A LAS EMPODERADAS DE LA 4T: ¡NO NOS FALLEN!

Ahora sí, la hora del cambio le llegó a Veracruz y a México. Fueron 30 años que la izquierda mexicana labró y luchó para arribar al poder político y ya llegó a la meta este 2018. Hay quienes afirman que la transición democrática empezó en 1988, y otros aseguran que fue desde el 68, pero lo cierto es que a mi generación nos tocó atestiguar y participar en este proceso político y de movilización social que, por fin, ha pasado el umbral de la posibilidad, a la responsabilidad real.

La oleada de expectativas que ha generado esta victoria, en millones de mexicanas y mexicanos, es amplia, es enorme y es de gran urgencia. Es la oportunidad que la historia ha dado, para seguirla escribiendo. Nuevos capítulos que esperamos, sean el parteaguas que México y Veracruz, han pedido a gritos hace décadas.

Del costal de pendientes, rezagos y estragos de la recesión económica, aunado a la montaña de injusticias y violaciones a Derechos Humanos; del pantano de corrupción e impunidad que carcome a las instituciones y agrava la descalificación social al servicio público y al oficio político; de las ráfagas imparables de violencia, crimen organizado, muerte e inseguridad, toda esta herencia que reciben los nuevos gobiernos, de aquellos salientes, a nivel federal y estatal, resalta el ascenso indignante e inaceptable de la violencia de género contra las mujeres, jóvenes y niñas; los feminicidios, las muertes violentas, las desapariciones forzadas, la diversificación de las actividades delictivas, que no cesan y que aumentan riesgosamente, en el país y en Veracruz.

Reciben, las nuevas administraciones, entre miles de problemas, el legado deshonroso de la deuda social con el respeto a derechos fundamentales; con la garantía de justicia e igualdad sustantiva, que hay y que no se le ha retribuido, a la mitad mayoritaria de la población. Saldo en rojo que tienen, como prioridades de inmediata atención y para el corto plazo, tanto el Congreso de la Unión, desde septiembre, como el Congreso del estado, desde principios de este mes de noviembre y los nuevos gobiernos desde este mes de diciembre.

Los mandatos cambian; los colores, signos y logotipos, las caras y los nombres son distintos pero la violencia contra las mujeres sigue; la discriminación, las desapariciones, las extorsiones, los secuestros, los asesinatos y feminicidios, no paran. Tampoco la pobreza y desigualdades se detienen. Son retos que enfrentar. Son las pruebas que habrán de pasar, esperemos con resultados en positivo, las nuevas administraciones.

Ahora que la gran ola de esperanza para millones de mujeres es que, por vez primera en la historia nacional y local, contamos con Legislaturas paritarias, es decir, que este 2018 no debemos olvidarlo, se ha inaugurado la igualdad numérica, puntualmente representativa de la población, con la integración del Congresos federal y local, donde la mitad son Diputadas. El 50-50 se hizo realidad, por fin.

Pero como lo he reiterado muchas veces en este espacio, los números valen, pero la calidad y eficacia del compromiso, cuenta más. Será determinante.

Las legisladoras locales y federales tienen un doble deber: el primero, acatar y cumplir sus funciones y responsabilidades políticas y sociales, como representantes populares en beneficio de la ciudadanía, -ojalá yendo un peldaño más arriba de los intereses de partido y de grupo- y segundo, trabajar desde sus trincheras para que la Igualdad sustantiva, la vida libre de violencias y de discriminaciones, se refleje a la letra, en las leyes y marcos jurídicos rectores que deben revisar, modificar y crear, a fin de que efectivamente incidan en políticas públicas, recursos suficientes, programas eficaces y fortalecimiento institucional, ahora sí, en favor de la mitad de habitantes que históricamente representan y que les demandamos Sororidad, alianza, compromiso de género, atención, trabajo, consensos, resultados y sobre todo, valentía, autonomía y definición en pro de las mujeres, niñas, indígenas, adultas mayores, mujeres con discapacidades, jóvenes, adolescentes, madres solteras, jefas de hogar.

