Más allá del debate sobre la pretendida austeridad del nuevo régimen, la andanada lanzada contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación supone un muy grave riesgo para la mínima normalidad democrática del país.
Luego de que el pleno de la Corte determinó suspender –que no “congelar” ni derogar- la entrada en vigor de la Ley Federal de Remuneraciones aprobada en septiembre por el Congreso de la Unión, se han suscitado ataques que sobrepasan el mero disenso sobre una decisión judicial, y que más bien tienen un fuerte tufo de autoritarismo político.
Tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como los legisladores, dirigentes, simpatizantes y medios oficiosamente afines a Morena alentaron el linchamiento público de los ministros, haciendo crecer un estruendo en el que se pide su “destitución” por “oponerse” a la austeridad enarbolada por el lopezobradorismo y defender, en cambio, sus “privilegios” en forma de altísimos sueldos.
Pero para empezar, se parte de una premisa falsa. La Corte no abolió la citada ley, sino que le dio entrada a un recurso de inconstitucionalidad presentado por partidos de oposición –que alegan que fue legislada de manera deficiente-, suspendiendo la aplicación del ordenamiento en lo que esta acción legal es analizada y desahogada. Un procedimiento común en la labor jurisdiccional.
Sin embargo, ello bastó para lanzar una jauría rabiosa contra la Corte, montada en una estructurada campaña en la que se da rienda suelta al resentimiento social. “¿No les da vergüenza sangrar a la población para vivir en la opulencia?”; “es ofensivo que ganen más de 500 mil pesos cuando hay personas que ni en un año logran esa cantidad trabajando más de ocho horas diarias”; “son unos malditos corruptos, mercenarios de la justicia, cómplices del PRIAN que por décadas hundieron al país en el descrédito y la miseria”, fueron algunas de las arengas contra los ministros y contra el Poder Judicial en su conjunto que se propagaron en las redes sociales.
Aunque más graves que los insultos fueron las proclamas para destituir a los ministros, provenientes no solo de cuentas “calcetín” en Twitter, sino también de periodistas y de legisladores, desde los que como el impresentable ex perredista Félix Salgado Macedonio llamaron a que el Presidente “liquide” a los togados, hasta los que cuestionaron al propio sistema democrático del país porque éste “no se come”, reduciendo el debate, como ya es su costumbre, a una supuesta lucha del bien contra el mal, de los ricos contra los pobres.
No hay que ser demasiado perspicaz para darse cuenta que en realidad no se está discutiendo la austeridad en los salarios de los servidores públicos –que desde el punto de vista de este reportero, no deben ser estratosféricos, más sí suficientes y acordes con el nivel de responsabilidad-. Lo que está en juego es el control sobre el Poder Judicial, para lo cual se está acudiendo a falacias, sofismas y mentiras descaradas.
¿Que son insultantes los salarios abultadísimos de los servidores públicos en un país lleno de miseria? Sin duda. Hay que buscar equilibrarlos, pero con una legislación que no esté hecha sobre las rodillas. ¿Que hay corrupción en el Poder Judicial? Seguramente, como también la hay –y habrá- en el Ejecutivo y el Legislativo. Pero lo que hay que hacer es fortalecerlos, no destruirlos.
Permitir un atentado contra la autonomía del Poder Judicial equivaldría a dar un golpe de Estado de facto, pues se aniquilaría la división de poderes y con ello cualquier contrapeso para un régimen que quiere avasallar a quien se le oponga, aplastar el disenso y concentrar el mando de manera absoluta.
No hace falta decir lo que sigue después de eso.
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