Los prejuicios, rencores y sobreideologización que caracterizan a varios de los más altos funcionarios de la “cuarta transformación” –y a muchos de sus “achichincles”- va de la mano de una enorme doble moral y una preocupante tendencia a los linchamientos mediáticos.
Envuelto en la bandera del “combate a la corrupción”, el lopezobradorismo gobierna para sus audiencias cautivas y cada día, durante las “homilías” matinales, lanza “autos de fe” que apenas disfrazan sus propensiones autoritarias y regresivas, al tiempo que se rasga las vestiduras hablando de una supuesta “moral” que no lleva a la práctica y acusa ataques del “conservadurismo” cuando es exhibido en sus inconsistencias.
La publicación de la situación patrimonial de todos los integrantes del gabinete de Andrés Manuel López Obrador ha puesto en jaque el “principio” de “austeridad republicana” que representa uno de los pilares de esa corriente. No solo porque resulta que a algunos les aparecieron propiedades de lo más “fifí” –como a la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, o al de Comunicaciones y Transportes Javier Jiménez Espriú-, sino porque las intentaron ocultar con el viejo pretexto de que “el departamento en Houston no es mío, sino de mis familiares”. Lo mismo decía el ex gobernador veracruzano Javier Duarte de todas las propiedades que ahora busca recuperar.
Para el gobierno de la “cuarta”, resulta que el personaje “ideal” para denunciar supuestos actos de corrupción de administraciones pasadas –mismos que, dicho por ellos mismos, ni siquiera piensan perseguir judicialmente- es el impresentable Manuel Bartlett Díaz, perpetrador del fraude electoral de 1988, represor confeso de opositores durante su periodo como gobernador de Puebla e implicado en el asesinato del periodista Manuel Buendía siendo secretario de Gobernación, entre otras “hazañas” de este “prócer” al que el lopezobradorismo ensalza como “compañero de lucha”.
Lo que sucede en el ámbito educativo es de no dar crédito. Mientras se le da por su lado a la CNTE para que haga desmanes en estados gobernados por partidos diferentes a Morena y abandonan a sus estudiantes, el secretario de Educación, el zedillista Esteban Moctezuma Barragán, da paso libre a la trampa académica invitando a copiar en los exámenes, jura que ahora podrá enseñarse inglés aún sin conocer el idioma y, obligado por las circunstancias, tiene que reconocer que mintió al ostentarse como licenciado en Derecho, pues todavía “debe” algunas materias.
El Conacyt es una institución que a pasos agigantados avanza, pero hacia su autodestrucción. Su directora, María Elena Álvarez-Buylla, nombra personas sin perfil –una socióloga en la Dirección de Investigación Científica, un “fósil” con carrera a medias en la Subdirección de Comunicación y una ¡diseñadora de modas! en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados- pero con “palancas” partidistas, al tiempo que critica que los estudiantes vayan al extranjero a hacer posgrados y “ahorca” organismos como la Academia Mexicana de Ciencias, que ha tenido que suspender todas sus actividades por falta de presupuesto.
Como “no son corruptos”, se permiten “licencias” como la de impulsar incondicionales a los órganos de procuración e impartición de justicia, o la de hacer compras y adjudicación de contratos millonarios sin licitación de por medio, ignorando las elementales prácticas de rendición de cuentas y transparencia.
Y como a pesar de todo lo anterior –y de todo lo que se quedó sin mencionar- los índices de popularidad del Presidente se mantienen por las nubes, creen que pueden hacer lo que les venga en gana -incluyendo apalear desde el gobierno a la crítica-, pues para eso repartirán dinero a manos llenas a través de sus múltiples programas asistencialistas, que no resuelven ni una sola carencia social, pero son muy efectivos para construir clientelas electorales. Si lo sabrán en el PRI.
Es una burbuja que se sigue inflando. ¿Hasta cuándo aguantará sin reventar y, con ella, el país entero?
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