La cuarta transformación que prometieron, ya empezó con las diputadas en las Legislaturas paritarias y este es un desafío descomunal, para ellas, para el proyecto de Nación, que en mayoría abandera el partido en el poder político, tanto en el Legislativo como en el Ejecutivo, en los dos órdenes de gobierno y, por supuesto, también para la sociedad civil y organizada, para los medios de comunicación y para el resto de las mujeres.

La cuestión es hasta donde ellas están dispuestas a romper las inercias, vicios, costumbres, conductas “normales”, afianzadas en nuestro sistema político y en nuestra vida comunitaria, tan inmersa en la cultura patriarcal, que es la fuente de todo tipo de violencias y de injusticias contra las mujeres, jóvenes y niñas. He ahí el reto.

Hay un diagnóstico lacerante, que nos es conocido, porque de tanta desgracia y degradación, ya el sobresalto pareciera no durar tanto y esto no podemos permitirlo.

Las estadísticas y las cifras están ahí y también los saldos de las omisiones, de las simulaciones, de las acciones tan insuficientes, como los recursos destinados para acciones y programas, que no paran la violencia ni la están previniendo y también, que evidencian el grado de la voluntad institucional, que bien puede calibrarse en el alcance de resultados.

Los otros números que nos agravian, los podemos consultar en los reportes de colectivos de mujeres, en investigaciones de especialistas, en los registros de instituciones nacionales, estatales e internacionales y también, en el seguimiento de la nota periodística que a diario revela asesinatos, feminicidios, desapariciones forzadas, secuestros, discriminación, delitos y trasgresiones a los Derechos Humanos de las mujeres; tanta información que de repente, se vuelve tan cotidiana y tan previsible que pareciera que se normaliza la violencia en nuestras vidas y también, nuestra capacidad de asimilar las desgracias y los horrores, se vuelve la frustración muda y el desaliento social del que ha escrito Enrique Krauze.

Hemos vivido y sobrevivido y llorado, mucho a nuestras muertas, violadas, humilladas, desaparecidas, segregadas y agraviadas, desde el desánimo y con toda la rabia. A veces con impotencia. Cierto. Pero hay, conocemos, leemos y seguimos a muchas mujeres excepcionales que, desde la sociedad civil organizada, algunas empoderadas, otras desde el anonimato, otras desde la labor social, la academia y la defensoría de Derechos Humanos, siguen, seguimos luchando, en los espacios de acción y convivencia, contra las violencias que nos siguen amenazando a diario.

Y la batalla es global. El pasado 25 de noviembre, en el mundo se conmemoró la lucha y la definición inquebrantable de las tres hermanas Miraval a quienes, en 1960, en la República Dominicana, el infame dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, mandó a matar precisamente por su desafío frontal contra ese gobierno represor y a favor de los Derechos Humanos y políticos en aquel país.

En honor de las mártires y como recuerdo vivo de su sacrificio, la ONU acordó que en esa fecha, se estableciera en el orbe, el “Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer”, para de ahí empatar con otra fecha significativa, este 10 de diciembre, para recordarle al mundo, durante dos semanas de activismo, que aún tenemos mucho que labrar en pro de los Derechos de las mujeres y de los Derechos Humanos, que se trasgreden a diario, tanto en Siria, en Palestina, en Zongolica, como en Veracruz, en Chalco, en Oaxaca, en Puebla, en los países musulmanes, en los desarrollados y en todo centro de trabajo, en la calle, en la casa, en la escuela, en cada rincón del planeta.

Y si bien las fechas conmemorativas se crean para eso mismo, es la oportunidad para visibilizar lo que sigue pasando; para informarnos más, para difundir nuestros derechos y qué hacer si nos están violentando; para sembrar y permear una nueva cultura de respeto e Igualdad de género, para que simplemente cambiemos nuestro chip del cerebro, desechemos estereotipos, concepciones y conductas y, hagamos la diferencia, los hombres y las mujeres.

El clamor que reverbera, en las paredes de las instituciones del Estado, remueve los cimientos de la República y también en hogares, en las familias y en la conciencia social, al enterarnos que en nuestro país el 47% de las mexicanas, hemos padecido violencia de género, alguna vez en nuestra vida; que una de cada cinco, ha sufrido violencia laboral, como lo revela la ENDIREH 2017 y que a nivel global, una de cada tres mujeres sabe lo que se siente sufrir, la violencia física o sexual por parte de su pareja.

