Más temprano que tarde han aparecido las primeras consecuencias de hacer del pragmatismo sin escrúpulos la vía para acceder al poder.
Las diferencias y contradicciones entre las facciones que se unieron en torno del lopezobradorismo para ganar las elecciones han aflorado en los temas en que era previsible el inevitable desencuentro: los derechos sexuales, reproductivos y civiles.
El anuncio de la senadora de Morena por Sonora, la ex conductora televisiva Lilly Téllez, en el sentido de que presentará una iniciativa para “proteger la vida” desde el momento de la concepción y con ello criminalizar a las mujeres que aborten bajo cualquier circunstancia, le generó un aluvión de críticas de parte de los sectores feministas y pro-derechos e incluso desde algunos círculos periodísticos afines al lopezobradorismo y a la llamada “izquierda progresista” que, supuestamente, integra a ese partido.
Pero la postura de Téllez –que fue incorporada al barco de la “4T” directamente por el entonces candidato presidencial, al que en el pasado criticó furiosamente- encuentra su asidero, precisamente, en la propia actitud del hoy Presidente de la República.
Durante el acto oficial de conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, Andrés Manuel López Obrador optó por lavarse las manos y llevar a consulta el tema de la despenalización del aborto que le exigían abordara en su mensaje.
“No podemos muchas veces como se quisiera, pronunciarnos de manera contundente por alguna causa, algún tema o algún asunto. No lo podemos hacer porque esto es un movimiento democrático, no lo olvidemos, y nosotros representamos a todos los ciudadanos, a todas y a todos. Por eso, siempre cuando se tenga que decidir sobre un tema polémico, decimos ‘vamos a la consulta, a la democracia’”, refirió evasivo López Obrador, mientras varias voces presentes en palacio nacional le refutaban: “los derechos no se consultan”.
En éste y otros temas, nadie debería decirse engañado sobre la ultraconservadora manera de pensar de López Obrador. Siendo jefe de Gobierno de la Ciudad de México se opuso terminantemente a que se discutiera siquiera el tema de la despenalización del aborto en la Asamblea Legislativa, y bloqueó el de las sociedades de convivencia. Nada que pudiera provocar alguna molestia entre los sectores más reaccionarios y en las jerarquías de las iglesias católica y protestante.
Nada en él ha cambiado al respecto. Pero para desentenderse y evitar cargar con el costo político de decidir –núcleo de lo que significa gobernar-, ahora propone que temas de derechos humanos como el de la interrupción del embarazo o los matrimonios igualitarios sean sometidos a consulta.
Sí, a esas mismas consultas ilegales e ilegítimas con las que ha justificado decisiones desastrosas como la cancelación de la construcción del aeropuerto de Texcoco; o la puesta en marcha de su ecocida proyecto de “tren maya”; o la autorización para concluir la termoeléctrica de Huexca, Morelos, a la que se opone la población del lugar. “Consultas” con un nivel ínfimo de participación, sin control alguno sobre sus mecanismos de conteo de resultados. Maquiavélica y fácilmente manipulables.
En Veracruz la situación no es muy diferente. La semana pasada, la diputada local de Morena, Mónica Robles Barajas, presentó una iniciativa para legalizar los matrimonios entre personas del mismo sexo en la entidad, misma que contó con el apoyo de apenas ocho de los 26 legisladores de su mismo partido en la LXV Legislatura del Estado. Ni en sueños se ve probable que despenalicen el aborto. Menos aún, cuando tienen encima a la Iglesia Católica presionando con toda su fuerza.
La coalición política lopezobradorista ha llegado muy pronto a un punto de quiebre ante posturas aparentemente irrenunciables. Aunque desde palacio nacional se apuesta porque al final los grupos antagónicos se disciplinen y se sometan a la decisión del líder supremo, que se ha decantado visiblemente hacia el lado conservador y en contra de la progresividad de los derechos humanos.
Prometieron el cambio. Solo que no precisaron que era de reversa.
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