Para quien niegue que el cambio va en serio, la revocación de dos aparentes triunfos electorales se pondrá a juicio del Tribunal que podría hacer rectificar al INE.
De nuevo el INE aparece como un grupo de ingenuos colaboradores del poder que no han podido ganarse la confianza de la población.
El simple hecho de que se le haya quitado el triunfo de la alcaldía de Coyoacán al ex futbolista Manuel Negrete, y se haya puesto a revisión el conteo de votos en Puebla, habla de que la legalidad debe imponerse sobre las transas electorales. en las que pareciera tener cierta experiencia el INE.
No bastó que se le descalificara cuando intentó sacar a un candidato independiente de la jugada. Tampoco el hecho de que la FEPADE haya echado atrás la multa de más de 197 millones de pesos, impuesta a Morena.
Y una serie de rectificaciones que deberían forzar a renunciar a más de un consejero electoral, empezando por su presidente Lorenzo Córdova.
En el caso de Coyoacán y Puebla, independientemente de que se le haya impuesto una rectificación de sus acciones ilícitas en los comicios, hay un cacicazgo que raya en el delito. En Coyoacán está quien se consideró el dueño de la delegación, pero en realidad se trata de un verdadero delincuente peligroso.
Mauricio Toledo, quien fuera delegado hace seis años, se adueñó de los grupos de mayor presión en la circunscripción y armó grupos de choque que defendían sus intereses personales.
Cuando nombra como su sucesor a Valentín Maldonado, el poder en Coyoacán sigue siendo de Toledo, quien sale de la administración de la localidad con un grave deterioro de su imagen. Se le exhibió que había adquirido luminarias con un sobreprecio fuera de toda proporción; sin embargo, no tuvo problemas en imponer a Maldonado, con la complicidad de Miguel Ángel Mancera, porque el poderío ilícito de Toledo no se explica sin la participación del entonces jefe de gobierno que no desconocía toda una serie de delitos cometidos que, según notas periodísticas, llegó hasta el asesinato.
Mauricio Toledo organizó la violencia para impedir que Claudia Sheinbaum realizara mítines en Coyoacán, menos aún en las intermediaciones del edificio delegacional.
Lo impidió a sangre y fuego. Se comprobó que quienes habían incitado a la violencia contra los candidatos de Morena, estaban en la nómina de esa delegación, pero se justificó su acción como una simple falta administrativa.
Ahora, una vez sin fuero, a Mauricio Toledo se le responsabiliza de no realizar obras por las que cobró, como es el caso de un hospital para la mujer, cuyo primer pago desapareció como por arte de magia, eran más de 80 millones de pesos, que seguramente debió repartir entre sus cómplices con mayor y menor nivel que él.
Durante su gestión y la de Valentín Maldonado, Toledo hizo lo que quiso, alteró la arquitectura de uno de los mercados con mayor tradición en Coyoacán, como es el caso del mercado de La Bola, le colocó puestos con varilla y cementos adicionales para que una de sus comadres se adueñara de esos espacios.
Toledo incurrió en muchos delitos en Coyoacán con el proceso inmobiliario. Y para garantizar que los permisos estuvieran controlados por él, colocó a sus incondicionales en las instalaciones de la delegación, sin pertenecer a la nómina, pero contaba con oficinas, escritorios y hasta secretarias a su servicio, todo pagado por el presupuesto de la delegación.
En el caso de Rafael Moreno Valle, se trata de una persona que nunca vivió en México, toda su vida académica la pasó en el extranjero, y es por ello que la arquitectura de los fuertes de la ciudad de Puebla fue alterada como le vino en gana, pero lo más grave del gobernador bala es la violación a los derechos humanos.
Su combate a la disidencia llegó a grado tal que no permitía que nadie se manifestara en las calles, por ello autorizó, con complicidad de su Congreso local, la utilización de balas de goma para disuadir a los manifestantes.
El 9 de julio, pobladores de San Bernardino Chalchihuapan se manifestaron en la autopista Puebla-Atlixco, por las juntas auxiliares de por lo menos 190 poblados que exigían la restitución de las oficinas del Registro Civil.
Este tipo de proyectiles le costó la vida a un menor de 13 años que regresaba de la secundaria, sin que el gobernador haya siquiera ofrecido disculpas a la familia ni castigado severamente al policía que le ocasionó la muerte a José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, quien el 9 de julio de 2014 resultó herido en un enfrentamiento con la policía de Puebla, y por lo cual fue declarado con muerte cerebral y falleció once días después en el hospital.
En redes sociales comenzó a circular el video donde se ve que el niño de 13 años, ayudando a pobladores, intenta limpiarse la sangre que le brota de su cabeza. Días después, Moreno Valle negó que los elementos policíacos usaran balas de goma para dispersar la marcha, los familiares del menor acusaron que su herida fue ocasionada por una de estas pelotas de goma de la policía.
La diputada federal del PRD, Roxana Luna Porquillo, denunció a través de varias fotografías, que los proyectiles fueron utilizados por los granaderos.
El gobierno de Puebla, encabezado por Rafael Moreno Valle, del PAN, y el Congreso local aprobaron el 19 de mayo de 2014 la llamada Ley Bala, que regulaba el uso legitimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del estado y prácticamente permitía que los policías dispararan contra civiles.
Hubo muchas manifestaciones de inconformidad durante el periodo de Moreno Valle, y esta vez intentó colocar a su esposa como su sucesora, con un intermedio en el gobierno poblano, su gran amigo Antonio Gali, quien sólo trabajó para cubrirle las espaldas a Moreno Valle y allanarle el camino a Martha Erika Alonso, esposa del ex gobernador, cuyo triunfo electoral ahora está en entredicho ante un sinnúmero de anomalías que ocurrieron a lo largo de la jornada electoral.
Los caciques políticos deberán no sólo desaparecer sino ser castigados con sanciones ejemplares para que se erradique este tipo de delitos. PEGA Y CORRE.- De nuevo asesinan a un periodista, esta vez en Chiapas, y sus homicidas siguen impunes como si fuera un alivio para las autoridades que haya un periodista menos. El reportero y corresponsal de El Heraldo de Chiapas, Mario Gómez, fue asesinado cuando salía de su vivienda, informó el fiscal general del estado, Raciel López Salazar. Mario Gómez Sánchez había interpuesto demanda ante la Fiscalía Zona Norte, por amenazas de muerte que había recibido de grupos armados que operan en Yajalón y municipios cercanos, como Chilón y Tumbalá. ¿Hasta cuándo?… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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