de la República. No es un señor feudal, no es un rey, no es Andrés I. Usted llegó al poder vía las urnas no mediante mandato divino o el dedazo de Dios. Cuando asumió la Presidencia prometió respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Gobiernos anteriores dejaron un legado de pobreza, violencia y corrupción, malestar social y reformas cuestionables que deben ser corregidas. Pero esa herencia no le da permiso para asumir actitudes autoritarias y recurrir a campañas de descrédito contra sus críticos o sus opositores. No le da licencia para continuar fomentando la indeseable polarización social y seguir contribuyendo a la erosión institucional. No le otorga el derecho para pedir a los ciudadanos que, en nombre de la justicia, violen la ley.
Hasta la fecha ha sido imposible instaurar en México un verdadero Estado de Derecho, útil y funcional. Todos los días en todos los tribunales, en todos los ministerios públicos del país alguien viola o manipula o tuerce la ley. Pero en respuesta, usted envía memorándums girando instrucciones a diversas dependencias para que sigan haciéndolo. Usted cree y tuitea que para desterrar la injusticia y la corrupción, ningún método es inconstitucional. Se comporta como si fuera un monarca absoluto en lugar de un representante electo. Como si fuera un Presidente imperial y no un Presidente constitucional. Y así, usted vuelve el crimen contagioso, porque cuando el gobierno mismo desconoce la ley, invita a cada persona a interpretarla por sí misma, ya sea con un soborno o con una pistola. Cuando un gobierno sugiere que el fin justifica los medios, y que para perseguir corruptos y criminales hay que cometer crímenes, invita a la retribución. Desde San Luis Potosí hasta Minatitlán, lloramos a las víctimas de quienes hacen “justicia” por su propia mano.
Durante décadas el Presidente en turno -priista o panista- declaraba en algún momento “la ley soy yo”. Desde el pináculo del poder expropiaba y decretaba, ordenaba y presionaba, interpretaba la ley y decidía la dirección de su ejercicio. Así lo hizo Vicente Fox con el desafuero, así lo hizo Felipe Calderón con la Guarde- ría ABC, así lo hizo Enrique Peña Nieto con la Casa Blanca y Odebrecht. Por ello la falta de respeto a la ley está incrustada en el ser nacional; cuando el Estado no respeta la legalidad, invita a los ciudadanos a emularlo. Los mexicanos se han acostumbrado a actuar por encima de la ley, por debajo de la ley, lejos de la ley, al margen de sus efectos. Usted los invita a ser justicieros, en vez de ciudadanos. En lugar de encarar y resolver el problema de un Estado de Derecho insuficiente o intermitente, lo agrava. Usted está sobrepasando las facultades que le confiere el cargo, saltándose los parapetos, brincando por encima de las barandillas de nuestra democracia, aún en construcción. Su gobierno recibió una institucionalidad corroída, pero su puesto no le confiere la facultad de demolerla. Fue electo para limpiar y fortalecer, no para debilitar y destruir.
Con los derechos ciudadanos que la Constitución reconoce, me permito presentar a usted los siguientes lineamientos y directivas. No sea como otros presidentes y deje de tratar a la Constitución como si fuera papel de baño. No sea como su predecesores y deje de sabotear la división de poderes que se debilita cuando un Presidente invade ámbitos que no son los suyos. No se arrogue mediante el decretismo la facultad del Congreso para modificar la reforma educativa a través del consenso y la negociación. No use memorándums extralegales como mecanismo de presión o chantaje o estrategia política para someter a sus opositores. No ignore las admoniciones que le han hecho la CNDH, ex ministros de la SCJN, el Consejo General de la Abogacía Mexicana, y múltiples expertos en derecho constitucional. Muestre lo que Levitsky y Ziblatt en su libro Cómo mueren la democracias llaman “forbearance”; la autocontención necesaria para dejar de hacer algo sólo porque puede. Finalmente, aprovecho la expedición del presente memorándum para recordarle que sobre su cabeza no está posada una corona. Más bien encima de su pecho hay una banda presidencial. Y esa no le confiere un derecho divino, le impone una obligación constitucional