La inquietud me asalta. No dejo de preguntarme qué tan mal estamos como sociedad cuando dos años después, o poco más, Javier Duarte sigue siendo la noticia del día o la que domina la agenda, se ha convertido en un distractor mediático de las actuales autoridades, los problemas de fondo del Estado no se resuelven y son lacerantes y el presunto culpable, para algunos casi ha ganando la condición de héroe.
Dejó intempestivamente el Gobierno del Estado siendo noticia, huyó y se escondió en el extranjero siendo noticia, durante las campañas para la gubernatura de 2016 y 2018 fue la noticia y tema central del entonces candidato panista, y de nuevo de él pero ya ahora gobernador, quien no le ha quitado de encima los reflectores en lo que va de su administración, y hoy de nuevo lo retoma como noticia cuando la PGR lo absuelve de un delito.
Está podrido el sistema de investigación y procuración de justicia, ya ni se diga el de la judicatura. Ni uno ni otro, si nos atenemos a los hechos con base en los cuales hoy sabemos que está no a punto de ser declarado inocente pero sí en libertad, fuera de la cárcel, pudo presentar una investigación sólida y vincularlo a proceso con contundencia, por privilegiar, por permitir que su jurisdicción se politizara, o la politizaran, y por eso mismo se apresuraran a consignar sin haber armado bien el expediente, o los expedientes.
A qué grado han llegado las cosas que en ese afán de actuar solo por condenar al enemigo político que no castigar al presunto infractor de la ley, por asumir personalmente el papel de fiscal y juez que no le corresponde al gobernador, y no dejar que las autoridades en la materia hicieran bien su trabajo, hasta se creó la percepción de que se trata de una persecución política, y hay quienes aplauden la posibilidad de que Duarte salga libre, esto es, por la reacción de muchos se confirma que terminaron haciéndolo víctima.
Cuando me pregunto qué tan mal estamos es porque Duarte, que ya debiera estar sentenciado culpable o inocente, es lo que hoy interesa y creo que es lo que más preocupa a las actuales autoridades, mientras el Estado sigue bañado en sangre y con montañas de cadáveres, con más panteones clandestinos, con graves problemas económicos y un alarmante desempleo, con altos índices de pobreza, con deudas económicas que han afectado la vida económica y la economía de los veracruzanos, en fin.
Al final ha quedado también como el gran distractor mediático mientras, en cambio, no se le da igual importancia o cobertura a los familiares de los desaparecidos, al galopante delito de abigeato o a quienes padecen inundaciones severas por la falta de atención de las autoridades municipales o estatales que en cambio han privilegiado la construcción de obras de relumbrón como en el puerto de Veracruz.
Javier Duarte exhibe a todo el sistema político y judicial de México y consecuentemente de Veracruz. Su liberación, si llega a ocurrir, será la más grave condena para quienes lo han utilizado para sus fines políticos particulares y no se preocuparon por actuar con profesionalismo para aplicar la ley en sentido estricto y reparar, hasta en la medida de lo posible, el daño que causó a todo un pueblo, que paga las consecuencias.
La estrategia de Comunicación que no fue
El jueves 16, hoy hace una semana, por la mañana en Xalapa ya la tarde en el aeropuerto de Londres donde lo alcancé, le dije a Miguel Molina que retomaría su artículo de ese día para esta columna, por el interés que, a mi juicio, tiene para el escenario veracruzano.
Ese día partía hacia Ginebra, Suiza, donde radica. Aunque vive a miles de kilómetros de distancia, no despega su interés del terruño. Su calidad de periodista profesional y de prestigio internacional me hace tomarlo siempre como referente porque comenta nuestros temas locales sin el prejuicio con el que pudiéramos hacerlo acá.
Tituló su columna “Diario de un reportero” con el encabezado: “Y todavía no se sabe”. Los invito a releerlo.
“Cuatrocientos cuarenta y cinco días después de asumir el poder, cuando este lado del mundo temblaba por los fríos que llegaron de las estepas y causaron caos en los aeropuertos y detuvieron trenes y otros medios de transporte y dejaron campos y ciudades cubiertos de nieve, el gobierno de Veracruz hizo oficial su estrategia de comunicación.
