El régimen lopezobradorista –que desde el Congreso de la Unión ya realiza actos de gobierno- está empeñado en dar marcha atrás a uno de los pocos pero muy significativos avances impulsados desde la sociedad civil en los últimos años: la ciudadanización y democratización de los medios públicos.
La contrarreforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, aprobada por la Cámara de Diputados y que le concede a la Secretaría de Gobernación la atribución de proveer el servicio de radiodifusión pública en todo el país, ha provocado una marejada de críticas ante lo que a todas luces es un acto de regresión autoritaria, que despoja a los medios públicos de su autonomía e independencia editorial y los convierte en replicantes de versiones oficiosas del próximo Gobierno de México.
Por ejemplo, este miércoles, la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC) criticó duramente la iniciativa morenista al considerar que se le otorga a la próxima administración federal un “control indebido de la radiodifusión pública” y en cambio crea “un sistema cuyo riesgo es que sólo se difunda la visión y políticas del gobierno federal, en contraste con la diversidad y anhelos democráticos de la sociedad mexicana”.
“La medida propuesta es autoritaria, arbitraria y desconoce la historia de los medios públicos en México, así como de la represión que la Secretaría de Gobernación ha ejercido en el pasado sobre este sector. Desconoce los múltiples casos de buenas prácticas en otros países, lo que de entrada reduce sus posibilidades de desarrollo”, subraya la AMIC a través de un posicionamiento dirigido al Senado de la República, en donde todo indica que mañana será sometido ante el pleno el dictamen enviado por los diputados federales, mismo que ya fue aprobado, sin cambio alguno, en comisiones.
A su vez, consejos ciudadanos de medios públicos –una de las figuras innovadoras de la Ley de Telecomunicaciones que precisamente deja en manos de ciudadanos la salvaguarda de conceptos como la autonomía y la independencia editorial- también se pronunciaron. El de Radio Educación se adhirió a lo expuesto hace unos días por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, mientras que el de Radio Universidad Veracruzana –del cual forma parte quien esto escribe- rechazó enérgicamente la modificación a la ley.
“Consideramos que dicha reforma, que aún debe ser ratificada por el Senado de la República, representa un grave retroceso para la vida democrática del país, ya que coarta y pone en peligro el derecho a la información y la libertad de expresión en los medios del Estado mexicano y atenta contra los principios de independencia editorial, autonomía, respeto a la diversidad ideológica, étnica y cultural, inclusión, participación ciudadana, pluralidad de contenidos, transparencia y rendición de cuentas que deben distinguir a los medios públicos y que forman parte de las mejores prácticas de la radiodifusión pública a nivel internacional.
“Asimismo, dicha enmienda atenta contra la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones, organismo al que por ley le corresponde la regulación de la radiodifusión. Y también vulnera el carácter ciudadano de las emisoras públicas, convirtiéndolas en apéndices del gobierno”, sentencia el pronunciamiento del Consejo Ciudadano de Radio UV.
La respuesta del naciente régimen ha sido la negación, el denuesto y los oídos sordos. El martes, un grupo de responsables de medios públicos acudió al Senado y a nombre de 700 señales, la presidenta de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, María Teresa Velázquez, le expuso su postura a la senadora y próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
La respuesta fue demoledora. La legisladora acusó a la inconformidad de representar la “voz de adversarios”, para luego salir con la patraña de que van a “fortalecer” los medios públicos, al estilo de la BBC de Londres o de Televisión Española.
Lo que la próxima responsable de la política interna del país ignora vergonzosamente es que la BBC es completamente autónoma e independiente del gobierno británico, precisamente lo que aquí quieren echar atrás en el Congreso. Aunque su verdadera intención sí encaja con el caso de Televisión Española, un medio que siempre ha sido un vocero gubernamental.
Eso es lo que en realidad busca esta contrarreforma regresiva, que de ratificarse en el Senado, constituirá, sin más, una traición y un atentado del lopezobradorismo contra la libertad de expresión y la democracia, que nos retornará a la época en la que la hermana del presidente José López Portillo dictaba lo que podía o no verse en los medios de comunicación del país.
Al cabo que es la época histórica favorita del “movimiento”.
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