De los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en México, el 66.1% -es decir, 30.7 millones-, ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor, alguna vez. El 43.9% de ellas, ha enfrentado agresiones del esposo o pareja actual o de la última, a lo largo de su relación y el 53.1% sufrió violencia por parte de algún agresor distinto a la pareja.

Acorde a los registros de la Secretaría de Gobernación, tan sólo en el primer semestre de 2018, hubo en promedio 2 feminicidios diarios y un total de 402 víctimas – en el Estado de México fueron 39 los asesinatos; en Veracruz, 38; en Nuevo León y Chihuahua, sumaron 30 reportes-. Aunque bien sabemos que las cifras oficiales, no revelan la gravedad de la emergencia.

En contraste, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en reciente reporte ha revelado que entre 2012 y 2017 se registraron 12 mil 796 asesinatos de mujeres de los cuales en sólo el 22%, se iniciaron investigaciones por feminicidio.

A detalle, reclama que esas mexicanas fueron asesinadas brutalmente por golpes, estrangulamientos, asfixia, quemaduras, envenenamientos y heridas y que además fueron encontradas en espacios públicos como carreteras, terrenos baldíos, hoteles, bares, hospitales, restaurantes, lo que evidencia que no hay seguridad para las mujeres en ningún lugar. Y en el colmo, destacó que las autoridades poco saben o poco quieren investigar sobre la relación de la víctima con su verdugo, lo que obstruye la identificación de estos agresores y, por tanto, eleva la impunidad.

Será por esto que en julio pasado, desde la ONU, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la CEDAW, reveló en un informe elaborado por 23 especialistas que en México, “se requieren adoptar medidas urgentes para prevenir, investigar y juzgar las muertes violentas y desapariciones de mujeres y niñas, ya que siguen siendo blancos de la inseguridad, violencia física, psicológica, sexual y económica, así como del aumento de la violencia doméstica, desapariciones forzadas, tortura, asesinatos sexuales y feminicidios”. En este grave e indignante contexto el Comité internacional expide un largo documento con puntuales Recomendaciones al Estado Mexicano, de las que destaco:

Reforzar la estrategia de seguridad pública para luchar contra la delincuencia organizada.

Adoptar las medidas adecuadas para mejorar el conocimiento de los derechos humanos de las mujeres mediante campañas y actividades públicas-

Eliminar disposiciones discriminatorias por motivos de sexo en la legislación y armonizar códigos civiles y penales de los estados para la aplicación efectiva de la Convención y la legislación nacional sobre la igualdad de género.

Dotar de más presupuestos estatales asignados a la aplicación de las leyes sobre la igualdad de género y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia

Reformar el Artículo 73 de la Constitución para que el Congreso federal, pueda aprobar un Código Penal Nacional que regule todos los asuntos penales, con inclusión de todos los delitos y sanciones, o establecer una base mínima que garantice plenamente los derechos de las mujeres mediante una ley penal general.

Eliminar las trabas institucionales, estructurales y prácticas muy asentadas que dificultan el acceso de las mujeres a la justicia.

Velar por que se capacite, de manera sistemática y obligatoria, a las y los jueces, fiscales, defensores públicos, abogados, agentes de policía y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en los planos federal, estatal y local, acerca de los derechos de la mujer y la igualdad de género.

Fortalecer la información sobre los recursos legales, a disposición de las mujeres víctimas y promover la denuncia.

Aumentar los recursos humanos, técnicos y financieros del Instituto Nacional de las Mujeres y, por ende, de los institutos estatales y municipales, así como de las Unidades de género en la administración pública.

Adoptar una estrategia general para eliminar los estereotipos y la cultura machista en todos los ámbitos, enfatizando en los sistemas educativos, medios de comunicación.

Simplificar y armonizar en los estados los procedimientos de activación del Programa Alerta AMBER y el Protocolo Alba, para agilizar la búsqueda de las mujeres y niñas desaparecidas, adoptar políticas y protocolos específicamente orientados a mitigar los riesgos asociados con la desaparición de mujeres y niñas, como el feminicidio y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y trabajo forzoso, y velar por que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas refuerce su perspectiva de género;

Evaluar la repercusión del mecanismo de alerta de violencia de género.

