La corrupción es un problema de enormes dimensiones que tiene repercusiones económicas, sociales, políticas y culturales en todos los órdenes de la vida pública y privada en nuestro país. Es un fenómeno dual, donde se ven inmersos ciudadanos y autoridades. Conviven y se benefician, aunque se diga lo contrario.
Tanto mal hace el particular que soborna como el funcionario público que se aprovecha del cargo.
Desde tiempos inmemoriales tenemos interiorizado el razonamiento de que la dádiva, el cohecho, el porcentaje o diezmo y la mordida son mecanismos de defensa o interacción ciudadana ante la autoridad, que sirve lo mismo para agilizar trámites y evitar multas que para ganar un contrato, una licitación o ser beneficiario de fondos o recursos económicos provenientes de programas gubernamentales.
Del lado de la autoridad, del servidor público, también se tiene por regla general que los cargos públicos son para aprovecharlos en beneficio propio o de los amigos o familiares. Sea para fortalecer la carrera política, afianzar relaciones con personajes o grupos de poder, hacer negocios para acrecentar las cuentas bancarias personales y tener un guardadito para la próxima campaña política o no padecer en el futuro desde la fría banca, lo mismo que para lograr contratos de obra vía prestanombres, organizar conflictos para resolverlos y llevarse una porción de la derrama económica pactada con los dirigentes de las organizaciones sociales que protestan, armar consultorías, despachos contables o de asesoría que prestan sus servicios a la dependencia donde despacha justamente el dueño de esos despachos. Son reglas no escritas y modus vivendi de muchos.
Son también prácticas que conforman un amplísimo catálogo prolijo de enumerar sobre las prácticas inveteradas de buena parte de quienes abrazan la carrera política y el servicio público, desde luego con sus honrosas excepciones, que al final alimentan al monstruo de mil cabezas llamado corrupción.
En el funcionario que se enriquece en el cargo y abusa de sus funciones, en el ciudadano que paga una dádiva, en el servidor público que la recibe, en la simulación en la rendición de cuentas, en la opacidad como norma, se explican efectivamente mucha de nuestras taras y rezagos como nación.
La captura de los puestos públicos y el convertir la administración gubernamental en espacio para acomodar a los cuates, los correligionarios, la familia y amigos, para saldar compromisos de campaña, y habilitar funcionarios sin ton ni son solo por afinidades partidistas, sin importar si cuenten con el perfil requerido para el cargo, es otra de las manifestaciones de la corrupción.
Si en los regímenes priistas y panistas era el sello de la casa el simular que se combatía la corrupción aunque se beneficiaran ampliamente de ella -¡y de qué manera!-, en el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, donde el eje del discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador es justamente el combate sin tregua a la corrupción y la impunidad, resulta lamentable, por decir lo menos, que empiecen a aparecer denuncias sobre casos de abuso de poder que contradicen el discurso y la decisión del Primer Mandatario, y se dan justamente en Veracruz.
Desde el arranque del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez comenzaron a hacerse denuncias respecto a casos de nepotismo y de despidos injustificados para colocar recomendados, compañeros de partido y compromisos de campaña.
Se señaló en su oportunidad, sin que haya habido investigación alguna por parte de la Contraloría General del Estado, que la titular de la Secretaría del Trabajo, Guadalupe Argüelles Lozano, designó a mediados de febrero de 2019 a su hija como Jefa del Departamento Jurídico y de Amparos de la dependencia. Y no solo eso, de acuerdo a información publicada en medios de comunicación locales la titular de esa secretaría habría colocado a su hermano, a su yerno, a un tío y a un sobrino dentro de la dependencia.
Por su parte, el Secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, habría colocado al menos a siete sobrinos y otros familiares en clínicas, hospitales y direcciones de la dependencia. En tanto que en otras dependencias, como es el caso de la Secretaría de Finanzas y Planeación, fue designado un primo del propio primer mandatario estatal, cuyos hijos cuentan con cargos en la Secretaría de Seguridad Pública, y en el DIF Estatal.
Luego de la filtración de un audio donde la titular de la Secretaría de Trabajo intentaba justificar el nombramiento en favor de su hija y de que estallara el escándalo en medios locales, el gobernante veracruzano salió al paso para señalar que ese nombramiento no llegó a darse, que se le pidió a la funcionaria desistir de hacerlo y que por tanto no sería sancionada. Pero hasta ahí. ¿Y en relación a los otros cargos señalados y en lo que toca a la Secretaría de Salud y en la Secretaría de Finanzas y Planeación y en otros dependencias? De eso no se ha dicho nada.
La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece en su artículo 46 que todo servidor público debe abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para las personas.
Así como de excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que puede resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado o por afinidad o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.
En su artículo 53 la misma Ley define las sanciones aplicables al caso, que son destitución del puesto; sanción económica, cuando se haya causado un daño patrimonial u obtenido un lucro; o la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
Los casos anteriormente citados deben investigarse si de salvar la credibilidad del gobierno se trata y de ser comprobados sancionarse en los términos que señala la norma.
Combatir de verdad y a fondo el fenómeno de la corrupción debe trascender el discurso.
Es una tarea fundamental para hacer frente al fenómeno indeseable del ejercicio indebido de la función pública del que ya padecimos ampliamente en Veracruz y que no queremos que se repita.
Es lo menos que se espera cuando el cambio de régimen anuncia y promete una nueva visión del servicio público, alejado de sus peores prácticas, que sin duda se deben erradicar.
Porque la única convivencia democrática posible y el genuino cambio del estado de cosas, una auténtica Cuarta Transformación es la que se sustenta en el equilibrio de poderes, la rendición de cuentas y el apego de gobernantes y gobernados a lo que marca la ley.
Ni más, pero tampoco menos.