Una vez más quedó demostrado que el presidente Andrés Manuel López Obrador no honra su palabra ni es capaz de aceptar que sus decisiones sean cuestionadas.
La mañana de este jueves, el titular del Ejecutivo federal presentó a quienes se encargarán de dirigir la Guardia Nacional, el organismo en el que el gobierno basará su estrategia de seguridad para el país. Y contrario no solo a sus promesas de campaña –que ya no es novedad que rompa sin reparo ni pudor-, sino a la reforma a la Constitución aprobada por el Congreso de la Unión, su mando principal es un militar en activo.
El pasado mes de febrero, el Senado de la República aprobó la reforma constitucional que hace posible la creación de la Guardia Nacional, pero modificando la propuesta original del Presidente al establecer que el mando de la nueva corporación fuese civil y que la actuación de las fuerzas armadas dentro de la misma se limitase a cinco años. Acuerdo que fue ratificado por la Cámara de Diputados y por los congresos locales.
López Obrador nunca estuvo conforme con que los legisladores se “atrevieran” a modificar su decisión. El 4 de marzo, declaró que el dictamen aprobado permitía que cualquier persona ocupara la comandancia de la Guardia Nacional y que, en ese caso, analizaría que es “lo que más conviene”, deslizando la posibilidad de nombrar militares en retiro para “reforzar” los mandos de ese cuerpo de seguridad.
Pero al final hizo lo que quiso sin importarle nada más. Como comandante de la Guardia Nacional nombró al general de Brigada de Estado Mayor Luis Rodríguez Bucio, cuya hoja de servicios incluye haberse desempeñado como coordinador de Grupos Interinstitucionales en Trabajo de Campo en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), entre 1994 y 2000. Se doctoró en Defensa y Seguridad Nacional con el tema “Participación de las Fuerzas Armadas Mexicanas en la Estrategia de Combate al Narcotráfico del Presidente Felipe Calderón Hinojosa”.
El también general de Brigada de Estado Mayor Xicoténcatl de Azolohua Núñez Márquez fue nombrado titular de la Coordinación Operativa Institucional de la Guardia Nacional, donde la veracruzana –y única no militar- Patricia Rosalinda Trujillo Mariel fue designada como representante de la Policía Federal.
El pretexto para justificar el nombramiento de Rodríguez Bucio al frente de la Guardia Nacional es que se encuentra “en proceso de retiro” del Ejército, al igual que Xicoténcatl de Azolohua Núñez. Pero para la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) eso no es suficiente.
“En los términos constitucionales, la Guardia Nacional se acotó a una adscripción civil. Lo óptimo es que hubiera tenido un perfil civil. Hoy conocemos que tendrá un perfil militar. Pero no hay que hablar sobre si (el general Rodríguez Bucio) está en proceso de retiro. Tendría que estar ya en retiro o con licencia”, espetó el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, quien dejó abierta la posibilidad de promover una controversia constitucional en contra de esos nombramientos si organizaciones de la sociedad civil –que tanto incomodan al Presidente- lo solicitan.
Contra la recomendación de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, y demostrando en los hechos ser el más conservador de los últimos sexenios, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador perpetuará el combate a la inseguridad con las fuerzas castrenses al frente, lo cual es sabido qué consecuencias ha acarreado para el país desde que Felipe Calderón declaró la “guerra al narcotráfico”.
Pero quizás lo peor de todo es la traición a quienes le creyeron que sería diferente.
Asueto
Por periodo vacacional, esta columna y su autor se tomarán un descanso la semana entrante. A sus lectores y editores, gracias.
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