Las decisiones políticas siempre se han tomado en el centro del país, es decir en la Ciudad de México, de ahí la necesidad de que los mandatarios del interior del país dieran su opinión sobre un problema que es de vida o muerte para todos los mexicanos, donde quiera que éstos vivan: la seguridad.
Aquí confluyen otras discusiones que están en el debate popular tales como la expresión de voz y voto de la población, y la necesaria -urgente, podría decirse- descentralización.
Ante esta panorámica se iniciaron las audiencias públicas sobre la aprobación de la Guardia Nacional, que es cuestionada desde el centro del país, es decir, desde la Ciudad de México.
En el Palacio Legislativo de San Lázaro se reunieron gobernadores, senadores y diputados para exponer sus puntos de vista sobre este importante paso en nombre de la seguridad de los mexicanos. La concordia mostrada en estos encuentros dio cuenta de la posibilidad de que sean también los gobernadores quienes influyan en las decisiones del centro, contrariamente a lo que sucedía con una centralización que terminó por ahorcar al país entero.
El objetivo de estas audiencias no fue sólo discutir sobre su viabilidad sino enriquecer su existencia y, en algunos casos, condicionarla a mandos civiles o militares según el lugar y el tiempo. Los gobernadores terminaron por hacer a un lado sus consignas partidistas y sus guerras contra el contrincante y les dieron solidez a sus posturas, porque una discusión de esa dimensión no puede limitarse a un sí o un no contundente.
Habrá audiencias públicas entre el 8 y 12 de enero en la Cámara de Diputados, para escuchar las opiniones de especialistas y ciudadanos, previo a la discusión del dictamen con el que se creará, en caso de aprobarse, la Guardia Nacional.
Aunque no puede dejarse fuera de este proceso la actitud del PAN, que rechaza toda propuesta del nuevo gobierno. Esta negación sistemática les ha impedido a los legisladores panistas alcanzar consensos. Ellos, los panistas, en legislaturas pasadas, acusaban a otros partidos de negarse al escuchar las propuestas de otros, ellos ni siquiera las escuchan.
Las rondas de gobernadores que se distribuyeron en dos turnos fueron congruentes con la necesidad de quienes ven de frente la inseguridad. Porque desde el centro las decisiones sobre la inseguridad son fáciles de tomar, pero cuando se vive en carne propia, cuando sucede frente a los ojos de quienes pueden expresar su aprobación sin la tergiversación de los noticiarios de televisión, entonces se adquiere otra conciencia sobre la realidad del país.
En la primera ronda seis gobernadores se pronunciaron a favor de la Guardia Nacional, pero con ciertas condiciones: que sea temporal, con un mando civil y sin facultades para investigar delitos.
En la segunda ronda, que inició después de las 16:00 horas en el recinto legislativo, destacó la abierta decisión del gobernador de Veracruz, quien se pronunció a favor de la Guardia Nacional. Cuitláhuac García Jiménez afirmó que es necesario recurrir a quienes están capacitados para enfrentar y resolver el problema de inseguridad que afecta al país.
En la Mesa II de las Audiencias Públicas sobre Guardia Nacional, advirtió que debe regularse la actuación de las Fuerzas Armadas y ofrecer así, las garantías de seguridad nacional, que es precisamente de lo que se trata esta reforma.
El Gobernador de Veracruz afirmó que hoy se cuenta con un Gobierno Federal popular y democrático, cuyo titular se comprometió a nunca utilizar las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo de México, siendo esto una garantía suficiente, así aseguró que la creación de la Guardia Nacional, será una institución para establecer esquemas de fortalecimiento a las policías estatales y municipales, con mayor capacitación y así transitar de los modelos anteriores a uno constitucional, enfocado en la protección de los ciudadanos.
En el caso de Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, gobernador de Campeche, no dudó en darle la bienvenida a Guardia Nacional, pero puso condiciones lógicas al señalar que siempre y cuando se respete el federalismo, las soberanías estatales y que prive el trabajo conjunto y respeto a los derechos humanos.
Por su parte, Silvano Aureoles, de Michoacán, agradeció el apoyo de las Fuerzas Armadas, pero rechazó que se encarguen de la seguridad pública. Añadió la necesidad de un marco legal de actuación.
Una de las entidades más golpeadas por la violencia y la inseguridad sin duda Guerrero, cuyo gobernador priista, Héctor Antonio Astudillo Flores, obedeció más la consigna partidista que la necesidad de seguridad para los habitantes del lugar, al decir: “La Guardia Nacional no va a resolver el problema de la inseguridad, pero algo tenemos que hacer. Sería una irresponsabilidad dejar las cosas como están”.
El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, destacó que se está a favor de la suma de esfuerzos entre federación, estados y municipios, aunque la colaboración no debe entenderse como subordinación o sometimiento, de ahí que solicitara que esta Guardia tenga un mando civil.
Francisco Domínguez, de Querétaro, afirmó que la Guardia Nacional debe respetar la soberanía de los estados y aseguró que no todos los policías del país son corruptos.
El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, afirmó que, en la política de seguridad pública mediante la Guardia Nacional, hay que darle un voto de confianza al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los gobernadores priistas no sólo dieron sus puntos de vista, sino que aportaron ideas para la concreción de una Guardia Nacional más fortalecida y con apego a derecho.
La necesidad de escuchar y tomar en cuenta a quienes tienen el problema todos los días debe ser una regla de debate en el legislativo, cualquiera que sea el tema. Esto es algo más que un ejercicio democrático es también fortalecer la discusión, ampliando la representación y así darle solidez a nuestro sistema político. PEGA Y CORRE. – La evidente consigna de algunos comunicadores por rechazar y criticar sistemáticamente todo lo que provenga del gobierno federal en general y del presidente de la República en lo particular, ahora es interpretado como un atentado a la libertad de expresión, a pesar de que son muy obvias sus preguntas y análisis. Ante esta situación, López Obrador reiteró su respeto a los medios y adversarios que critican algunas de sus decisiones de gobierno, pero aseguró que ya se superaron esas épocas en las que criticarlo formaba parte de una industria… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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