“Los hombres son criaturas muy raras: la mitad censura lo que ellos practican, la otra mitad practica lo que ellos censuran.” – Benjamín Franklin.
Ya le advertíamos a usted en entregas anteriores que lo que parecía un sueño de opio para millones de mexicanos al optar por la elección de una nueva opción política encabezada por Andrés Manuel López Obrador al frente del Ejecutivo Federal comenzaría a convertirse en un sueño de terror que se convertiría en realidad.
Y es que ese gran intento de cambio pretendido por los mexicanos no fue más que un retroceso espectacular al absolutismo hegemónico del PRI de la década de los 50’s., 60’s., 70’s., y 80’s., ese en el que todas las determinaciones pasaban por la aprobación única del gran caudillo.
Recientemente y sin que muchos dieran cuenta los legisladores de Morena en la Cámara de Diputados anotaron una más de las iniciativas que pretenden transformar a este país en un Estado Totalitario.
Y es que los legisladores encabezados por Mario Delgado aprobaron la fracción VIII del artículo 27 de la minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la a Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), donde se señala que es competencia de la Secretaría de Gobernación, lo siguiente:
VIII. En el ámbito de su competencia, elaborar e instrumentar la normatividad aplicable, conforme a la Constitución y las leyes, en materia de comunicación social del gobierno federal y las relaciones con los medios masivos de información; administrar, salvo lo establecido en las leyes electorales, el tiempo de que dispone el Estado en radio y televisión; proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional, así como autorizar, supervisar y evaluar los programas de comunicación social y publicidad de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Cierto es que las modificaciones a esta ley son parte de un proceso de cirugía mayor por los legisladores de Morena y afines que quieren adecuarla a los planes del próximo gobierno, lo que en sí mismo pudiera estar bien; el problema es que en el proceso se están cometiendo enormes atropellos e inconstitucionalidades.
Lo malo en esta circunstancia es que contraviene lo marcado a nivel internacional por organizaciones como la misma Organización de Naciones Unidas (ONU) que a través de la UNESCO dice sobre los “medios públicos”, a lo que define como medios hechos, financiados y controlados por el público, para el público. No son comerciales ni de propiedad gubernamental, son libres de la interferencia política y la presión a partir las fuerzas comerciales. A través de los medios públicos, los ciudadanos son informados, educados y también entretenidos. Cuando garantizada con pluralismo, diversidad, independencia editorial, financiación apropiada, rendición de cuentas y transparencia, la radiodifusión de servicio público puede servir como una piedra angular de la democracia.
Ya al respecto se han escrito cientos trabajos, en donde se afirma que en ninguna parte del mundo que se jacte de tener un gobierno democrático, su Secretaría de Gobierno, Ministerio del Interior o como guste llamarlo presta servicio de radiodifusión pública.
Según lo ha señalado la periodista Irene Levy Imagine usted que la BBC de Londres o la Deutsche Welle de Alemania fueran manejadas por el propio gobierno, sería el fin de su libertad editorial.
Levy en su columna periodística del pasado 16 de noviembre advierte: “En México, la reforma constitucional de 2013 en materia de telecomunicaciones y competencia, creó un organismo descentralizado no sectorizado —muchos pugnamos incluso porque fuera autónomo—, llamado Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR). El artículo 6, apartado B, fracción V de la Constitución vigente, establece que este organismo con autonomía operativa, de decisión y de gestión tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro. ¿Entonces, qué hacemos? ¿Qué pasará con el IMER o con el Canal 11? ¿En serio vamos a permitir que la radiodifusión pública se convierta en radiodifusión gubernamental? Estoy segura que Olga Sánchez Cordero, cuando fue ministra de la Corte, hubiera criticado esto, y ahora ¿lleva la reforma su aval o ella no lo sabe? Esta reforma es inconstitucional.”
Recientemente el también columnista Salvador García Soto afirmo en su columna “Serpientes y Escaleras” del lunes 19 de noviembre: “Dentro de Morena hay versiones que señalan la existencia de un proyecto para fusionar diversos medios gubernamentales que hoy funcionan de manera separada (Canal 22, Canal 11, Imer, Radio Educación, Televisión Educativa y Notimex, entre otros) para hacer una sola “Agencia de Medios gubernamental” que difundiría contenidos y noticias controlados por la Segob y que apunta al modelo de la BBC británica.”
Algo así como la versión tropicalizada de un consorcio de medios gubernamentales.
Ahora bien lo cierto es que el trancazo a la radiodifusión pública no es el único que intentan dar en esta materia nuestros flamantes legisladores, para nada. También pretenden meterle mano al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) afectándole.
Como usted quizá ya sepa, la Oficina de la Presidencia de la República actualmente tiene adscrita la Coordinación de Estrategia Digital Nacional y dentro de sus facultades está la de elaborar y dar seguimiento a dicha estrategia para fomentar la adopción y desarrollo de tecnologías de la información y comunicación (TICs). Por otra parte, la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la encargada actualmente de definir la política de gobierno digital, gobierno abierto y datos abiertos. Eso es ahora, pero la reforma propuesta y votada por Diputados propone cambios como:
Adicionar la fracción I al artículo 8 y otorga atribuciones a la Oficina de la Presidencia para “definir las políticas de informática, tecnologías de la información y la comunicación, gobierno digital del gobierno federal, en términos de las disposiciones aplicables”.
De este modo, bajo este documento vemos, que la redacción votada no acota esta facultad a definir dichas políticas exclusivamente para el gobierno federal, sino que lo deja totalmente abierto y únicamente restringe, al ámbito gubernamental, la definición de políticas de gobierno digital, el resto podría interpretarse que aplica incluso a los usuarios y a operadores, facultades que hoy pertenecen al IFT.
La primera pregunta que salta en todo esto es, ¿fue esto un error de redacción o existió intencionalidad en ello?
Esta reforma alcanza también a la SFP a quienes les quitan la facultad de definir las políticas de gobierno digital, gobierno abierto y datos abiertos, y a ella la reducen a vigilar su aplicación.
Algunos senadores como el panista Julen Rementeria del Puerto han advertido que, de aprobarse en el Senado, estas atribuciones pasarían a la que sería la súper poderosa coordinación respectiva en la Oficina de la Presidencia y, en concreto, a Raimundo Artis Espriú quien la encabezará.
Nos habían dicho que, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Subsecretaría de Comunicaciones se transformaría en Subsecretaría de TICs, cuya titular será Salma Jalife, pero todo indica que ya no tiene sentido ni siquiera el cambio de nombre, pues estas facultades quedarían en Presidencia.
De hecho, el artículo 36 de la LOAPF, que determina las atribuciones de la SCT, finalmente ya no fue modificado.
Hasta ahora solo la presidenta de la Comisión de Radio y Televisión en Cámara de Diputados, Laura Rojas, pidió a los senadores que reviertan la facultad de la Secretaría de Gobernación para proveer el servicio de radiodifusión pública digital, porque ello atentaría contra la libertad de los medios públicos.
Bueno es claro que las preguntas son muchas, algunas de ellas serían saber ¿Qué opinan los medios públicos y sus defensores ante lo que esta por ocurrir?, ¿Qué dice el IFT al respecto, habrá de interponer una controversia constitucional por violentar su autonomía?, ¿Qué intensiones tienen estas modificaciones, errores de redacción o verdaderas acciones de censura?
Las dudas son muchas están ahí, pero ojalá los integrantes del Senado tomen verdaderamente con seriedad esto, pues es evidente que de fondo la reforma representa un gran retroceso tanto a la democracia como a la libertad de expresión del país, así como un revés a la autonomía del IFT.
Al tiempo.
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