Una de las peores falacias tanto de la anterior como de la actual administración estatal son las cifras alegres que una y otra manejaron siempre respecto de la inseguridad y el combate a los criminales.
Ahora mismo, en la víspera de su segundo y último informe de labores, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares se vanagloria de sus “logros” en materia de seguridad, mismos que se difuminan ante la terca y miserable realidad de dolor y sangre del estado de Veracruz.
Una región que se ha vuelto emblemática de la incontrolable violencia homicida que asuela a la entidad es la que tiene como cabeceras a los municipios de Córdoba y Orizaba. En el pasado, famosa por ser un importante corredor de actividad industrial, pero que hoy aparece en los titulares internacionales por el horror que ahí acontece.
Sin que ninguna autoridad, pasada y presente, hiciera nada por evitarlo, toda esa zona se convirtió en un botín del crimen organizado, que comenzó a infiltrarse en su sociedad y en sus gobiernos, en sus policías, que en lugar de generar confianza, causan terror entre los ciudadanos cuando se los topan.
Eso no es gratuito. Las policías estatal y municipales en la región han estado implicadas en múltiples casos de abusos de autoridad, violación de derechos humanos, detenciones arbitrarias y, lo más grave, tortura, secuestros desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Nada de esto ha sido admitido nunca por el gobierno, pero los hechos ahí están.
En particular, en la ciudad de Orizaba estos abusos, junto con una escalofriante sensación de indefensión ante los criminales de uno y otro lado –aunque en realidad la línea que los separa es prácticamente invisible-, se volvieron parte de la cotidianidad por los menos durante los últimos cinco años, en los cuales ha estado al frente de las corporaciones policiacas un personaje siniestro: Juan Ramón Herebia.
Sobre este individuo pesan señalamientos directos sobre amenazas y abusos flagrantes. Incluso, se le acusa de haber despojado a su familia, pistola en mano, de una empresa expendedora de gas para consumo doméstico. Aunque lo peor es que como autoridad, convirtió a la policía municipal orizabeña en un “cártel” más de los que operan y violentamente se disputan esa “plaza”.
Para no ir muy lejos, en el caso de los hermanos Ernesto y Román Pérez González, asesinados a mansalva por la policía municipal el pasado jueves 1 de noviembre, la madre de las víctimas señala que el propio Herebia estuvo presente y que alteró personalmente la escena del crimen para intentar incriminar a sus hijos y justificar la versión del “enfrentamiento” que hicieron circular poco después de la ejecución.
Además, la madre de los jóvenes asesinados aseguró haber sido amenazada directamente por el ex jefe policiaco, que ante el escándalo y la indignación de la sociedad orizabeña pidió licencia por 90 días, luego fue “destituido” de su cargo como director de Gobernación por el presidente municipal Igor Rojí, y ahora no se tiene noticia alguna sobre su paradero. Ni siquiera ha sido llamado a declarar.
A pesar de todo lo anterior, este domingo el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares prácticamente libró de cualquier responsabilidad a Herebia y elogió a la policía orizabeña, describiendo una realidad que solamente existe en su imaginación: “tanto la corporación como Juan Ramón Herebia han sido muy eficientes en Orizaba y hay que reconocerlo; (la policía municipal) es una de las mejores, si no es que la mejor del estado. Orizaba tiene muy buenos índices de seguridad gracias a que han podido integrar una policía que tiene recursos humanos, tecnológicos que quisiéramos que muchas policías municipales tuvieran”.
Con razón Miguel Ángel Yunes asegura en la publicidad de su segundo informe que “en solo dos años, recuperamos la estabilidad y la paz social en Veracruz”. Vive en otra galaxia. O pretende seguir engañando a los veracruzanos.
Lupita Mora: dos años de impunidad e injusticia
A pesar de conocer la identidad y la ubicación actual del homicida, la Fiscalía General del Estado detuvo por completo la investigación y las pesquisas sobre el artero asesinato de la maestra Guadalupe Mora Palacios, ocurrido hace exactamente dos años. Caso que, muchos otros, se mantiene monstruosamente impune, con todo y que al tomar este organismo, Jorge Winckler se comprometió personalmente a resolverlo. Claro, como no hay intereses políticos de por medio, a él y a su jefe les importa un comino.
Y todavía se preguntan por qué queremos que ya se vayan.
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