– Una camioneta Chevrolet Pick-Up 2007, la vendieron a un precio de más de 4 mil pesos, hecho que demuestra que el Gobierno estatal malbarata el parque vehicular
– La LXIV legislatura debió destacarse por ser una representación popular que debate y procura un ambiente de justicia, de apego a la legalidad y combate a la corrupción.
Xalapa, Ver., 25 de septiembre de 2018.- El Grupo Legislativo de Morena exhortó al titular de Sefiplan a entregar a la brevedad un informe detallado y apegado a derecho donde precise la situación que guardan los cumplimientos de cada una de las autorizaciones que la LXIV legislatura local ha emitido respecto a las subastas públicas, relativas a la enajenación onerosa de bienes muebles.
A través de un punto de acuerdo el coordinador de fracción parlamentaria, diputado Zenyazen Roberto Escobar García, afirmó que las y los legisladores morenistas consideran que dicha información debe incluir además nombres de los participantes, el monto recaudado y la aplicación de recursos obtenidos y de esta forma se dará cumplimiento a lo ordenado en la Ley de Transparencia.
En la Cuarta Sesión Ordinaria de la Diputación Permanente de este martes, Escobar García señaló que en los últimos días se ha visto un diferendo entre las administraciones entrante y saliente por el tema de la enajenación de vehículos y maquinaria pesada mediante subastas públicas.
Zenyazen Roberto recordó que la Ley regula los procedimientos administrativos de enajenación de bienes muebles “y están fuera de ese marco jurídico, la venta del parque vehicular y la maquinaria pesada a precios sospechosos, hechos que irritan a la población, y no es con estos actos de sabotaje como se recuperara la confianza ciudadana, evitemos subastas, todavía faltan 71 unidades vehiculares y maquinaria pesada.”
Tras mencionar que, durante los trabajos de la Diputación Permanente, la Legislatura autorizó la solicitud de enajenación de vehículos y maquinaria pesada, cuya acción, las y los diputados de Morena se abstuvieron de votar, Escobar García citó claros ejemplos sobre la venta irregular de unidades, entre los que se encuentran, el de una camioneta Chevrolet Pick-Up 2007 con un precio de más de 4 mil pesos, demostrando que el Gobierno estatal malbarata el parque vehicular con el que se cuenta.
Otro caso, añadió es el que se observa respecto al precio irrisorio de un volteo Remada 2004 el cual tiene un costo promedio de mercado de 330 mil pesos, pero éste quedó en un precio de 112 mil 200, siendo esto un 66 por ciento por debajo del valor de mercado.
Precisó que existe copia de avalúo de 176 unidades vehiculares y 42 unidades de maquinaria pesada con fecha 25 de mayo de 2017 emitido por un perito de la Dirección de Servicios Periciales de la FGE, y original de avalúo de 228 unidades de vehículos y maquinaria pesada de fecha 20 de septiembre de 2017 emitido por perito de la Dirección de Servicios Periciales de la FGE
“Dichos avalúos tienen fecha que rebasan la vigencia permitida por la Ley de Adquisiciones. Y nos llama fuertemente la atención que haya sido la Dirección de Servicios Periciales de la FGE, la que haya emitido dichos dictámenes, donde no sabemos el perfil ni la capacidad profesional para emitir avalúos fuera de un procedimiento judicial. Esta situación nos genera sospecha” subrayó.
Nota: Se anexa copia del anteproyecto de punto de acuerdo que leyó el diputado local, Zenyazen Roberto Escobar García, durante la cuarta sesión de la Diputación Permanente de la LXIV Legislatura local. Xalapa, Ver., 25 de septiembre de 2018. Palacio Legislativo.
Señoras y Señores Compañeros Diputados, medios de comunicación y público que nos honra con su presencia:
Con fundamento en los artículos 6to párrafo primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 y 79 párrafo cuarto de la particular del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en lo referente al procedimiento de enajenación y baja de bienes muebles establecido en los artículos 94 al 111, es clara la intención que señala la ley de transparentar todo procedimiento apegado a lo aquí señalado.
Esta LXIV legislatura debió haberse destacado por ser una representación popular que debate y procura un ambiente de justicia, de apego a la legalidad y combate a la corrupción.
Encontramos como cualquier ente público con participación plural, diferencias y afinidades, siempre buscando el bienestar y desarrollo de los veracruzanos.
Nuestra legislatura fue testigo en la pasada elección local de una llamada colectiva al orden y respeto institucional para atender las diversas demandas sociales. La más fuerte de ellas, sigue siendo la del combate a la corrupción.
Ante esto me permitiré presentar brevemente un esquema gráfico de lo que ha acontecido recientemente.
Los últimos días hemos visto un diferendo entre las administraciones entrante y saliente por el tema de la enajenación de vehículos y maquinaria pesada mediante subastas públicas.
En medio de este diferendo se encuentra nuestra legislatura porque autorizó la solicitud de enajenación de vehículos y maquinaria pesada, autorización que se dio durante los trabajos de la Diputación Permanente y donde nuestros diputados se abstuvieron de esta votación.
Buscando analizar esta situación, nos permitimos generar lo que fue el procedimiento administrativo, y lo dividimos en 4 pasos
1. El primero que tuvo que ver con las solicitudes de autorización entregadas a este Congreso de fecha de 7 de Noviembre y 6 y 18 de diciembre de 2017
2. La Comisión Permanente de Hacienda del Estado recibe y analiza las solicitudes y los expedientes adjuntos a partir del 30 de Noviembre de 2017 y 14 de diciembre de 2017; terminando para Dictaminarlos el 9 de febrero de 2018.
