Independientemente que a nivel nacional la inseguridad junto con la corrupción y la impunidad son algunos de los principales problemas por solucionar, en esta entidad desde el inicio del bienio autollamado “del cambio”, el de la inseguridad aumentó.
Situación que en lo que toca a estas tierras gobernadas los últimos doce años por quienes pueden considerarse los gobernadores más corruptos de todos los tiempos de este saqueado país: el más obscuro de todos los gobernantes veracruzanos y el tonto gordito que se prestó como tapadera de su creador, pero que su estupidez no le permitió analizar y armar la protección que necesitaría para el fin de su desgobierno estatal aquí.
Doce años conocidos como “la docena trágica” que por razones obvias heredaron al ahora desprestigiado bienio panista-perredista, una serie de graves problemas, tanto en el aspecto social como en el económico. Entre los que ha destacado por su gravedad y falta de respuesta de las autoridades estatales que tienen la obligación de atenderlo y darle la solución posible, la Fiscalía General del Estado (FGE).
Así tenemos que con el afán de tener un equipo de gobierno integrado por colaboradores sumisos, que no se atrevieran a cuestionar las órdenes recibidas de su jefe y empleador, los integrantes del gobierno panista-perredista en su mayoría son personas sin experiencia en la función pública, lo que representa un grave problema para los habitantes del Estado de Veracruz, pues aunada a esta inexperiencia viene la falta de perfil para los cargos y por tanto el resultado es la incapacidad para desarrollar la función.
Situación que lamentablemente desde que fue designado como Fiscal General de Justicias del Estado (FGJ), el respetable abogado porteño, hasta antes de esa fecha, Jorge Winkler, ha mostrado como titular de esa importante dependencia.
Y que en el delicado tema de las desapariciones ha tenido su peor actuación. Pues la no atención a los muchos colectivos que hay en la entidad, posición que no sabemos sí obedece a su inexperiencia y por tanto ineptitud en la función pública o que está obedeciendo órdenes de su jefe y empleador. Pero cualquiera que sea la razón, los resultados son muy graves, tanto para los familiares de los desaparecidos, como pare el propio Winkler al finalizar la presente administración, pues puede ser sujeto a investigación por el delito de omisión entre otros.
A lo que debemos sumar la posición que tomó el presidente electo del país, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), durante el Segundo Diálogo por la Paz, la Verdad y la Justicia, que se efectuó en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco y en el cual, por la cara que puso antes de dirigirse a los asistentes, en su mayoría familiares de los miles de desaparecidos que hay en el país, se notó que no esperaba enfrentar un auditorio así. Con tanto dolor debido a la injusticia e insensibilidad que sobre el tema han tenido las autoridades federales y de las 32 entidades federativas.
Como muestra del interés de López Obrador en el delicado y doloroso tema, podemos citar algunas de las informaciones a ocho columnas de diarios de circulación nacional, publicadas el pasado sábado 15 de septiembre, como: Reforma, “Estallan víctimas; claman justicia”; Universal, “Escúchenos, exigen a AMLO: promete justicia”; Jornada, “Pedir perdón a víctimas y hacer justicia en lo posible ofrece AMLO” y Excelsior, “En justicia lo humanamente posible”.
Como puede apreciarse en las ocho columnas de los diarios citados, en todas se habla de hacer justicia, que es lo que está pidiendo los familiares de los miles de desaparecidos que hay en el país, que incluye una investigación a fondo sobre el paradero de sus familiares. Acción que en esta peligrosa entidad no se ha dado como debiera o por razones de incompetencia en la función pública o porque se está ocultando algo. Usted que OPINA estimado lector. Hasta el miércoles. noti-sigloxxi@hormail.com (Fech. Púb. Lun. 17-septiembre-18)