El aparente descontento de los empresarios por el cambio de sede del aeropuerto de la Ciudad de México es una cortina de humo que busca chantajear al próximo gobierno, con el objetivo de ganar espacios políticos y económicos.
Existe un grupo de mexicanos, cada día menos por cierto, que diga lo que diga y haga lo que haga Andrés Manuel López Obrador lo van a criticar. Lo han hecho desde hace 18 años, lo intensificaron durante la campaña y ahora, como presidente electo, siguen practicando ese deporte de feria de pueblo llamado “Péguenle al cambio”.
Cuando la consigna se pondera ante la razón y el resentimiento al beneficio social, la democracia se vuelve monarquía, o lo que es peor barbarie.
Es como han empezado a actuar algunos de los sectores más conservadores del país, incluso algunos partidos políticos que ante desastres económicos nunca antes alzaron la voz.
Por ejemplo, el PRI que ahora protesta airadamente y quiere impugnar la validez de la consulta porque se perderían 100 mil millones de pesos, cuando uno de sus militantes distinguidos, que llegó a dirigir ese partido, Humberto Moreira, desvió en su favor 62 mil millones de pesos; por si esto no fuera suficiente otro priista que fue importante en este sexenio, Javier Duarte, se llevó a sus bolsillos 42 mil 500 millones de pesos del erario de Veracruz, con lo cual se suman 104.5 mil millones de pesos, cifra superior que ahora motiva la indignación del CEN del PRI, que es lo único que queda de ese partido porque sus militantes han abandonado sus funciones ya los pocos que quedaban los despidieron con indemnizaciones leoninas.
Los inversionistas que se dicen damnificados por la decisión popular de cancelar el aeropuerto en Texcoco podrían colocar en la mesa de negociación una nueva propuesta que consista en que si hay un solo contrato que no sea transparente, que tenga materiales con la calidad adecuada, que no haya sobreprecio, que no tenga comisiones oscuras, etc. se cancele el proyecto.
Esto no lo harán los empresarios porque saben que todos los contratos del Nuevo Aeropuerto tienen una anomalía. De ahí que no vayan a demandar penalmente.
Como no pueden demandar penalmente han adoptado la posibilidad de desgastar políticamente al nuevo gobierno. Por esta razón empezaron a reclutar especialistas en ciencia política para que dobleguen el potencial de López Obrador en esta y otras decisiones.
Ahora los empresarios que se autodenominan agraviados con la cancelación de un proyecto cuya transparencia deja mucho que desear, se han dado a la tarea de contratar estos “especialistas” que contribuyan a desgastar la imagen del presidente electo.
Se contrata a estos politólogos, —la mayoría desempleados ante la crisis económica de partidos como el PRI, el PAN, el PRD, porque fueron lanzados a la quiebra financiera por la poca votación recibida a su favor el 1 de julio—, por la impotencia de poder demandar penalmente, ya que en una demanda de este tipo no saldrían bien librados por la poca o nula transparencia de sus contratos.
Otro de los ámbitos en los que no salen bien librados es en los medios donde han llegado a los extremos los voceros de dichos empresarios, por sólo citar un caso, la locutora Fernanda Familiar, convocó dar un Golpe de Estado contra el gobierno de López Obrador, invocando a “San Slim”, a causa de la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, tanta incongruencia tiene una explicación lógica, desde luego.
Ella tiene un programa de radio a través de Imagen, cuyo propietario es Olegario Vázquez Raña, el del monopolio de la salud en el país, y propietario de un diario de circulación nacional y un canal de televisión. Pero también tuvo participación como Grupo Empresarial Ángeles en la construcción del Nuevo Aeropuerto, con una inversión inicial de 10 mil 372.3 millones de pesos.
Entonces resulta lógico que el desbordamiento de los ánimos de esa señora haya tocado extremos que nunca debieron pronunciarse en un medio que se digne de serlo.
