Con el hecho de que el ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, pueda llevar su juicio en su domicilio, la flexibilidad de la justicia respecto a los poderosos parece seguir inclinando la balanza.
La impunidad es un problema que pone en entredicho la acción de la justicia en México. Ya que no hay rincón de la república, ni siquiera nivel de gobierno que esté libre de culpa de los delitos de corrupción.
La conducta de Guillermo Padrés durante su periodo de gobierno fue más allá del mero acto de corrupción, su trato con la gente que gobernaba era prepotente y rara vez se daba sus baños de pueblo. Era tan despreciable para Padrés el resto de la población que sólo por diversión o venganza metió a la cárcel a su trabajadora doméstica por más de dos años, acusándola del robo de unas joyas, en un proceso por demás amañado y que simplemente sugería venganza y mala fe.
El hecho de que la salida de Guillermo Padrés se haya transmitido en vivo en televisión pareciera apostarle a la invitación a seguir delinquiendo. Finalmente, al ser poderosos política y económicamente, la justicia es flexible y puede hacer parecer que no hay delito que perseguir cuando el proceso penal se lleva a cabo en casa del acusado.
De acuerdo con su abogado, el exprocurador General de la República, el panista Antonio Lozano Gracia, el exmandatario estatal se trasladó a un domicilio que tiene en la Ciudad de México, y confirmó que seguirá su proceso en libertad.
Tras asegurar que fue un preso por “motivos políticos”, Lozano Gracia comentó que a su cliente se le colocó un brazalete de geolocalización en una pierna. Además, el exmandatario tendrá que presentarse a firmar cada 15 días y no podrá salir del país. Se sabe que son muchos los delitos que tiene en sus espaldas el exgobernador; sin embargo, por tratarse de un personaje de la política hay muchas consideraciones con apariencia legal.
La Fiscalía Anticorrupción de Sonora aclaró que no ha sido declarado inocente, sus procesos continúan y tendrá que presentarse periódicamente a rendir cuentas ante los jueces que llevan sus casos, debido a que enfrenta dos procedimientos penales federales.
Además de haber sido aprehendido por lavado de dinero y evasión de impuestos, Guillermo Padrés Elías, es investigado por al menos otros nueve delitos por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, la Contraloría General del Estado, además de las procuradurías de Justicia, por denuncias del fuero común y del federal.
Sobre todo en materia de ex gobernadores, de todos los partidos y sus cómplices la balanza de la justicia se inclina dejando libres a los ladrones de cuello blanco.
Desde el policía hasta el magistrado están en tela juicio y su desprestigio crece mientras este tipo de escenarios se presenta como si se tratara de una buena noticia. Ahí están los casos de César y Javier Duarte, que sólo sirven para evidencia la actuación de la justicia en México.
No cabe duda de que hay culpabilidad. Si un dinero desaparece y sólo hay un sospechoso, ese sospechoso se convierte en culpable automáticamente. Más aún cuando depende de su autorización el movimiento de recursos o de su firma.
En Veracruz es un escándalo la impunidad que se le ha brindado a los cómplices de Javier Duarte, a lo que el sucesor Miguel Ángel Yunes Linares prometió encarcelarlos y nunca les hizo siquiera objeto de investigación.
En libertad y riéndose a quijada batiente de la justicia y de sus detractores están Alberto Silva Ramos, priista de hueso colorado y principal colaborador de Javier Duarte, quien lo colocó en diferentes posiciones, según su estrategia de robo. Es decir, el exgobernador, estaba acusado de enriquecimiento ilícito, peculado, incumplimiento del deber legal, lavado de dinero y delincuencia organizada, pero para lograr hacerlo de la manera en que lo hizo y con las cantidades implicadas debió contar con la ayuda de un sinnúmero de delincuentes dentro de la estructura de gobierno, que han sido premiados con cargos que implicaban fuero para no ser tocados por la mano de la justicia.
Sus cómplices mencionados en los medios desde que Duarte estaba en el poder son Tarek Abdalá Saad, Noemí Guzmán Lagunes, Jorge Carvallo Delfín, Adolfo Mota Hernández, Edgar Spinoso Carrera, Vicente Benítez González, Arturo Bermúdez Zurita, quien, al igual que Padrés, podrá llevar el juicio en su contra en la comodidad de su hogar, José Antonio Chara Mansur, Gabriel Deantes Ramos, Juan José Janeiro Rodríguez y Rafael Gerardo Rosas Bocardo, entre otros.
La impunidad no sólo cuestiona la eficiencia de la justicia, sino que invita seguir cometiendo delitos cada vez que los funcionarios públicos ven la oportunidad de desviar recursos del erario hacia su bolsillo.
El dinero que los políticos de cuello blanco se llevan, nunca es regresado al lugar de donde fue arrebatado por la ambición de los malos servidores públicos, lo cual crea un verdadero hueco en las finanzas de los lugares donde se cometió ese delito.
Cuando una persona que gobernó un estado dejó que terminara su periodo y luego fue acusado por más de 10 delitos, con una conducta por demás sospechosa y una moral que incluía la detención con saña de su trabajadora doméstica, se habla de un político preso, nunca nadie puede imaginar que se trate de preso político, ya que sus ideas nunca fueron un peligro para nadie más que para la honestidad. PEGA Y CORRE. -José Manuel Pozos Castro, líder del Congreso local de Veracruz, deberá colocar un semáforo o un retén de alcoholímetro a la entrada del salón de sesiones donde pueda detectarse el grado de alcohol en la sangre de los diputados y diputadas que, embriagados por los humos del alcohol, creen que todos en ese lugar trabajan para ellos y pueden entrar y salir del recinto oficial a la hora que quieran y en el estado que se les pegue la gana. Porque hay una diputada que confundió su curul con una mesa de cantina… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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