Priorizar las investigaciones y el enjuiciamiento adecuado a los perpetradores de los asesinatos contra mujeres.

Tipificar como delito el feminicidio en todos los códigos penales estatales.

Al respecto, el Observatorio Nacional señala que sólo 19 entidades cuentan con un tipo penal que cumple total o parcialmente con las características para poder acreditar el delito de feminicidio. Y, en las 13 entidades restantes, que son Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán, si bien se han impulsado reformas, no se ha avanzado en la tipificación del feminicidio. Y en el caso de Chihuahua, increíblemente, aún no se ha reconocido el término de feminicidio, en su Código Penal.

Sin duda, vale conocer a fondo y partir de estas Recomendaciones del organismo internacional para que tanto las Legisladoras federales y locales, como las nuevas autoridades en la materia, avancen sobre lo que el Reporte del Comité reclama como no resuelto o atendido y se apliquen esfuerzos, consensos y más recursos para solucionar lo que falta reforzar. En este documento tenemos una directriz para definir e implementar con eficacia, la Agenda de Género de la Cuarta Transformación, la 4T.

En Veracruz, ya sabemos que tenemos declaradas dos Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres, la primera por Feminicidios en 11 municipios, que ya cumplió 2 años, el pasado 23 de noviembre y la otra, por Agravio Comparado, que se declaró el 13 de diciembre del año pasado. Y también sabemos que poco o nada se pudo caminar contra las violencias y discriminaciones por género en nuestro estado. Es más, se agravó la situación.

Tal como lo subrayó en tribuna la Diputada Mónica Robles, el pasado día 23 de noviembre: “Ante la ausencia de estadísticas oficiales confiables, los datos duros nos llegan del seguimiento periodístico que realiza puntualmente el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana, que ha reportado que, de enero a julio de este 2018, se acumulan 58 asesinatos de mujeres por condición de género en 33 municipios”. También apuntó que, con base al seguimiento del organismo: “266 mujeres reportaron haber sido víctimas de algún tipo de violencia, en ese mismo periodo y, otras 125 veracruzanas se registraron como desaparecidas; además de los 32 homicidios y los 58 feminicidios. Lo que dio un total de 481 mujeres que fueron violentadas por su condición de género, durante los primeros seis meses de 2018”.

Para indignarnos más, hace apenas dos semanas, el mismo Observatorio Universitario de violencias reportó que ya eran 150 mujeres, las asesinadas por odio por ser mujeres, cifra roja a la que lamentablemente hemos de sumar las últimas 6, contando a una inmigrante guatemalteca, feminicidios que registra la prensa local, al momento de escribir este Hemisferios. Una desgracia en verdad, condenable.

Ante este panorama, la esperanza, la fe y la corresponsabilidad en esfuerzos es grande, frente a los nuevos gobiernos y Legislaturas. Las mujeres de Veracruz y de México, reclamamos justicia, aplicación del derecho y acción contundente del Estado. Así lo hemos expresado desde diversas trincheras de acción y desde innumerables espacios.

Entre ellos, aprovecho la oportunidad para compartir que el 12 y el 17 de abril de este 2018, la entonces diputada Cinthya Lobato, se adhirió al Proyecto original que le presenté, desde octubre del 2017, para llevar a cabo el “Foro de Mujeres. La Sororidad es nuestra fuerza”, con el propósito de lograr la “AGENDA DE LAS MUJERES POR LA IGUALDAD EN VERACRUZ” -AMIVER- y después, el Pacto entre mujeres, por lo que invitamos a la Dra. Marcela Lagarde y de los Ríos, como Conferencista magistral en los “Diálogos en Sororidad”.

Estos encuentros trajeron a cientos de mujeres de varios ámbitos, al Congreso del estado, al Poder Judicial y en algunos municipios, para aportar en la construcción de la Agenda estatal. Tuve la enorme responsabilidad de materializar un ideal. Un Proyecto ambicioso, laborioso, útil y exitoso, con el respaldo de la Asociación civil “Hagamos algo”, que preside la destacada feminista Mtra. Aurora García Luna, con el apoyo de la entonces Directora del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Congreso del estado, la indispensable gurú feminista, Mtra. Martha Mendoza Parissi, con el apoyo de Mariana Contreras Viveros, ex titular de la Unidad de Género de la Coordinación de Comunicación Social del gobierno anterior.

