Se terminó el periodo de fuero que permitió a varios diputados federales del PRI y del Partido Verde Ecologista de México sin investigación sobre su actuación durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, están en manos de la gente de la PGR, que en más de una ocasión mostró parcialidad en ese y otros sexenios respecto al castigo a funcionarios públicos y es señalada como la sastrería de la legalidad por hacer juicios, como si fueran trajes a la medida.
Aún está fresco en la memoria de los mexicanos la actuación ilícita de la entonces procuradora Marisela Morales, quien, por órdenes de Felipe Calderón encarceló a generales que pudieran hacerle sombra a su secretario de Defensa. Se les acusó ingenuamente de ser narcomenudistas, de vender cocaína en las oficinas del Colegio Militar, y fueron no sólo separados de sus cargos, sino aislados en una casa de seguridad por más de once meses, para después ofrecerles una disculpa y dejarlos libres.
Ahora Marisela Morales es cónsul de México en Milán.
A la vieja PGR le quedan unos meses de vida, lo mismo a una manera muy particular de procurar justicia. Es por ello que debe tomar en cuenta la urgente necesidad de hacer justicia, no debe desaprovechar la oportunidad de reivindicarse ante los mexicanos, pero principalmente ante los veracruzanos.
Las evidencias de culpabilidad de personajes como Alberto Silva Ramos, Edgar Spinoso, Moisés Mansur Cysneros, Antonio Tarek Abdalá, Adolfo Mota Hernández, Noemí Guzmán Lagunes, Javier Nava Soria, Jorge Carvallo Delfín, Vicente Benítez, entre otros muchos, son públicas. Si la PGR no ha podido reunir las pruebas de su culpabilidad en los actos de corrupción de Javier Duarte, o no ha tenido la capacidad de conformar expedientes que inculpen definitivamente a los responsables del saqueo de las arcas del gobierno de Veracruz, debe ser porque hay intereses no sólo arraigados sino muy personales con altos, muy altos personajes de nuestra política.
Es por ello que la promesa de Miguel Ángel Yunes Linares, el minigobernador del minigobierno de Veracruz, pareciera haber llegado a arreglos muy concretos con esos cómplices, porque a pesar de que prometió en su campaña encarcelar a todos los secuaces de Javier Duarte en seis meses, está a punto de terminar su gestión y ya ni siquiera los menciona. Hay mucha lana de por medio y los diputados que acaban de serlo deben ser citados e investigados para ser procesados.
Seguramente contarán con abogados especializados en la impunidad de los funcionarios públicos. Esta debió ser una especialidad en los gobiernos priistas y panistas, sin embargo, la experiencia de algunos licenciados en estas materias lo han hecho famosos, aunque la fama no sea muy buena.
Con Javier Duarte se malversaron 4 mil 630 millones de pesos destinados a servicios de salud y educación en Veracruz, de acuerdo con el informe de la Cuenta Pública 2015. Es decir, las necesidades más urgentes de la población fueron regateadas por un grupo de pillos que impidieron que muchos niños se curaran o los encaminaron a la muerte por obtener ganancias personales.
Si esta circunstancia queda impune la disminución del potencial electoral de los priistas también se reducirá a lo mínimo, porque fue precisamente en apoyo a campañas políticas a donde fue a parar buena parte de ese dinero que condenó a una eterna pesadilla a cientos de familias veracruzanas.
La PGR en este caso específico acusa, señala, pero no actúa. De hecho la reclasificación de los delitos imputados al ex gobernador no sólo facilita la defensa de Duarte sino que desactiva muchas de las inculpaciones a sus cómplices. Esta nueva manera de responsabilizar a Duarte le permite seguir su proceso en libertad, lo cual provocó la indignación de todos los mexicanos. De inmediato la PGR para curarse en salud se sacó de la manga otros delitos que no son tan graves pero que no le permitirán, por el momento, llevar a cabo su proceso en una casa de seguridad o en su propio domicilio.
Lo que extraña del actual gobernador panista es que, a pesar de que realizó una labor policíaca por su parte, a través de la cual descubrió una bodega con cuadros y objetos de valor y que acusara a Javier Duarte por la venta de medicamentos falsos a la Secretaría de Salud, y de miles de pruebas de VIH-Sida inservibles, hasta ahora no ha clasificado los objetos pertenecientes a Duarte y su familia en detalle.
Los laboratorios implicados son propiedad de otro de sus colaboradores, Jorge Carvallo Delfín, ex diputado federal por el PRI, hombre de confianza tanto del gobernador Javier Duarte, con quien fungió como secretario de Sedesol y secretario particular, así como de Fidel Herrera Beltrán, de quien fue su “coordinador ejecutivo de agenda”.
También ha dejado de hablar del tema, lo que acusa una probable ruta de complicidad que debe ser investigada.
Si ante estas situaciones la PGR insiste en hacerse de la vista gorda, será necesario señalar al propio procurador interino de omisión. Lo cual seguramente se sumará a los puntos negros en la sucia trayectoria de una procuraduría que evita que se castigue a los amigos y les inventa delitos a sus enemigos. PEGA Y CORRE.- La fiesta que organizaron un grupo de amigos del empresario Ramón Pérez Morales, en la Isla Salmedina, no ha sido castigada debidamente, a pesar de que manipularon nidos de tortuga y pisaron sus crías. Eso sí, la Procuraduría de Protección al Ambiente, determinó el cierre temporal de la zona, pero la impunidad de este delito existe. Una prueba más de que la justicia tiene precio… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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