“La venganza es sólo un placer de pequeñas almas.” – Juvenal.
De nueva cuenta a 49 días de iniciada la Cuarta Transformación de México, el Gobierno de Veracruz emprende una vez más acciones para zancadillear al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge Winckler Ortiz.
En un pleito más de comadres de patio, que pretenden cobrar venganza por las afrentas recibidas, empleando al Congreso como brazo ejecutante recupera la posesión, uso y disfrute de los helicópteros bajo el resguardo de la FGE, otorgados en tiempos de Javier Duarte.
Así durante la sesión de este jueves los legisladores votaron el dictamen propuesto por la Comisión de Hacienda del Estado, mismo que fue votado por 36 votos a favor y 13 en contra.
Dejando sin efectos el Acuerdo de autorización, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, número extraordinario 264 de fecha 4 de julio de 2016, relativo a la enajenación, a título gratuito, de dos bienes muebles en favor de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE).
Los bienes reclamados por el Gobierno Estatal son un helicóptero, marca Bell Helicopter Textron, modelo 407, año de fabricación 2009, con matrícula XC-CTZ y número de serie 53964, así como el helicóptero marca Eurocopter, modelo AS365N3, año de fabricación 2007 con matrícula XC-GEV y número de serie 6766.
La guerra de trastabillones, golpes bajos y demás emprendida por la Bancada de Morena a sugerencia evidentemente de quien mandata la entidad fundamento su dicho en el oficio 3670 signado por el Oficial Mayor de la FGE, remitido al Congreso el 30 de diciembre de 2016, en el que alega no tener condiciones de aceptar la Enajenación a Título Gratuito de los bienes muebles consistentes en dos helicópteros, en razón a que no cuentan con los recursos necesarios para el mantenimiento y operación de los muebles, además de que no se cuenta con las instalaciones adecuadas para su resguardo.
Recordemos que el pasado lunes 14 de enero el propio Jorge Winckler Ortiz respondió a los señalamientos vertidos por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez en el sentido de que pretendería recuperar los bienes dados en comodato a la FGE, a lo que el fiscal respondió que “ejercería las acciones legales para defender el patrimonio del organismo”.
El pleito de barriada llevado hasta el Congreso obligo también a que el Grupo Parlamentario del PAN anunciará que habría presentado una denuncia penal en contra de cuatro servidores públicos del actual Gobierno del Estado por el presunto delito de usurpación de funciones.
Fue Juan Manuel de Unanue Abascal quien afirmó que las denuncias son en contra del secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado; de la secretaria de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado; de la contralora general del estado, Leslie Garibo Puga; y de la titular del Consejo Estatal de Población, Soraya Prado Rivera.
Las razones del hecho son simples, alega él legislador, pues el Ejecutivo les tomó protesta de ley el pasado de diciembre de 2018 no siendo veracruzanos como marca la Constitución, aun cuando la misma contempla la posibilidad de otorgar una dispensa de Ley, misma que se autorizó un mes después de tomar protesta.
Es evidente que el acto violento la norma, pues se ostentaron en el cargo sin recibir la dispensa.
Explicó que los cuatro servidores públicos no son veracruzanos y tomaron protesta de ley el 1 de diciembre de 2018, sin embargo, la dispensa se tiene que conceder antes de protestar al cargo y no un mes después.
Así pues, continúa un capítulo más dentro de este culebrón que ya comienza a cansar a la sociedad, que se sigue preguntando ¿y las acciones para cuando en favor de los veracruzanos?
Bien decía el maestro del humorismo blanco Roberto Gómez Bolaños “La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena”.
Al tiempo.
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