Más allá de un desorden de conducta, el acoso cibernético, que algunos lo llevan en su ADN y hasta lo comercian en la política mexicana, fue y es utilizado por el Poder. El ciberbullying, también conocido como crueldad social en línea, se define como la conducta agresiva y deliberada contra una persona a través de la difusión maliciosa de información en la red, en mensajes de texto, con fotografías o imágenes modificadas o editadas, difundidas en redes sociales, correos electrónicos, páginas web, blogs, salas de chat, etc.
No hay quien en su sano juicio no coincida en parar el ciberacoso, no obstante hoy las iniciativas para sancionarlo se perfilan como herramienta política, con el objetivo de acallar la crítica o la denuncia, en aras de metamorfosear y aumentar la impunidad del poder.
En los últimos comicios, sobre todo presidenciales, las “benditas redes” sirvieron para descalificar a la oposición y se convirtió en una táctica para desautorizar a quien señalaba, denunciaba, refería, revelaba corrupción, o criticaba a los políticos. Hay movimientos sociales que incluso hasta call centers de ciberbullying implementaron para viralizar su mensaje, aprovechando los pertrechos tecnológicos y el cambio de paradigma en la comunicación.
La primera que aplicó está táctica fue la izquierda política, fue tan fructífera que inmediatamente la mafia del poder plagió la moda y reclutó al partido de la Revolución Democrático para convertirlo en franquicia, de la cual hoy intenta salir.
Los autores intelectuales de la estrategia del ciberacoso emigraron del reventado partido de Izquierda y se reinventaron en el movimiento social de Morena. Base desde la cual, las “benditas redes”, en conjunto con un insostenible régimen político, posicionaron lo que en 18 años Andrés Manuel López Obrador tejió con trabajo de campo firme. Ponderaron a sus aliados y a los oponentes los destruyeron a tuitazos con memes. Redes que hoy estorban a la partidocracia y a una transformación que se cae a pedazos.
En Veracruz aprovecharon el viaje, y con apoyo de Morena y el PRI, los aliados PAN-PRD buscaron coartar la libertad de expresión, en un atentado más contra las libertades. La repercusión es nacional porque crea precedentes y se reflejó en las redes donde se multiplicaron la voces del desacuerdo social al “absurdo jurídico” del Congreso estatal, como llamó el especialista en derecho Lic. Fidel Ordoñez a la ley que aprobaron en fast track, para castigar el “Acoso cibernético”.
A cuatro días de aprobada el gobernador Miguel A Yunes Linares anunció el veto a la ley operada por sus legisladores. El gobernador electo, Cuitláhuác García, también la impugnó en mensaje por la red social Twitter pero, no habla de veto, ni más tarde el comunicado oficial yunista. Ambos refieren que solicitarán su revisión y nuevo debate al congreso. ¿El veto requiere revisión? No, comenta el abogado Fidel Ordoñez. Por lo que se duda del veto anunciado.
Una iniciativa, ambigua con lagunas a modo, para poder intervenir ciudadanos tanto como a prensa, anticonstitucional y remedo de dos leyes previas en 2013: La ley Duarte en contra de tuiteros para protegerse y blindar al gobierno contra quienes denunciaban la corrupción en su administración; y la ley del Congreso de Nuevo León que aprobó una reforma que castiga con trabajo comunitario y hasta prisión a quien cometa cyberbullying en redes.
El pasado 27 de septiembre los legisladores veracruzanos se blindaron fusilándose estas iniciativas previas. Algunos de ellos se quedan en la nueva legislatura pese al rechazo social en las urnas, y de paso intentaron blindar al patrón, con una reforma al Código Penal que castiga la difusión de imágenes, textos grabaciones, audios que “dañen la reputación o autoestima de otra persona”.
La ley Duarte en 2013, que intentó encarcelar a tuiteros bajo el argumento “perturbación pública con afirmaciones falsas”, fue derrumbada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por violar las garantías constitucionales previstas en el Artículo 6 constitucional y de las libertades que todos los mexicanos tienen de acuerdo con el Artículo 1 de la Constitución federal y de los tratados internacionales, en específico del Artículo 19, que trata de los derechos universales del hombre y atentar contra la exacta aplicación de la ley penal.
Ley aprobada por una legislatura veracruzana muy lastimada por comportamientos corruptos, documentados por la prensa y ciudadanos, principalmente en las redes, donde diputados y diputadas, afectados por la exhibición de sus yerros y excesos, aprobaron la ley del “acoso cibernético” en beneficio propio y de grupo.
En el 2017 la cámara de diputados -promovido por el PRI-, sin debate y por unanimidad también se blindó de ser señalado, criticado o exhibido, con la reforma al artículo 1916 del Código Civil Federal. El número de columnistas y periodistas llevados a tribunales crece desde entonces.
El congreso de Veracruz recibió la iniciativa para castigar el “Acoso Cibernético” en el Artículo 196 con el capítulo III Bis del Código Penal de Veracruz, por parte del diputado del PRD José Kirsch, avalado por las diputadas independiente Eva Cadena, July Sheridan, y adicionada por Maryjose Gamboa Torales y María Elisa Manterola Sanz del PAN. Las legisladoras más exhibidas públicamente en los memes de la crítica social. Iniciativa de ley maniobrada por coordinadores de campaña del PAN, exhibidos por tráfico de influencias, corrupción y otros ilícitos, incrustados en comisiones clave para extender la impunidad.
Una ley ambigua, confusa, proclive a la subjetividad, muy conveniente para que las amenaza de las autoridades veracruzanas sobre periodistas se concreten y que inhibe la libertad de expresión en línea al transgredir derechos fundamentales reconocidos en las primeras declaraciones de derechos revolucionarios del constitucionalismo liberal.
El derecho a libertad de expresión a lo largo de la historia de la humanidad ha sido objeto de constantes amenazas y violaciones, por lo que se debe buscar su protección más amplia pero, no estamos seguros que quien antes ejerció el acoso cibernético, incluya su sanción en la cuarta transformación de la vida pública.