En la ansiedad por echar abajo todo lo que la intolerancia les dicta, un grupúsculo de personas intentó manifestarse en las calles de la Ciudad de México contra todo lo que diga y haga Andrés Manuel López Obrador.
La cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, pero si no se hubiera cancelado lo mismo hubieran salido a mostrar su ocio estéril. Porque las razones de una protesta callejera no surgen de la posible disminución de privilegios sino como la última alternativa viable, precisamente cuando todas las vías legales se han agotado.
Una manifestación callejera es la última instancia legal para la solución de un problema, no el inicio de un alarde de fuerza social inexistente.
Esa es la gran diferencia entre las marchas de protesta de grupos de campesinos o de minorías con la de una derecha que desconoce las mínimas características de la protesta social y sale a las calles sólo como un grito contra lo que cree que le afecta.
La discusión de la cancelación del aeropuerto debe ser cancelada luego de que se definiera con precisión de dónde salieron los recursos que se aplicaron a dicha obra. Además, los afectados directamente que son los inversionistas, han llegado a un acuerdo con el gobierno saliente.
Lo verdaderamente indignante de la inversión en ese aeropuerto fue el hecho de que tanto Afores públicos como privados fueron tomados sin consultar a nadie. Es decir, se tomó el ahorro de los trabajadores para hacer una obra monumental sin la certeza de que funcionara.
El IFAI anunció que debe revelarse la cantidad invertida de trabajadores en el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado que se destinaron para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, información que habían considerado confidencial los constructores y encargados de la obra.
Así lo pidió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), dependencia de gobierno que se negaba a dar información a los dueños del dinero invertido…
El hecho de que sea una decisión del nuevo gobierno concluir o no el aeropuerto en Texcoco es responsabilidad de quienes empezaron a construirlo, porque afirmaban que sería inaugurado dos días antes de la conclusión del mandato de Peña Nieto. De hecho, la fecha del inicio de actividades estaba planeada para el 28 de noviembre; sin embargo, los malos cálculos y el desconocimiento del terreno fueron atrasando las obras hasta mostrar lo que ahora hay, un avance que no llega ni al 20 por ciento de una obra que no garantiza la seguridad de los usuarios.
La marcha, que no llegó a mil personas, quiso montarse en otra que ya caminaba por reforma que exigía respeto a la vida de los animales; de tal manera que hubo un momento en que en su confluencia en el ángel de la independencia se reunieron más de mil personas, pero no todas pertenecían a la marcha de repudio a López Obrador.
La tramposa expresión de inconformidad se convierte en una muestra de desesperación por un pequeño segmento de la población que todavía no sabe las medidas del gobierno entrante, pero anuncia su abierta oposición, seguramente algunos de ellos están resentidos por la derrota aplastante de sus candidatos expuestos en su miseria de apoyo social; sin embargo, no puede menos que verse la evidencia de que están manipulados.
Nunca antes protestaron por causas justas. El hecho de que hayan tomado un grupo reducido de funcionarios públicos el dinero de los trabajadores es motivo de una protesta nacional, pero ellos piensan como empresarios, no lo son, están destinados a ser sus servidores y por ello marchan.
A López Obrador la historia lo juzgará, y habrá que pugnar para que todo lo prometido se concrete, pero es precisamente lo prometido lo que esa gente no quiere que se concrete. Porque en la disminución de privilegios es donde sus patrones se ven afectados y por eso los mandan a protestar.
La marcha sólo muestra la desesperación por perder lo que nunca debió pertenecerles. Se exhiben como enemigos de algo que todavía no se expresa claramente ni se convierte en un hecho consumado. Es una especie de cacerolismo que caracterizó a los defensores de la dictadura militar en Chile y Argentina, que no era otra cosa que la nostalgia de algunos ciudadanos que tomaron lo del pueblo como propio sin saber que algún día tenían que perderlo. A ese acto de justicia ahora le llaman ilegalidad.
Los marchistas exigieron ser escuchados, pero nunca han visitado ni pasado cerca la casa de transición para intentar dialogar ni con el presidente electo ni con nadie: simplemente se trata de un acto que tenía que llamar la atención de los medios, una excursión a pie por reforma en un día de descanso donde el aburrimiento de la televisión de paga y la rutina doméstica los obligaron a salir a las calles para ver qué pasaba. Buscan ser escuchados e inician el diálogo con gritos e insultos, con descalificaciones y retos agresivos. Ese es el principio de la polarización que quieren algunos para decir que el próximo régimen es violento y represivo.
Las plañideras pagadas por los patrones intentan tomar las calles.
Protestar por una consulta que sucedió hace un mes, exigir ser escuchados sin buscar al interlocutor indicado, exigir justicia cuando no se sabe quién los maneja, pelear espacios callejeros que consideraron propios de sus automóviles, manifestarse en las calles cuando siempre estuvieron contra las expresiones de descontento, arroja una sola conclusión, mucho ocio y poco conocimiento de un país cuya realidad se les escapa de las manos. PEGA Y CORRE. – La violencia continúa en el centro del estado, esta vez en un bar de Córdoba asesinaron a dos hombres. Si se encontrara a los culpables, si se les consignara y se diera un castigo ejemplar esa violencia hubiera disminuido considerablemente en la entidad, pero ni siquiera los buscan… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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