De esta ágora fecunda en contribuciones, análisis colectivo y propuestas surgió la “AGENDA DE LAS MUJERES POR LA IGUALDAD EN VERACRUZ” -AMIVER-, como la hoja de ruta consensada y enriquecida en tres foros regionales realizados en septiembre, con las Directoras de Institutos Municipales de las Mujeres, académicas, funcionarias, colectivos de mujeres, hombres solidarios, toda esta tarea con el objetivo de facilitarles, a los tres Poderes del Estado y a los órdenes de gobierno entrantes, el diagnóstico real, las acciones y las soluciones indispensables, para dar por fin, el salto cuántico en favor de los derechos humanos de las veracruzanas y contra las violencias que nos acechan.

De este documento, también surgieron la Agenda Legislativa y la Agenda Municipal, que en conjunto se han venido analizando y sistematizando por parte de la Comisión técnica de expertos y expertas, surgida del Foro de Mujeres de abril, para ser presentadas a la brevedad, a las autoridades y para, tras los acuerdos, poder lograr la meta del proyecto: la firma y los compromisos plasmados de las empoderadas, legisladoras, servidoras públicas, funcionariado y colectivos, en el “PACTO DE LAS MUJERES POR LA IGUALDAD EN VERACRUZ”, que esperamos pronto poder realizar para que en SORORIDAD, se sellen los deberes de cada quien, en los plazos y acciones que urgen atender, porque ya es hora.

La violación a los derechos humanos de las veracruzanas, sólo tiene el color de la impunidad, de la omisión institucional y de la indiferencia que hemos padecido por generaciones y, sabemos que estas murallas, hoy, ahora, con este gobierno de transformación y en esta Legislatura, pueden y deben derribarse.

Este Hemisferios está dedicado a la memoria de las mujeres que han muerto por feminicidios y cuyas muertes siguen vergonzosamente impunes; a las mujeres, jóvenes y niñas, que son discriminadas y violentadas todos los días en todos los sitios donde interactúan y se enfrentan a los prejuicios y etiquetas machistas y misóginas; a las mujeres desaparecidas y a las víctimas indirectas que también son mujeres, madres e hijas; a las nuevas generaciones que tienen derecho a una vida libre de violencia y de discriminaciones y también, a las mujeres y hombres que participaron en el Foro de mujeres, en los Foros regionales y en las tareas de la Comisión técnica que han dado su tiempo y experiencia a este cometido, que reconocemos ampliamente.

Todas ellas y todos ellos, -porque hay veracruzanos comprometidos con esta gran causa-, estamos apostando fuerte a que las 25 diputadas locales, aun siendo de diversos partidos, mostrarán Sororidad; admirable responsabilidad política y social con el género y harán más historia en esta LXV Legislatura de la paridad en Veracruz, para escuchar y avanzar en el desahogo de la AGENDA AMIVER, que es de prioritaria atención.También estamos convencidos que la emergencia por las violaciones a derechos humanos que ha declarado el nuevo gobierno, va en serio y a fondo, para atender y resolver las violencias, las desapariciones, el clima de temor y de dolor que nos lacera a las y a los veracruzanos.

Afirma Marcela Lagarde que la Sororidad es “la alianza existencial y política, con otras mujeres, para contribuir con acciones específicas a la eliminación social de todas las formas de opresión y al apoyo mutuo para lograr el poderío genérico de todas y al empoderamiento vital de cada mujer”.

De manera que la Sororidad necesaria de y entre las legisladoras en los Congresos y de y entre las titulares de mandos medios y superiores en los nuevos Gabinetes, federal y estatal, puede y debe ser la bandera de la gran transformación política, legal, cultural y social que hemos esperado y luchado. Mujeres trabajando con, para y por las mujeres.

La edificación del nuevo México y del nuevo Veracruz que queremos, pasa por saldar la deuda de respeto, reconocimiento y libertad con justicia, a las que tenemos derecho, la mitad de la población.

Por esto, en el umbral de la 4T, el llamado a las empoderadas es: ¡No nos fallen!

rebecaramosrella@gmail.com