Incluso, para quienes dicen que con la consulta social que determinó cancelar el proyecto de Texcoco se ponderó lo político ante lo técnico, tenemos el hecho de que dentro de esa inversión también hay significados políticos muy claros.
La Constructora y Edificadora GIA+A invirtió en el proyecto del aeropuerto de Texcoco 10 mil 371.7 millones de pesos, su propietario es Hipólito Gerard Rivero, cuñado de Carlos Salinas de Gortari. Hipólito fue uno de los grandes beneficiarios de la reforma energética promovida por Enrique Peña Nieto, quien lo tuvo como uno de los empresarios consentidos.
Se afirma que un puñado de empresas se repartió el pastel multimillonario de los contratos de obra pública durante el sexenio de Enrique Peña Nieto: recibieron más de 1 billón 184 mil millones de pesos durante los primeros cinco años de la administración actual, entre los que se encuentran Olegario Vázquez Raña, Juan Armando Hinojosa Cantú, Hipólito Gerard Rivero, Carlos Ruiz Sacristán, Juan Miguel Villar Mir, Emilio Azcárraga Jean, Carlos Hank Rhon, Carlos Slim Helú o Nicolás Mariscal Servitje.
Otro ejemplo de esta revoltura entre los intereses económicos y políticos es la inversión de Carlos Hank Rhon, hijo de quien fuera gobernador del Estado de México, miembro del PRI, presidente municipal de Toluca, gobernador del Estado de México, regente de la Ciudad de México y titular de las secretarías de Turismo y de Agricultura durante el salinismo, el profesor de primaria Carlos Hank González.
Otro de los que se dicen afectados por la decisión de los mexicanos es nada menos que el hombre más rico del mundo, Carlos Slim, quien apostó a su construcción 21 mil 250.8 millones de pesos.
Otro más es Bernardo Quintana Isaac, dueño de ICA, quien colocó a favor del aeropuerto en Texcoco 24 mil 720.5 millones de pesos.
Por lo menos estos cinco empresarios podrían tener su propio aeropuerto en Texcoco pero saben, de sobra, que el negocio está en la construcción no en la operación, porque al estar asentado en un lugar donde hubo un lago, la humedad persiste y la posibilidad de inundación es latente los 365 días del año. Es decir, el mantenimiento es tan caro que lo hace incosteable y la obra estaba condenada a ser un elefante blanco, con alto riesgo de accidentes y con un servicio muy caro.
Si la operación del aeropuerto fuera costeable Carlos Slim hubiera aceptado el ofrecimiento de López Obrador de ser el único concesionario del lugar. Lo rechazó. Es decir, no es negocio.
A pesar de todos estos sinsabores que quieren amargarle al presidente electo la muestra poder de convocatoria a través de la consulta, anunció que Alfonso Romo, futuro jefe de la Oficina de Presidencia; el próximo secretario de hacienda, Carlos Urzúa y Javier Jiménez Espriú, quien será secretario de Comunicaciones y Transportes revisarán, a partir del 31 de octubre, a detalle todas las implicaciones financieras del cambio de la terminal en Texcoco al Sistema Aeroportuario “para que los inversionistas estén tranquilos”.
Por su parte, Alfonso Romo, afirmó que el mensaje a los mercados es que “no ha pasado nada”, que la cancelación en Texcoco es el cambio de un proyecto a otro, que la administración de López Obrador actuará con responsabilidad y en el marco del Estado de derecho.
Hay quienes todavía no entienden que los cambios deben ser también correctivos a los viejos vicios en los que se apoderaba el bienestar de unos pocos a cambio del sacrificio de las mayorías. PEGA Y CORRE.- Diputados electos, militantes y simpatizantes Morena, tomaron el Congreso de Veracruz, para impedir que legisladores del PAN y del PRD aprobaran donaciones destinadas al ayuntamiento administrado por Fernando Yunes Márquez, hijo del gobernador de la entidad, Miguel Ángel Yunes … Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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