Sin el mínimo decoro, el fracasado gobierno de Enrique Peña Nieto continúa hundiéndose todavía más –si eso fuera posible- en el fango hediondo del descrédito.
Aunque corrió como mera versión durante todo el día el pasado martes, fue hacia la noche, en el momento en que la mayoría de las redacciones de medios ya habían cerrado edición, cuando la Procuraduría General de la República confirmó que le abría la puerta al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, para salir de la prisión.
Veintidós meses después de haber librado orden de aprehensión en su contra y tras un año cuatro meses de haberlo detenido en Guatemala, en la PGR “se dieron cuenta” repentinamente que no contaban con pruebas suficientes para imputarle al ex mandatario veracruzano el delito de delincuencia organizada, por lo que decidieron “reclasificarlo” por el de asociación delictuosa.
Con esta determinación, le fue retirado a Duarte de Ochoa el único cargo de los que enfrenta que por su gravedad ameritaba de oficio la prisión preventiva, dejando ahora a criterio del juez de control que lleva el caso la decisión de concederle o no la libertad bajo caución que seguramente será solicitada por la defensa en la próxima audiencia que tengan.
Se trata de una maniobra escandalosa, quizá la más ruin y descarada que le hemos visto al gobierno de Peña Nieto para retorcer la ley y señalarle finalmente el camino de la impunidad a quien fue uno de sus principales aliados y financieros durante la campaña de 2012, y al cual había “sacrificado” tras la debacle electoral del PRI de 2016, creyendo que con eso lograría evitar el derrumbe completo del actual régimen dos años más tarde.
No le alcanzó a Peña Nieto. Y ahora, al igual que hizo en el caso de Elba Esther Gordillo, recula y prepara el tinglado para el último acto de la tragicomedia de Javier Duarte, en el que uno de los políticos más corruptos y miserables de la historia de México podrá recuperar su libertad y consumar la más grande burla que se le pueda hacer a los veracruzanos, gracias a un sistema de “justicia” obscenamente inservible, cuya corrupción supera los límites del peor de los oprobios.
Ante otro derrumbe, el del que publicitó como el único “logro” de su gestión, el sucesor de Duarte en el gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, intentó retomar su papel de “justiciero” y declaró que el ex mandatario no saldrá en libertad, pues se corre el riesgo de que se dé a la fuga nuevamente. Lo cual sería cierto si no fuera porque, como resulta más que evidente, ya existe un bien delineado pacto que incluiría acudir a figuras como la de la prisión domiciliaria que “garantice” que el ex gobernador no se va a “pelar” otra vez. Y ni falta que le haría ya. Es exactamente el mismo camino que siguió la hoy exonerada de todo “pecado” Elba Esther Gordillo.
A Enrique Peña Nieto ya poco le importa el desprestigio de su administración. Mucho menos, el “paso de su nombre a la historia”. Su desvergüenza es directamente proporcional a la grotesca impunidad que está negociando para sí mismo y que pasa por estas decisiones, que lo pintan de cuerpo entero como lo que es: un político igual de despreciable que el propio Javier Duarte.
Y por lo visto, Duarte de Ochoa tampoco tendrá que preocuparse por los gobiernos entrantes, estatal y federal: ya adelantó el próximo gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, que si lo sueltan, no habrá nada que él pueda hacer, pues no puede juzgársele dos veces por los mismos delitos. Como si supiera que, como Elba Esther, también terminará siendo exonerado.
Al final, confirmamos de quién se burlaba Javier Duarte con su sonrisa luego de ser aprehendido y extraditado: de todos nosotros.
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