Una asignatura que quedó pendiente para este año es la del nombramiento de nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia.
El pasado 10 de diciembre el gobernador Cuitláhuac García y representantes de la LXV Legislatura presentaron la convocatoria para los interesados.
En ese acto, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, José Manuel Pozos Castro, habló de 12 espacios por llenar.
Hasta donde yo tengo información, en realidad son solo 10 vacantes para las que se inscribieron 433 aspirantes, 281 varones y 162 mujeres.
Los lugares están pendientes desde el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, quien debió haber nombrado a los hombres de la toga y el birrete judiciales.
No lo hizo cuando pudo. Se confió. Pensó que su hijo iba a ganar la gubernatura, es decir, que él iba a retener el poder y que entonces procedería con calma.
Entretenido en la campaña de su hijo y luego abatido por su derrota, cuando se dio cuenta ya solo faltaba cinco para la hora para que enviara sus propuestas al Congreso y trató de forzar las designaciones.
Envió su lista, en la que iban personas que respondían solo a su interés, pero las circunstancias se le echaron encima (el abrumador poder que adquirió Morena al arrasar en las elecciones) y todo quedó en un intento.
Mecanismo novedoso, pero…
Hasta su caso, el procedimiento siempre fue que el Ejecutivo propusiera, según su criterio o sus intereses, al Legislativo, que siempre terminaba dando el visto bueno.
Esta vez, creo que en un intento por “democratizar” los nombramientos (por llamarle de alguna forma), el nuevo gobernador abrió una convocatoria para que se inscribiera todo el que lo deseara.
“La idea de que sea público es que la sociedad pueda expresar y dar seguimiento a quiénes son los que van a aplicar la justicia después, y no existan sospechas o indicios de que algunos miembros del Poder Judicial hayan actuado mal”, argumentó entonces Cuitláhuac García Jiménez.
Por su parte, Pozos Castro dijo que iba a ser un “un proceso muy plural y abierto; todas las propuestas serán respetadas. Los beneficiados serán las y los veracruzanos, al tener servidores públicos con responsabilidad, capacidad y experiencia”.
El 17 de diciembre pasado me ocupé de algún problema que se puede presentar por este proceso: darle interés jurídico a los participantes y apartarlos del interés legítimo (véase “Prosa aprisa” de la fecha, subtítulo “De interés legítimo e interés jurídico”.
Con base en el apunte de un especialista, comenté: “Siempre han existido amparos de abogados que se creen con mejor perfil que alguien propuesto para magistrado, generalmente los jueces que no tienen relaciones políticas y que ven cómo un político llega al más alto cargo del Poder Judicial y ellos siguen años y años en un juzgado”.
Dije que todos esos amparos mueren antes de llegar a sentencia, es decir, se sobreseen pues no pueden ni siquiera demostrar su interés difuso transgredido, o sea, su interés legítimo.
“… ahora todos quienes se inscribieron no tienen ese obstáculo, pues gracias a la invitación pública ya tienen interés jurídico en el asunto. ‘Si un participante no es elegido podrá, vía amparo, solicitarle al Ejecutivo que le explique por qué no lo escogió a él cuando tenía igual o mejor perfil que quien sí fue elegido. Desde luego, puede hacerse, pero debe hacerse bien’”.
Concluí: “Lo ideal es que Cuitláhuac funde y motive perfectamente cada una de las propuestas, no solo argumentando por qué alguien sí, sino por qué ese alguien sí frente a sus compañeros, de lo contrario los inconformes harán valer en el amparo su derecho adquirido”.
Artículo 58 invalida a muchos
Otro capítulo, que ahora comento, trata sobre el criterio de preferencia de posgrado o carrera judicial de los aspirantes.
La Legislatura ya le envió al Ejecutivo la documentación que recibió de los aspirantes. Se entendería que quien se inscribió cumple con los requisitos de ley por lo que está en igualdad de circunstancias para ser propuesto. Hasta ahí todo va sencillo, hasta que llega el momento de elegir: ¿cómo se vuelve desiguales a los iguales?, o, mejor dicho, ¿cómo se les desempata?
En la Constitución local se prevé un criterio que aplica en estos casos: el artículo 58 estipula en seis fracciones los requisitos que deben cumplir quienes sean nombrados magistrados del Poder Judicial del Estado; específicamente en la fracción tercera dice que deberá tener título de Licenciado en Derecho, preferentemente con estudios de posgrado o con experiencia profesional en la judicatura.
La creencia general es que al decir “preferentemente” se refiere a que se puede tener o no carrera judicial y aun ser magistrado, pues no es un requisito sino una especie de sugerencia. “si eres juez o tienes posgrado es mejor, pero si no, tampoco pasa nada, aun puedes ser nombrado porque no es un requisito exigido en la Constitución”, piensan algunos.
Los hombres de leyes saben que no hay nada más ajeno a la realidad jurídica.
La palabra “preferente” no se consigna por casualidad, porque al legislador se le ocurrió poner una sugerencia. La ley es una herramienta del Derecho que mediante lenguaje imperativo ordena y regula. No propone, ni invita, y menos sugiere.
El vocablo “preferentemente” se puede entender muy fácilmente si se piensa en él como un criterio de desempate que ofrece la norma. Es un criterio de selección para momentos especiales en los cuales quien decide se encuentra ponderando entre iguales y tiene que escoger, situación en la que se encuentra ahora el gobernador García Jiménez.
De tal forma que si tiene que escoger entre dos o más aspirantes en igualdad de circunstancias y perfiles, deberá siempre preferir a quien tenga carrera judicial o posgrado.
Puede ser una complicación o un facilitador. La complicación: como la convocatoria inscribió a 443 aspirantes, de tajo quienes no tienen carrera judicial o posgrado no pueden ser preferidos por el gobernador, pues la ley ordena, no sugiere, que preferentemente serán propuestos y nombrados aquellos quienes tengan tales distintivos frente a sus pares. La ventaja, que quienes no cumplen con el requisito del artículo 58 están eliminados y le facilita a Cuitláhuac elegir entre menos.
Si el gobernante se apega a la ley y no trata de imponer a cualquiera aunque no cumpla los requisitos, entonces se puede pensar que tendremos mejores juzgadores; en caso contrario, lloverán los amparos de los inconformes y se complicará el proceso. Interesante.
Tanto para Hipólito
Me escribió el viernes pasado Magda, una amiga mía y compañera de estudios profesionales y de trabajo: “Arturo, buen día!!! Acabo de empadronarme para pagar con descuento y pagué el impuesto predial en solo 20 minutos. El personal bien informado, amable y eficiente orientando y ofreciendo café y galletas. Punto a favor del ayuntamiento que creo podrías mencionar. Abrazos…”. Por supuesto. Qué bueno tener buenas noticias de la administración de Hipólito Rodríguez. Es generalizado el comentario que uno de los graves problemas de su gobierno es la falta de un buen manejo informativo, que a veces es nulo, aunque hay integrantes del gobierno municipal que tratan de suplir la falta cabildeando a favor del alcalde, como Juan Vergel Pacheco, Director de Gobernación.