A poco más de 45 días de que asuma formalmente el poder el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, el país continúa sumido en la misma espiral de violencia que desde hace años azota a varias regiones en prácticamente todo el territorio nacional.
Zonas como la frontera entre Puebla y Veracruz son, en los hechos, territorio criminal donde los mismos grupos delincuenciales que operan el robo de combustible, los famosos “huachicoleros”, se dedican también al asalto a mano armada al transporte público y privado con lujo de violencia, sin que hasta ahora se haya establecido una estrategia efectiva para contenerlos por parte de la autoridad en funciones, que pareciera que “nada de muertito” de aquí al 1 de diciembre.
En contraparte, quienes asumirán la responsabilidad de conducir a la nación en mes y medio no parecen tener muy claro qué es lo que van a hacer para enfrentar el inmenso reto de contener a la delincuencia y detener la violencia generalizada. Al menos en sus declaraciones públicas y en algunas de sus decisiones, se notan titubeantes, apelando a generalidades como supuestas soluciones para un fenómeno que por su gran complejidad, requiere de estrategias sólidas. Y lo que es peor, rehuyendo a los espacios de discusión en los que sus propuestas no son vitoreadas por sus seguidores, sino criticadas por las víctimas.
La semana pasada, la organización no gubernamental International Crisis Group dio a conocer su informe “Construcción de paz en México: los dilemas de seguridad que enfrenta el gobierno de López Obrador”, en el que hace un puntual análisis de la situación por la que atraviesa el país y del tamaño del conflicto que tendrá que enfrentarse.
Señala este informe que el gobierno lopezobradorista heredará “niveles históricos de violencia criminal, conflictos locales insolubles y una colusión profundamente arraigada entre el Estado y el crimen organizado”, para lo cual considera que “el nuevo gobierno mexicano debería priorizar las reformas clave: buscar la justicia en casos emblemáticos de participación del Estado en atrocidades; desarrollar la capacidad de la policía civil para que la fuerza pueda reclamar su papel a los militares; y empoderar y solicitar la participación de las víctimas en las comisiones de la verdad para fomentar la legitimidad del asesoramiento de dichas comisiones en la construcción de la paz a nivel local”.
International Crisis Group subraya que la plataforma del gobierno entrante “ofrece un cambio de rumbo que podría reducir la violencia, pero carece de detalles y enfrenta obstáculos que van desde las represalias de los jefes del crimen organizado contra los jóvenes que quieran abandonar la delincuencia, a la potencial resistencia de las fuerzas de seguridad”.
“En diciembre, López Obrador heredará una multitud de conflictos regionales, cada uno de los cuales tiene su propio patrón y requiere su propio enfoque individualizado. El presidente electo ha logrado un notable apoyo público con su rotunda condena de la corrupción estatal y el abuso de poder. Sus ideas para abordar la inseguridad descontrolada del país están pensadas para desmantelar la lógica y el aparato institucional de la ‘guerra’ contra la droga y el crimen en México de los últimos doce años. Pero el éxito de este cambio radical dependerá por encima de todo de cómo se desenvuelve en los micro-conflictos esparcidos por el país, y de las medidas que tome su gobierno contra la complicidad estatal con el crimen en los distritos desgarrados por la violencia”, puntualiza el informe.
Entre las recomendaciones que se le hacen a la siguiente administración federal, se incluye “comprometerse a restaurar paulatinamente a las fuerzas policiales como las únicas proveedoras de seguridad pública”, “desmantelar cualquier estructura de mando policial que esté involucrada en la coacción de subalternos o en la delincuencia”, “comprometerse con la independencia fiscal absteniéndose de influir en el nombramiento del próximo Fiscal General de la República”, así como “fortalecer la capacidad de las fiscalías estatales para resolver las desapariciones invirtiendo en servicios forenses políticamente independientes”.
Finalmente, International Crisis Group considera que el próximo Presidente de México “debería bajar el tono de sus pronunciamientos de que su pionero liderazgo personal será suficiente por sí solo para inducir estos cambios, y en cambio comprometerse a reconstruir instituciones suficientemente sólidas para sobrevivir a su mandato de seis años”.
Sin embargo, lo que se puede ver hasta ahora es un camino en sentido contrario a lo antes expuesto. López Obrador convocó al alistamiento de 50 mil jóvenes para incorporarse a las fuerzas de seguridad, lo que habla de que la estrategia contra la delincuencia seguirá por la misma ruta; el próximo régimen ha manifestado abiertamente su resquemor a perder el control en el nombramiento del Fiscal General y a que éste sea verdaderamente autónomo del Ejecutivo; y en lugar de escuchar las voces de las víctimas y los colectivos de búsqueda de desaparecidos en estados asolados por la violencia como Veracruz, prefirieron cerrar la cortina a seguir siendo interpelados.
De verdad creen que con la sola figura del líder carismático en el poder basta para cambiar a un país. A partir del 1 de diciembre se darán cuenta que eso no será suficiente. Ni ahora ni después.
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