En la avalancha de nombramientos controversiales avalados por la LXIV Legislatura del Estado antes de concluir su último periodo ordinario de sesiones, junto con el del cuestionado Fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción, destaca la “ratificación” –que no fue tal- de Arturo Mariscal Rodríguez como comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI).
El nombramiento de Mariscal Rodríguez presenta serias irregularidades e inconsistencias. Por principio de cuentas, el que haya sido designado por un lapso de siete años como comisionado a partir del pasado 26 de julio, cuando solamente debería haber sido ratificado para terminar el periodo que dejó a medias Fernando Aguilera de Hombre.
Hay que recordar que el 8 de junio de 2016, Aguilera de Hombre renunció a su cargo como comisionado del IVAI, el cual asumió el 31 de julio de 2013 y tenía una duración de seis años, por lo que su conclusión llegaría en el mes de julio de 2019.
Tanto la LXIII como la LXIV legislaturas del Congreso de Veracruz emitieron convocatorias para designar a un suplente que terminara el periodo de Fernando Aguilera. La primera, de mayoría priista, ya no le dio seguimiento ante la debacle política del duartismo, derrotado en la elección de 2016. Mientras que la segunda, controlada por el PAN yunista, repuso el proceso y emitió una nueva convocatoria en mayo de 2017.
El procedimiento parecía desarrollarse con normalidad hasta que fue trastocado por uno de los aspirantes, que promovió un amparo contra su eliminación en una de las fases del proceso de auscultación, a pesar de que no cumplía con el requisito de edad mínima establecida por la Constitución Política del Estado de Veracruz para ser comisionado del IVAI.
La designación del comisionado faltante del IVAI quedó entonces atascada, hasta que la Junta de Coordinación Política del Congreso local, sin el aval de la Comisión Permanente de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto de la LXIV Legislatura, emitió un punto de acuerdo para nombrar un comisionado interino, basándose en la fracción III del artículo 85 de la Ley de Transparencia, donde se prevé que “en caso de ausencias mayores a 60 días, el Congreso nombrará a quien lo sustituya (al comisionado del IVAI), parcial o definitivamente”.
El 11 de enero de 2018, el Congreso nombró a Arturo Mariscal Rodríguez como comisionado interino del IVAI, supuestamente en lo que se resolvía el embrollo jurídico para designar a quien finalmente cubriera el resto del periodo original.
Sin embargo, y como mencionamos al principio, en una más de sus trastadas, el 26 de julio de este mismo año la LXIV Legislatura del Estado “ratificó” a Mariscal Rodríguez como comisionado. Pero sin asidero legal alguno, “amplió” su tiempo en el cargo por siete años a partir de esta fecha, en lugar de limitarlo a terminar con el periodo en curso, en julio de 2019.
La intencionalidad es clara. No hay que olvidar que Arturo Mariscal llegó al puesto luego de trabajar de cerca con el ex contralor duartista Ricardo García Guzmán y con el hoy diputado panista Rodrigo García Escalante, ambos aliados del régimen de Miguel Ángel Yunes Linares. Ésta será su ficha dentro del IVAI durante los próximos años.
Claro, si no se les cae el nombramiento ante las irregularidades descritas en este espacio. No por nada, hasta el momento de escribir estas líneas, el nombramiento de Mariscal Rodríguez no había sido publicado todavía en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz.
Sin embargo, se antoja difícil que desde alguno de los partidos se impugne la designación, misma que esta vez contó hasta con el voto y aval de los diputados locales de Morena, que en la misma sesión del Congreso, “coincidentemente”, sacaron adelante su proyecto de Ley de Pensiones del Estado con el apoyo del PAN y el PRI.
¿Transparencia? ¿Qué es eso?
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