3. La Diputación Permanente aprueba dicho Dictamen el 15 de febrero
4. La Gaceta oficial publica esta autorización el 20 de febrero de 2018
Y es en este punto cuando nos despierta inquietud sobre las fechas que se manejan, y decidimos investigar más a fondo
Revisamos con cuidado lo que establece la Ley 539 Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Gobierno del Estado.
En el Art. 98, el cual fue reformado por esta legislatura, a la letra dice:
“El precio base de la venta será el avalúo, el cual será practicado por peritos que cuenten con cédula profesional, instituciones de crédito, agentes especializados o corredores públicos, y que deberá consignar, al menos, el valor comercial y el de realización inmediata; la convocatoria a postores se publicará por una sola vez en la Gaceta Oficial y en un diario de mayor circulación en el lugar de ubicación de los bienes.”
Este artículo nos habla de un Perito que tenga cédula profesional y consideramos que tendría que ser como Perito Valuador. No la figura de perito que puede ser en diversas ramas, como informática, contabilidad forense, obras artísticas, joyas, etc.
De igual forma, nos llamó la atención el artículo 101, que a la letra dice:
“Los avalúos tendrán una vigencia de 180 días naturales, contados a partir de su dictamen”
Esta disposición legal nos limita en el tiempo de ejecución de cualquier acto administrativo
Derivado de lo anterior, nos remitimos a la Gaceta Legislativa, una herramienta interna de nuestra soberanía que contiene los elementos informativos que coadyuvan a discutir y analizar los asuntos a tratar en nuestras sesiones.
La Gaceta que corresponde al 15 de febrero, aporta elementos interesantes que debemos considerar:
Primero, que hubo expedientes que se adjuntaron a las solicitudes que fueron remitidos a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, para su análisis.
En ellos se menciona que existen: copia de avalúo de 176 unidades vehiculares y 42 unidades de maquinaria pesada con fecha 25 de mayo de 2017 emitido por un perito de la Dirección de Servicios Periciales de la FGE y original de avalúo de 228 unidades de vehículos y maquinaria pesada de fecha 20 de septiembre de 2017 emitido por perito de la Dirección de Servicios Periciales de la FGE
Dichos avalúos tienen fecha que rebasan la vigencia permitida por la Ley de Adquisiciones. Y nos llama fuertemente la atención que haya sido la Dirección de Servicios Periciales de la FGE, la que haya emitido dichos dictámenes, donde no sabemos el perfil ni la capacidad profesional para emitir avalúos fuera de un procedimiento judicial. Esta situación nos genera sospecha.
Y esto es importante resaltar ya que dentro de los precios se pueden encontrar ejemplos sumamente descarados, como lo es el de una Chevrolet Pick-Up 2007 con un precio de $4,005.60, demostrando como este Gobierno malbarata el parque vehicular con el que se cuenta.
También se observa el precio irrisorio que se establece a un volteo Remada 2004 el cual tiene un precio promedio de mercado de $330,000 pero quedó en un precio de $112,200 siendo esto un 66% por debajo del precio de mercado.
Y al observar las fechas de las Gacetas Oficiales donde se convocan a las subastas vemos un mayor desfasamiento.
Lo establecido en el artículo 101 y al observar la fecha de los avalúos, la publicación de la autorización, se detecta que la administración estatal retrasó la publicación de las convocatorias de subasta y perdió la oportunidad de utilizar los avalúos que gestionaron, por lo que incurrieron en una falta administrativa que impacta en la hacienda del Estado.
De igual forma, en la Ley Orgánica de la Fiscalía General no observamos ninguna facultad para emitir avalúos, solo atribuciones para apoyar científicamente en la detección de delitos.
Esta situación que pareciera que está siendo forzada para que personal de la FGE emita avalúos para no pagar los honorarios de un perito valuador, nos parece indebido ya que estamos hablando de la hacienda y patrimonio del estado.
Esta situación genera distorsiones, malas prácticas y una percepción negativa sobre el desempeño de las autoridades, como ejemplo cito que en la fundamentación de los avalúos emitidos se hicieron basados en una normativa abrogada, acabemos con esto y trabajemos por la transparencia y la rendición de cuentas.
Recordemos que estas decisiones sencillas, no debieran corresponder a una administración saliente que su principal preocupación debería ser entregar con orden su actuación y no limitar la operatividad financiera y económica de la administración entrante.
Estas decisiones le corresponden a la nueva administración.
En un acto de congruencia legislativa, recordemos que ley regula los procedimientos administrativos de enajenación de bienes muebles, estas acciones están fuera de ese marco jurídico, la venta del parque vehicular y la maquinaria pesada a precios sospechosos, irrita a la población, no es con estos actos de sabotaje como se recuperara la confianza ciudadana, evitemos subastas, todavía faltan 71 unidades vehiculares y maquinaria pesada.
Por lo anterior, presentamos un Punto de Acuerdo para Exhortar al Titular de la Sefiplan, para que a la brevedad entregue un informe detallada y apegado a derecho en el que precise la situación que guardan los cumplimientos de cada una de las autorizaciones que la LXIV legislatura ha emitido respecto a las subastas públicas, relativas a la enajenación onerosa de bienes muebles, donde incluya nombre de los participantes, el monto recaudado y la aplicación de los recursos obtenidos.
De esta forma daremos cumplimiento a lo ordenado en la Ley de Transparencia.