Una de las características de la actual administración fue la violación a los derechos humanos. Desde el primer día de la toma de posesión, se desató una cacería de inconformes por las calles del Centro de la Ciudad de México, donde Miguel Ángel Mancera Espinosa, inició su servil administración bajo el mandato de Enrique Peña Nieto.
La facilidad con la que se violentaban los derechos de los mexicanos fue contagiando al interior del país y en Veracruz tuvo una expresión de escándalo, cuya repercusión se convirtió en una información indignante en el mundo entero.
Así, entre 2014 y 2016, la Procuraduría General de la República registró la desaparición de más de 350 personas en Veracruz. Entre las víctimas hay comerciantes, agentes de viajes, amas casa, estudiantes, policías, profesores, ingenieros, choferes del transporte público, pero sobre todo periodistas, gremio favorito de las desapariciones, cuyos culpables se desconocen hasta el momento.
A pesar de los esfuerzos de los familiares de las víctimas. Sólo han sido localizadas menos del 15 por ciento, la mitad sin vida. Lo que es peor, a la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas no les interesa buscarlas.
Animal Político asegura que Veracruz es uno de los dos estados con el mayor registro a nivel federal de personas desaparecidas y uno de los de mayor incidencia de casos de desaparición forzada en donde presuntamente participaron autoridades.
Colinas de Santa Fe es el cementerio clandestino más grande del país: 125 fosas, 14 mil restos óseos, pero no hay recursos para analizarlos, según la fiscalía de la entidad, que denuncia que carecen de recursos para realizar las pruebas de ADN e identificar a 249 víctimas que han sido exhumadas y responsabilizó al gobierno de Duarte de engañar a familiares de desaparecidos.
Actualmente la Fiscalía cuenta con 30 agentes ministeriales especializados en el tema, investiga la desaparición de 225 personas que representan 63 por ciento de todos los casos.
Más del 95 por ciento de las víctimas registradas en averiguaciones de desaparición por la Procuraduría en Veracruz siguen sin ser encontradas.
Jorge Winckler, fiscal del estado de Veracruz, admitió públicamente que “urge apoyo internacional y nacional” para analizar el ADN de los restos encontrados y así comenzar a identificar a las personas enterradas en las fosas.
Ante esta triste panorámica del estado, que muestra una de sus facetas más oscuras y una responsabilidad que quieren ocultar al país y al mundo, el gobernador electo, Cuitláhuac García, anunció que sostendrá reuniones mensuales por casos de desaparecidos en Veracruz, con los familiares y las asociaciones conformadas por éstos.
Cuitláhuac García Jiménez se reunió con integrantes de colectivos de familiares desaparecidos para anunciar su decisión de colaborar estrecha y continuamente en su lucha.
Denunció que existe preocupación, dentro y fuera del país, sobre la actuación del fiscal general del estado, Jorge Winckler Ortiz, debido a varias omisiones en que ha incurrido y en caso de persistir la problemática solicitará que sea removido.
Se solidarizó con la petición de los colectivos, para exigir respeto y atención inmediata, así como la implementación de los panteones ministeriales donde se cuiden los restos de las fosas clandestinas.
La representante del Colectivo Solecito Veracruz, Lucía de los Ángeles Díaz Genao, aseguró que el régimen de Miguel Ángel Yunes Linares fue un retroceso en materia de búsqueda de desaparecidos.
La violación a los derechos humanos, la tortura, la desaparición de personas será una mancha no sólo para la actual administración sino para el partido que permitió y desconoció públicamente este grave conflicto, provocando con esto que se multiplicara la agresión contra la población.
Un delito que no se investiga es una acción que la propia autoridad invita a continuar y en Veracruz la impunidad y el ocultamiento de la desaparición de cientos de personas motivó una serie de represión selectiva que está impune. No hay culpables de estas acciones criminales.
La actuación de Javier Duarte fue de indiferencia, tanta que acusaba complicidad; y la pasividad de Yunes Linares respecto a los desaparecidos pareciera que celebraba cada muerte o pérdida de los veracruzanos. Se dedicó a preparar la candidatura de su hijo que le permitiría impunidad, sobre todo en materia de gastos.
Cuitláhuac García se comprometió a aclarar todos los casos de desaparición forzada en el estado. Sin embargo, antes de que pueda disponer de las herramientas del gobierno, acude con los familiares para coadyuvar con esfuerzos propios para que pueda avanzarse, sin descanso, en esta búsqueda.
Otro de los propósitos en los que está trabajando desde ahora García Jiménez es en la liquidación de todos los pasivos de la actual y la anterior administración, incluso, se comprometió a cubrir los pasivos de la reserva técnica del IPE.
Aseguró que se planea saldar adeudos con municipios, con el sector empresarial, y al propio Instituto de Pensiones, por lo que esperan recibir, al menos, 130 mil o 140 mil millones de pesos para su primer año de gobierno.
Sin duda una tarea titánica que seguramente resolverá el próximo año, trabajo que no pudo concretar Yunes Linares en dos años de vagancia burocrática, donde sólo pensaba en la reelección a través de su hijo. PEGA Y CORRE. – El asesinato impune de periodistas continúa en el país. Luis Pérez García, de la revista Encuesta Hoy, a quien mataron y luego prendieron fuego a su casa en Iztapalapa. Era también socio de la Asociación Nacional de Locutores. De acuerdo con la Federación de Asociaciones de Periodistas de México, el comunicador vivía solo en la colonia Ejército Constitucionalista. Además, en Playa del Carmen fue asesinado el periodista Rubén Pat, del medio Playa News, al salir de un restaurante. La falta de interés de las autoridades sobre las investigaciones de los crímenes contra los comunicadores convoca a seguir cometiendo este crimen…Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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