Cambió mucho pero no cambió nada, pese a lo que decía la página tres de la Gaceta Oficial del martes veinte de febrero, que en la letra ofrecía lo que en la práctica no hizo el gobierno del estado en su relación (de algún modo hay que llamarle) con la prensa.
Aquí se dijo que el decreto parecía poner orden donde no había nada. Lo que decían las autoridades se ahogaba en el mar de las redes sociales pero permitía la ilusión de que decía lo que hacía y alguien, que no era periodista, se interesaba en eso.
Aquí también se dijo que interesarse en las cosas públicas es asunto de los medios y responsabilidad de sus reporteros y de sus analistas. Y después el trabajo es cosa de todos. Uno va, ve, y cuenta mal que bien lo que pasó, en teoría sin prejuicios y sin dolo.
Se dijo también que los medios (viejos como la prensa escrita o el radio y nuevos como cualquier cosa que haya internet en este momento) son todavía más confiables que el rumor y el chisme y el mal chiste, aunque no les guste a muchos, porque los hechos no son cosa de gustos.
Oficialmente, el muchacho que atiende los asuntos de la prensa en Palacio de Gobierno, o donde quiera que estén sus oficinas, tenía que acordar acciones en materia de comunicación social con los medios de Veracruz, de México y del mundo.
También tenía que celebrar convenios con ellos para que la imagen del gobierno cambie y todos vieran una administración incluyente, transparente, sustentable y respetuosa de los derechos humanos, comprometida con la igualdad de género y la rendición de cuentas.
Pero no fue así. No hay nada que señale que fue así. Y el muchacho está bajo sospecha de haber abandonado su trabajo oficial para hacer campaña a favor de un candidato, un delito serio si quien lo comete es un servidor público.
No se sabe si en la oficina del muchacho mantuvieron actualizados el banco hemerográfico, la fototeca, la videoteca, las grabaciones radiofónicas, producciones y la página web de la Coordinación General sobre las obras, actividades y servicios del Gobierno del Estado. Si uno busca no encuentra mucho.
Otra parte del trabajo de la oficina del muchacho era proveer a los medios de comunicación la información oficial que emite el Gobierno del Estado, establecer los vínculos y la colaboración con las instituciones académicas, y consolidar vínculos de colaboración y apoyo con organismos e instituciones educativas y culturales, públicas y privadas, para fomentar el análisis, estudio y proyección de la comunicación social. No hubo tal.
La tarea de la coordinación de Comunicación Social era (y es, según el decreto de ley) propiciar el acercamiento y la interacción de la sociedad a las acciones de Gobierno mediante los canales de comunicación disponibles, curiosamente lo contrario de lo que hizo el gobierno de Veracruz, desde el más alto hasta el más bajo funcionario.
Dijimos aquí que no era fácil olvidar que muchos reporteros fueron rechazados con el argumento de que hacían preguntas difíciles porque buscaban convenios para ellos mismos o para sus medios. Pensamos que con las nuevas reglas el gobierno buscaría hacer esos convenios para cambiar su imagen, como dice el decreto de febrero. Y respetaría a la prensa.
Pero lo que no cambió fue la forma de hacer las cosas. Los medios de comunicación tienen el derecho de informar y la obligación de preguntar. Esa es su importancia. Mantener informados a cuantos se pueda. Es mucho trabajo, pero es su trabajo.
La vaina terminó en que un juez les ordenó publicar los convenios que el gobierno de Javier Duarte tuvo con quién sabe qué medios, información que el gobierno de Miguel Ángel Yunes (que hizo publicidad de los cuadernos de Karime Macías y la abundancia) no quería dar a conocer quién sabe por qué.
A eso llegamos. Y todavía no se sabe quién recibió cuánto ni por qué”.
Pronto veremos qué hace Cuitláhuac con esa área de gobierno y con el decreto yunista. La comunicación social es otra asignatura en la que reprobó la administración que se va.