La Administración Pública Federal (APF) cumple con lo que le mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 90, y corresponde al conjunto de órganos administrativos mediante los cuales el gobierno cumple o hace cumplir la política y voluntad de un Estado en función de las leyes fundamentales del país.
El Gobierno se sirve de la Administración Pública Federal para realizar las funciones asignadas al Poder Ejecutivo de la Federación, en consecuencia, sirve de soporte para asumir las responsabilidades designadas al Presidente de la República y éste delega funciones, apoyándose para ello directamente en las Secretarías y Dependencias del Estado. La forma de operar la APF, está reglamentada en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF).
Luego entonces, la LOAPF es el instrumento formal por el cual se establecen las bases para la eficiente planeación, organización, dirección y control de la Administración Pública Federal, tanto centralizada y como paraestatal. De ahí la importancia de cualquier modificación a la misma—que debe ser aprobada por el Congreso (cámara de diputados y senadores)–, y sus resultados pueden afectar sustancialmente la dinámica del poder del estado, de manera positiva cuando ésta permite que la administración opere en un marco de eficiencia, confianza, legalidad y transparencia o en sentido negativo, en caso que se prepare “a modo”, para favorecer el exceso de concentración de poder de un Presidente.
Pues tal es el caso, de lo que hoy acontece en el Congreso de la Unión, con las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF). Apenas el pasado día 14 de Noviembre dicha Ley fue aprobada por la mayoría de la misma –en lo general y particular con modificaciones en pleno a ciertos artículos–, destacando los votos de la maquinaria Morenista, y hoy ha pasado al Senado de la República para su revisión y en su caso aprobación.
Entre las modificaciones que se observan como un serio riesgo para el país porque fortalece la concentración de poder, se perciben principalmente en los asuntos siguientes[1]:
1.-A la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, se le otorga más poder, sin contrapesos claros. Se eliminan las oficialías mayores de las dependencias pero se crean las Unidades de Administración y Finanzas en cada secretaria dependiente de la SHCP. Estas unidades desarrollarán las funciones de: planeación, programación e informática, recursos humanos, materiales, contabilidad, archivo y presupuesto. Es decir absorben las funciones que realizaban las oficialías mayores de cada sector y además de otras funciones que corresponden a la Secretaria de la Función Publica.
2.-La Consejería Jurídica, adscrita a la presidencia, designará a los encargados jurídicos de todas las áreas de la administración pública centralizada y paraestatal.
3.-La oficina de Comunicación Social, también dependerá de la presidencia y también se encargará de nombrar a los directores en esa materia. Nadie más podrá hacer uso de los medios por iniciativa de alguna secretaria en particular, sino sólo lo que el Presidente dicte.
4.-La Secretaria de Gobernación será la que nombre los encargados de enlace. Lo que les resta atribuciones a los titulares de las dependencias. Éstos ya no controlarán, ni lo financiero, no lo jurídico, ni la comunicación, incluso afectara su vinculación con el Presidente, sino que será a través de intermediarios: Hacienda, Gobernación, Oficina de la Presidencia, Consejería Jurídica, Oficina de Comunicación social, etc. todas bajo el control del Presidente.
5.-La Coordinación de Programas para el Desarrollo, será la encargada de nombrar a los súper-delegados, llamados también “gobernadores federales”[2], que dependerán del presidente, y con ello se restará soberanía a los estados al ser intermediarios con los gobernadores, afectando incluso su vinculación con el propio ejecutivo federal.
6.-Otro punto que suena muy riesgoso en la concentración de poder que tendrá el próximo Presidente respecto al control sobre los cuerpos de seguridad nacional y pública al crearse la Guardia Nacional. La creación de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que toma las funciones antes concedidas a la Secretaria de Gobernación absorbe hoy la seguridad nacional y la seguridad pública, lo que es un riesgo pues se confunden la competencia de cada una, en particular de esta última que siempre ha operado por la fuerza civil, bajo el control de los gobernadores. Y ello lo confirma el Presidente electo, en la presentación de su Plan Nacional de Paz y Seguridad, al señalar que la guardia nacional se conformara con la policía naval y militar, la policía federal y, civil que serán convocados y reclutados para conformar nuevos cuerpos.
Este tema es por demás delicado por la ausencia de una Ley de Seguridad Interior (desechada por la SCJN en días pasados), quedando el vacío sobre la delimitación de la acción de los militares cuando realicen funciones de seguridad ciudadana.
Pero existen otros riesgos, tales como:
- No se ha cuidado si se violarán derechos colectivos de los pueblos indígenas con los proyectos del Tren maya y otros en materia de explotación de minerales y ciertas zonas en las cuales no han sido consultadas esas comunidades, que sin duda saldrán afectadas.
- Riesgos en la transversalidad de la perspectiva de género, pues hoy con las funciones para la Secretaria de Gobernación, no se explicita dónde quedan la defensa de los derechos de las mujeres incluso se corre el riesgo de la eliminación del Instituto Nacional de la Mujer, y afectar las unidades administrativas en el tema de derechos humanos.
- A la Secretaria de la Función Pública, se le quita la función de las contrataciones pues pasan a la SHCP y sólo se le deja la función de fiscalización y control. Incluso el control del Sistema de información de padrones de programas gubernamentales (SIIPPG) para a la Secretaria de Hacienda, so pretexto de que antes se prestaban a actos de corrupción. Pero ¿hoy quién va a supervisar a Hacienda?
En fin, sería imposible en un solo artículo describir el sinnúmero de riesgos que se plantean en la LOAPF, cuyo dictamen ha sido aprobado en la Cámara de diputados y ha pasado al Senado para su revisión y en su caso aprobación. Y lo que sigue ya lo sabemos, la mayoría aplastante, lamentablemente irracional e irresponsable de Morena, seguramente hará lo propio para que se apruebe, haciendo del Presidente de la República y su aparato gubernamental, la figura omnipotente que puede llevar a nuestro país, si no se cuida su operación y no se definen la limites en la norma, a vivir un sistema político dictatorial e injusto en los siguientes años.
Gracias y hasta la próxima
[1] Revista Proceso no.2194, 18 noviembre de 2018.
[2] Sauri R. Dulce María, revista Proceso 18 de noviembre de 2018.