“Los pequeños ladrones, desde la cárcel,
ven pasar a los grandes ladrones en carroza.” – Proverbio Francés.
Mire usted que el sexenio de Enrique Peña Nieto pasará a la historia como una de las administraciones con más señalamientos de corrupción y opacidad de las que se tenga registro.
Quizá gobiernos federales en los siglos XIX y XX hubieran acumulado mayores saqueos, lastimosamente los tiempos no le favorecieron a Peña Nieto y los miembros de su gabinete.
Y es que la noticia de que por primera vez en la historia de México un presidente y su equipo tramitan amparos resulta en si misma morbosa.
Según señala el Diario Reforma a través de su reportero Víctor Fuentes, el titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, y su equipo buscan blindarse contra investigaciones penales del Gobierno de Chihuahua en su contra, como señala en su nota https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1517182&v=3
Según se confirma, el pasado 11 de octubre la Consejería Jurídica de la Presidencia debió presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para reclamar posibles órdenes de aprehensión, arraigo, citatorios, averiguaciones o carpetas de investigación abiertas por las autoridades locales contra funcionarios federales.
Detrás de todo este asunto se encuentra un gobernador panista como lo es el propio Javier Corral Jurado, quien desde el arranque de su administración se la tiene jurada al propio Peña Nieto por proteger -afirma el mandatario estatal- a su antecesor en el gobierno de Chihuahua, Cesar Duarte.
De igual manera se imputan actos de reclamo a la Fiscalía General de Chihuahua y al Poder Judicial de aquella entidad.
“La solicitud y emisión de órdenes de aprehensión existentes o inminentes respecto de actuales o anteriores funcionarios públicos federales, que se relacionen directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones”, es uno de los actos reclamados.
Usted debe recordar que el propio Corral Jurado amenazó el pasado 28 de septiembre al Gobierno Federal por el caso del exsecretario general del PRI, Alejandro Gutiérrez, al que la Fiscalía estatal acusó por un peculado de 250 millones de pesos de recursos federales, cargo del que la PGR se desistió.
“Lo puedo decir con absoluta certeza: aunque haya hecho lo que haya hecho Peña Nieto para proteger a Gutiérrez y a (el ex Gobernador) César Duarte, no se va a ir impune, no quedará impune”, dijo Corral.
“Tarde que temprano la justicia lo va a alcanzar a él. Y es muy probable que sea la propia justicia de Chihuahua”, agregó.
La demanda del Ejecutivo está firmada por el Consejero Jurídico Misha Granados.
Se pudo saber que Corral demanda “su intervención directa o indirecta, pública o privada, actual o inminente, en investigaciones, averiguaciones, carpetas de investigación, solicitudes de información, órdenes de investigación y solicitudes de colaboración que refieran, mencionen o relacionen actuales o anteriores funcionarios públicos federales”.
De igual modo a la Fiscalía General de Chihuahua, la controversia le reclama la participación de sus integrantes en reuniones donde se analice con personas ajenas a la misma, incluido Corral, la situación de las probables investigaciones contra funcionarios federales.
Quizá estemos ante la posible base legal de colocar al primer expresidente mexicano tras las rejas por delitos imputables a actos de corrupción, cosa que, en otro momento o circunstancia, jamás y nunca se hubiera podido si quiera imaginar.
Al tiempo.
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