El Órgano de Gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción aprobó por unanimidad de votos en su Primera Sesión Extraordinaria el Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva, con el que se define el marco normativo de este organismo descentralizado, estableciendo sus atribuciones, las áreas que la integran, las competencias y obligaciones de los servidores públicos que formen parte de ella, así como los procedimientos administrativos y lineamientos de trabajo a los que habrá de sujetarse.
En la misma sesión, también de manera unánime, se aprobó el Proyecto de Presupuesto 2018 por un monto de 17 millones 611 mil 582 pesos, para el inicio de operaciones de la Secretaría Ejecutiva, el cual ha sido entregado al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, tal como establece el artículo Tercero Transitorio de la Ley 348 del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave.
La Secretaría Ejecutiva es un organismo público descentralizado que tiene la función de brindar apoyo, asistencia técnica y proveer los insumos necesarios para el cumplimiento de las atribuciones de los distintos órganos que componen el Sistema Anticorrupción en Veracruz.
El proyecto de presupuesto fue formulado con base en criterios de eficiencia y austeridad, principalmente para los meses correspondientes al inicio de labores de la Secretaría Ejecutiva, contemplando esta etapa como una fase de planeación y programación, en la que habrán de desarrollarse además las actividades que dispone la ley en la materia.
En congruencia con el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción se diseñó una estructura orgánica de funciones homologadas para mayor y mejor coordinación de esfuerzos de operación y medición de avances y resultados, proponiendo una plantilla básica de personal que permita desarrollar las primeras líneas de trabajo de esta instancia de coordinación entre autoridades y ciudadanos.
La propuesta de sueldos y salarios de la estructura orgánica de la Secretaría Ejecutiva, se calculó con base en el tabulador oficial del Poder Ejecutivo del Estado. Además, se contempla en el proyecto la adquisición de mobiliario, equipo e insumos, incluyendo los costos por renta y acondicionamiento de un espacio físico donde se establecerá el domicilio oficial del Sistema Anticorrupción de Veracruz.
Como en el resto del país, esta instancia de coordinación entre sociedad y gobierno para el combate a la corrupción y la impunidad está en construcción. Es un ente nuevo que sin duda tiene frente a sí uno de los mayores retos de la historia institucional del país y de la entidad para prevenir, detectar y sancionar las faltas administrativas y los hechos de corrupción, como respuesta a una de las demandas más sentidas de la sociedad.
Desde su concepción como política pública nacional y posteriormente en su concreción en preceptos legales de obligada observancia para todas los entes públicos del país, el Sistema Estatal Anticorrupción está llamado a constituirse en el vehículo institucional por el que se establezcan la mejores prácticas administrativas, se vigile el cumplimiento de las normas y procedimientos y se sancione efectivamente a quienes incurran en la comisión de algún delito o falta, u omitan el cumplimiento de sus deberes legales.
En el Sistema Anticorrupción de Veracruz concurren todos los entes públicos relacionados con labores de prevención, fiscalización, sanción y aplicación de la justicia, así como la representación ciudadana, con el propósito de que, de manera colegiada, se conjunten esfuerzos para lograr una mayor efectividad en los resultados.
Estuvieron presentes en la sesión extraordinaria, el Presidente del Órgano de Gobierno y del Comité de Participación Ciudadana, Sergio Vázquez Jiménez; Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; Yolli García Álvarez, Comisionada Presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; Pedro García Montañez, Magistrado Presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; Andrés Cruz Ibarra, Magistrado Representante del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado; Ramón Figuerola Piñera, Contralor General del Estado; Marcos Even Torres Zamudio, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción; y Martín Quitano Martínez, Secretario Técnico.