El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, en noviembre del 2018, indicaba un total de 37.485 personas. Cada caso una familia que vive el infierno. La dimensión de la tragedia es inimaginable. Se trata de una crisis humanitaria que ni en países en guerra se ven.
“Y seguramente el número es más grande”, reconoció el entonces secretario de Gobernación , Alfonso Navarrete Prida en la presentación del nuevo Sistema Nacional de Búsqueda de Personas SNBP, creado a 53 días de que dejará Peña Nieto un país bañado en dolor.
De los infaustos datos oficiales, la cifra negra es mucho más amplia admitió el funcionario, pero lo más patético de un gobierne saliente, fue el cinismo y la impunidad de, no únicamente un omiso deber legal de proteger a sus gobernados, sino de la colusión con los autores de la desaparición de la población. Se desconoce la cifra de casos resueltos conforme a la ley y la amnistía otorgada por el nuevo presidente, se torna una afrenta para los agraviados familiares.
No es gratuito que para “administrar “ la irritación social de los colectivos por el perdón otorgado a los artífices de las desapariciones forzadas, se apliquen declaratorias de crisis humanitarias, como las que se decretaron en Veracruz el mismo día de la toma de protesta del gobernador Cuitláhuac García, que colocó al tema como asunto prioritario.
Y no es para menos, se estiman en más de 15 mil desaparecidos en Veracruz aunque las cifras “oficiales” solo registren tres mil 600, estaríamos hablando que el aproximadamente 30 por ciento de víctimas de este delito en México ocurrió en el estado. Las narcos fosas aún ocultas, se suman a las megasexhumaciones, donde hay más de 700 rastros de cuerpos en una sola, lo que revela el tamaño del problema.
La declaratoria de emergencia era la única manera de controlar el daño y recibir a AMLO en su primera gira de trabajo nacional como presidente constitucional de México. La experiencia de los Foros por la Paz hasta octubre encendía las alertas de lo que podía pasar en Veracruz si no controlaban a miles de familias que padecen, no sólo la pérdida de sus seres queridos, sino la indolencia de una fiscalía y la decepción del anuncio del “ borrón y cuenta nueva”. Les colocaron en lugar privilegiado en el evento y se comprometieron a buscar a los desaparecidos.
En junio del 2018 la ONU- derechos humanos denunció que de las más de 37.000 desapariciones, “nadie sabía cuántas fueron cometidas por las autoridades mexicanas”, que comandaba el ahora expresidente priista Enrique Peña Nieto, cuya desastrosa gestión gubernamental hizo virar al país hacia la izquierda radical, cansados de su corrupción que ocasionó miles de víctimas fatales no nada más en materia de seguridad, sino en todos los órdenes generando que hoy se le acuse el tribunal de La Haya de crímenes de Lesa Humanidad.
Los capos del narco señalan públicamente la complicidad del presidentes de México y gobernantes de entidades federativas, como aliados del crimen organizado que, amparado por el poder, ahora se dedican a succionar la gasolina del país, levantar a migrantes o matarlos, seguir cobrando piso a las y los mexicanos y desapareciendo a quienes les estorbe o no pague sus extorsiones.
Cada cambio de gobierno, estatal o nacional, viene aparejado al fortalecimiento o nacimiento de un cartel, igualmente cobijados por infiltrados funcionarios que desde la cúpula fingen preservar el orden desde la instituciones.
Como es de suponerse lo órganos autónomos, son comparsas para control de daño. Reaccionan tarde y sin mayor impacto, como por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que manifestó su preocupación por que México se ubica en la posición 135 de 180 países de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 de la organización Transparencia Internacional, y a nivel región se ubica entre las peores posiciones de América Latina y el Caribe, según la OCDE.
Si bien la CNDH no tiene dientes si cuenta con presupuesto para exhibir los delitos que derivan de la corrupción y sus estrategias para cubrirlas como, en el caso de los periodistas que nunca atendió y reaccionó con una campaña ya cuando se iba Peña Nieto.
La desaparición forzada es la principal arma para encubrir la corrupción y resulta una ofensa para el desamparado pueblo mexicano, el más afectado por la amenaza, que reclama que se considere como un delito NO GRAVE para dejar en la impunidad a los ejecutantes.
La desaparición forzada la han convertido en un negocio propio de un país corrupto y con una élite en el poder que solo busca enriquecerse, vendiendo jóvenes al narco, migrantes, mujeres, niños y niñas o, desaparecer a periodistas, defensores de derechos humanos o cualquier persona que les impidan sus” bisness”, que los señale o exhiba o simplemente que sospechen pueda denunciarlos.
Los tres poderes tendrán coadyuvar para que el delito de la desaparición forzada no siga siendo el principal instrumento de un narcoestado. Las entidades donde la alta incidencia de desapariciones es directamente proporcional a dónde existen las autoridades más corruptas, como Veracruz, que otorga el beneficio de la duda a un gobernante de izquierda y el estado del sureste se erige como la prueba de fuego para el combate de una de las herramientas del crimen organizado para seguir en el poder, desde el poder. *Directora General de billieparkernoticias.com