La violencia institucional que se ejerce contra las mujeres desde la silla del poder es la puntilla que nos obliga a revisar sus derechos y tratados internacionales para respetarlos. Con motivo de la obviada regresión albergada en los embates en contra de las mexicanas, distintas instancias nacionales e internacionales han externado su preocupación sobre las condiciones a las que quieren confinarlas sin ningún contrapeso, ni siquiera la sororidad de la mujeres empoderadas.
Un principio fundamental de la Carta de las Naciones Unidas, aprobada por los dirigentes del mundo en 1945, es el de “derechos iguales para hombres y mujeres” y la protección y fomento de los derechos humanos de las mujeres como responsabilidad de todos los Estados.
No obstante, es letra muerta para millones de mujeres que siguen siendo víctimas de la desigualdad y la discriminación. Las leyes y las políticas prohíben a las mujeres el acceso a condiciones de igualdad a su desarrollo, a la vivienda, a la salud, a la protección a una vida digna sin violencia. Observatorios reportan que la discriminación económica y social se traduce en opciones vitales más reducidas y más pobres para las mujeres, lo que las hace más vulnerables a la trata de personas y la explotación laboral o política-electoral.
En México la violencia de género afecta por lo menos al 30% de las mujeres y más de medio país tiene alertas por tal violencia. Los secuestros y feminicidios de adultos -y penosamente el infantil- crecen y las autoridades deben si, a ellas, una disculpa pública que nunca llega. Hoy los datos oficiales registran la cifra récord de 10 mujeres asesinadas diariamente en el mes de enero. El mensaje que se da desde la cúpula es claro. Las mexicanas son prescindibles. Primero fueron las y los periodistas, ahora son las mujeres.
A las mujeres se les cancelan sus derechos a la salud sexual y reproductiva, las ONGS que han dedicado a realizar el trabajo que el sistema no hace, hoy son perseguidas y criminalizadas. Actualmente con un vuelco por “la 4ª transformación”, se reportan grupos de mujeres que enfrentan modalidades de discriminación por su edad, condición laboral, color de pelo, de ojos, discapacidad o condición socioeconómica, que se añaden a su condición femenina.
Para garantizar de manera eficaz los derechos humanos de las mujeres es preciso, en primer lugar, una comprensión exhaustiva de las estructuras sociales y las relaciones de poder que condicionan no sólo las leyes y las políticas, sino también la economía, la dinámica social y la vida familiar y comunitaria en esta transición tan costosa para todas nosotras.
Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles, dice la teoría.
Los derechos humanos universales están casi siempre vistos en la ley y garantizados por ella, a través de tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional.
El derecho internacional de los DH establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. Casi todos los Estados han ratificado al menos uno, y el 80 por ciento de los países han suscrito al menos 4 de los principales tratados de derechos humanos, asumiendo obligaciones y deberes. México entre ellos.
Es importante recordar que los derechos de las mujeres y las niñas y los grupos vulnerables están siendo pisoteados por políticas públicas “transformadoras”, que violan sus derechos en todos los aspectos de la vida: salud, educación, participación política, bienestar económico, el no ser objeto de violencia, así como muchos más.
La Carta de las Naciones Unidas garantiza la igualdad de derechos de mujeres y hombres y evita atentar contra ellas acrecentando la desigualdad, que no sólo es un pecado social, sino una afrenta a las mujeres que a brazo partido han luchado por el avance de su agenda de derechos.
Las mujeres y las niñas tienen derecho al disfrute pleno y en condiciones de igualdad y a vivir libres de todas las formas de discriminación establecidos en la declaración y Plataforma de Acción de Beijing, donde se ratifica que la protección y promoción de los derechos humanos es la primera responsabilidad de los gobiernos. Se apoya la igualdad de género en el marco de derechos humanos y formula una declaración explícita sobre la responsabilidad de los Estados de cumplir los compromisos asumidos para poner fin a la discriminación por razones de sexo.
Casi todos los países han ratificado la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW). Sin embargo, en la actualidad todavía existen importantes brechas y violaciones de derechos en todas las regiones del mundo y en México, según las organizaciones civiles, feministas y colectivos, el problema está rebasando toda tolerancia a un “transformación”.
México hoy no se escapará de la evaluación que estas instancias harán en todos los aspectos: en mortalidad materna; en cargas de trabajo de cuidados no remunerado; la cancelación de subsidios a refugios, estancias infantiles, medicamentos y atención médica, desabasto de medicinas, despojo del empleo al no respetar la norma de una burocracia con un servicio social de carrera, y un largo etc. que representan limitaciones al disfrute de sus derechos.
8M Día Internacional de las Mujeres, fecha para salir a las calles y manifestarse en contra de la violación de los derechos de las Humanas. * BillieParkerNoticias.com