Hace 23 años, Ernesto Villanueva documentó cómo la ayuda del Estado a la prensa no solo no es nueva, sino que está legalmente establecida en varios países del mundo desde hace ya muchos años.
El investigador es un referente en México, acaso el más autorizado en el tema del Derecho de la información y consulta obligada para los interesados en la libertad de información.
Régimen jurídico comparado de la ayuda del Estado a la prensa es un libro que debiera ser lectura obligada en todas las escuelas de periodismo y de comunicación, como ahora les llaman.
En la obra original (tal vez la primera edición de 1996, que leí entonces, ya fue actualizada, pero su esencia tiene plena validez en la actualidad); en la obra original, decía, citando a Bel Mallén establece que estas ayudas datan de 1796, en el periodo de la Revolución Francesa, cuando se dispuso una reducción de las tarifas postales de los periódicos para “fomentar la libre comunicación del pensamiento entre los ciudadanos de la República”.
Fue en el siglo pasado, el XX, cuando el sistema de ayudas estatales adquirió carta de naturalización en buena parte de los Estados democráticos del mundo: Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Francia, Holanda, Italia y Portugal, para citar los más significativos.
Villanueva señala que las ayudas del Estado a la prensa se explican a partir de razones económicas y consideraciones filosófico-políticas. “En el primer caso, si las crisis económicas afectan la viabilidad de las empresas de cualquier tipo, la industria de la prensa no habría de ser la excepción a la regla” (es el caso de los medios en Veracruz ahora).
Cita las principales causas (hasta entonces para aquella fecha de 1996) y explica las dos posiciones sobre el tratamiento que debe darse a la prensa: una perspectiva liberal, que tiene como base que el primer deber ético de la prensa debe ser con su sobrevivencia económica, y una teoría de la responsabilidad social de la prensa. En el siglo XIX esta concepción demandaba del Estado que se abstuviera para garantizar el pleno ejercicio de la libertad de información.
Sin embargo, Ernesto establece que las circunstancias actuales (1996) rebasaron esa doctrina, pues para materializar la libertad de información en los términos previstos por el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se exige la intervención del Estado en un sentido imparcial, y que una de las formas en que debe manifestarse la presencia estatal “gira en torno a la figura jurídica de la ayuda a la prensa”.
Señala el autor que la prevalencia de esta doctrina ha sido el telón de fondo de las políticas oficiales de la ayuda estatal, precisando que ese apoyo no debe suponer la dependencia de la prensa respecto del poder público y que el espíritu de esas ayudas presupone un principio de independencia básico. “Hay que recordar que la prensa puede ser buena o mala, pero una prensa sin independencia es negativa por definición. Esta independencia se preserva en la medida en que las ayudas están dotadas de un fundamento legal, conforme al cual se convierten en objeto de derecho de la prensa y, de manera correlativa, en fuente de obligaciones para el Estado”.
Con todo lo anterior sustento mi posición personal a favor de la creación del “Premio Regina Martínez” a favor del periodismo veracruzano que anunció el viernes pasado el gobernador Cuitláhuac García, sobre todo por la intención que lleva, pero que al final dejó latente para que seamos los integrantes del gremio los que decidamos si se instaura o no, luego de que un pequeño grupo se manifestó en desacuerdo y el familiar de un compañero víctima de la violencia lo consideró “un chayote disfrazado de premio”. Difiero.
Creo que se confundió el propósito del premio con la demanda de justicia que se exigió. Esta, considero, se logrará con el esclarecimiento de los casos, la detención, el enjuiciamiento y el castigo de los responsables, de tal forma que no quede impunidad, pero ese reclamo debió y debe ser al fiscal Jorge Winckler, que se supone que es el titular del organismo autónomo responsable de procurar justicia para los veracruzanos y que ha sido omiso en la investigación que debió realizar desde el principio de su gestión.
En efecto y lamentablemente un premio no devolverá la vida a las víctimas ni logrará que aparezcan quienes están desaparecidos, pero el gobernador fue muy claro, una y otra y otra vez (estuve presente en el acto) en que de lo que se trata es de reconocer, premiar “al reportero de a pie”, no dar por resuelto con ello los casos.
No es ningún secreto que los medios y sus trabajadores atraviesan por una grave crisis económica tanto por la falta de pago al final de la administración de Javier Duarte como por la exclusión, con sus contadas excepciones, de apoyos publicitarios por parte del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, lo que se vino a agravar con la generalización de las redes sociales como nuevos vehículos de transmisión de información. Muchos medios tradicionales ya colapsaron y otros están prácticamente agonizantes.
Veo positivo que Cuitláhuac traiga en su agenda el tema de los medios porque ningún otro gobernador se había preocupado sobre todo por lo que los viejos periodistas llamábamos “la infantería” del periodismo, los reporteros de a pie como citó el gobernante, la base sin los cuales simple y sencillamente no habría información de calidad.
Fue muy preciso: dijo que no era para premiar a los dueños de medios sino a los reporteros, fotógrafos y columnistas políticos. “Se trata de un reconocimiento a la labor periodística”, insistió. “No es parte de ninguna reparación del daño a nadie”. Reiteró que era para “la gente de a pie, de los que están abajo”, “para los que merezcan ser premiados”. Incluso propuso otorgarlos dos fechas al año, el 4 de enero y el 7 de junio.
Nunca dejará de lamentarse la pérdida de muchos compañeros y la desaparición de otros, y el reclamo de justicia para que no quede impunidad debe ser permanente. Pero opino que tampoco debe olvidarse la precaria situación que viven muchos otros junto con sus familias porque la mayoría de los dueños de medios no les retribuyen lo justo y menos les otorgan ningún tipo de prestación, porque les pagan a veces una miseria, porque los despiden y no los indemnizan conforme a la ley, porque los explotan.
A mí me da mucho gusto y me estimula ahora ver cuántas mujeres practican el oficio (en mis inicios eran una excepción y una verdadera rareza) y ya están a la par o superan a los varones. Conozco a varias que incluso han hecho posgrados en prestigiosas escuelas especializadas en periodismo de investigación enfocado al combate a la corrupción. Que yo sepa tienen un alto estándar ético y no actúan a la espera de una dádiva. Pese a su precaria situación económica no se han corrompido. Me pregunto si no tienen derecho a que se les reconozca con un premio y mejor aún si es en efectivo (el buen periodismo, el de investigación cuesta mucho), eso sí en forma transparente porque se trata de recursos públicos.
Cuitláhuac García al hacerlo público y explicar los motivos en público, al informar que pediría una modificación legal en el otorgamiento de premios oficiales, optó por la transparencia, no por la opacidad, no por la penumbra, no por la entrega en lo oscurito que deviene en corrupción. Ernesto Villanueva le da bases para hacerlo. Yo estoy a favor de que se reconozca y premie al buen periodismo joven que se practica en Veracruz.