Sin dejar de reconocer los “méritos” de otras áreas del Gobierno de Veracruz, la Fiscalía General del Estado es, sin asomo de duda, la que peor desempeño ha tenido durante la administración que llegará a su fin el próximo 30 de noviembre.
Desde su mismo arribo a este organismo, su todavía titular Jorge Winckler Ortiz se comportó como lo que, en los hechos, nunca dejó de ser: un empleado de Miguel Ángel Yunes Linares. Nunca quiso asumirse como autoridad al frente de un organismo que en el papel debiera ser autónomo, pero cuya condición legal fue desvirtuada para ser reducido a un arma política.
Ensoberbecido, Jorge Winckler se creyó el cuento de que sus patrones se quedarían en el poder 14 años y que él podría hacer y deshacer con las leyes lo que quisiera, dedicándose a perpetuar los mismos vicios que juraron combatir, violando la ley a placer y manipulando la procuración de justicia para consumar venganzas personales y políticas, así como para amedrentar a sus oponentes y críticos.
Su actuación en el tema de los miles de desaparecidos en el estado de Veracruz ha sido un completo desastre. Insensible ante el drama por el que pasan los familiares, absolutamente intolerante a las críticas y faccioso a la hora de brindar atención, el Fiscal se ha ganado a pulso el repudio de las familias que buscan entre la tierra a sus seres queridos y que como no le hacen el “caldo gordo”, son humilladas por la misma autoridad que demerita una labor que, ante la indolencia oficial, han tenido que emprender por sus propios medios y a costa de su seguridad.
Lo peor es que cuando los escándalos provocados por su incompetencia lo ahogan, se inventa distractores utilizando recursos del estado, como las múltiples ocasiones en las que se “colgó” durante todo el bienio del caso Javier Duarte, aún sin tener participación directa en el proceso federal que se le sigue y sin que sus actuaciones tuvieran consecuencia legal alguna. Para mayor ejemplo, cuando en plena campaña electoral libró orden de aprehensión contra la ex “primera dama” de Veracruz Karime Macías, quien hasta la fecha se sigue paseando por Londres como si nada, disfrutando de la “abundancia” malhabida con vulgar impunidad.
Negado para la transparencia y la rendición de cuentas, Winckler le puso cerrojo a la información sensible que emana de la Fiscalía bajo el pretexto del “debido proceso”, el cual nunca le importó quebrantar cuando de salvar su cuello se trató, aún a costa de la seguridad de terceros.
Así lo demuestra el reciente caso del secuestro en Boca del Río de una joven estudiante universitaria. Agobiado por el tema de las fosas de Arbolillo, a Winckler se le hizo fácil posar para una foto con la víctima una vez que fue rescatada –con una celeridad que la Fiscalía no suele tener en otras ocasiones- y filtrar toda la información a sus amanuenses para que la publicaran en Notiver, el diario vocero del régimen, mostrando el rostro de la chica en primera plana y con ello poniéndola en riesgo de manera irresponsable y criminal.
Así como Yunes Linares, Jorge Winckler nunca comprendió que el mandato que la ciudadanía les dio en las urnas en 2016 era el de un cambio de prácticas al interior de las instituciones del estado y no el de simplemente quitar a los mafiosos que estaban antes en el poder para entronizar a otros iguales o peores, como al final sucedió.
Pero a pesar de eso, Winckler pretende quedarse al frente de la Fiscalía General del Estado hasta concluir el periodo para el que fue designado, aun cuando perdieron las pasadas elecciones y la ilusión de una sucesión dinástica se les esfumó en las manos, en buena medida, por actuaciones deplorables como la suya.
Se impone entonces el juicio político. Necesariamente. Porque el de la historia ya lo tienen perdido.
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