Existe una febril intención por evitar que se ejerza el poder de manera completa a partir del 1 de diciembre. Los interesados en detener el cambio son los que gozaron por muchos años de privilegios y, sobre todo, de impunidad.
En Sonora, Claudia Pavlovich, la gobernadora priista, intentó el 17 de julio dar madruguete a la austeridad que impondrá Andrés Manuel López Obrador a la administración pública. Ella buscaba vetar las decisiones que tomará el próximo legislativo, sobre todo en materia de austeridad presupuestal.
Horas después solicitó al Congreso del Estado no discutir la polémica iniciativa del veto constitucional, con la que pretendía controlar al Poder Legislativo local y beneficiar las decisiones del Ejecutivo.
Los consentidos de los regímenes priistas y panistas no quieren dejar sus canonjías que provienen del presupuesto conformado por el trabajo de los mexicanos.
Después fue la fantasiosa implicación de Morena en un fideicomiso que es privado y no tiene nada que ver con la estructura del partido. El INE y Hacienda querían echar abajo la elección, o, por lo menos, desestabilizar el capital político que había acumulado López Obrador luego de la jornada electoral.
La contagiosa frase de que si podrá cumplir lo que prometió en campaña, parece haberse permeado más a partir de la acusación del INE de un supuesto fraude. Los mexicanos nunca se hicieron esa pregunta con ninguno de los anteriores presidentes electos. Por lo menos no lo hicieron de manera tan generalizada. Postura obligada por la influencia de algunos medios que siguen tomando la información como trinchera y los intereses individuales como única ideología.
Los madruguetes de los legisladores salientes, que están en funciones luego de que la población escogió otra escenografía partidista, seguirán y el caso lamentable de Veracruz merece mención especial.
El lapso en el que una legislatura electa se da a conocer y sale la anterior, debe ser un periodo de sesiones que sólo atienda pendientes y emergencias, pero no para abrir debates contra las disposiciones anunciadas por los que llegarán a legislar. Ante esta falta de lógica y de legalidad actuaron los diputados locales de Veracruz del PAN y del PRD, partidos que llevaron al poder a Miguel Ángel Yunes Linares, al designar sin la mayoría permitida al fiscal anticorrupción en un acto por demás corrupto y lleno de trampas.
Los legisladores de Morena les gritaron varias veces y con razón: “son peor que Duarte”, los diputados panistas y sus aliados en el Congreso de Veracruz aprobaron con 27 votos a favor el nombramiento de Marcos Even Torres Zamudio, como fiscal anticorrupción de Veracruz, sin contar con las dos terceras partes que se exige -como mínimo- para designar al responsable de este cargo.
Torres Zamudio fue director jurídico del exgobernador priista Javier Duarte, administración de la que resultó con señalamientos de corrupción, y muy cercano al actual fiscal Jorge Winckler Ortiz, nombrado directamente por Miguel Ángel Yunes Linares.
Después de discutir el tema, la terna se sometió a una primera votación, sin que ninguno de los integrantes obtuviera la mayoría calificada para ser designado. Por lo cual, se regresó el expediente a comisiones, y se decretó un receso de media hora, en lo que se integraba una nueva terna. Mientras los panistas y perredistas negociaban (ellos le llaman cabildear).
En un segundo intento, la mayoría panista volvió a someter a votación el nombramiento del fiscal anticorrupción, pero otra vez, los votos no les dieron. De los 48 diputados presentes, 27 votaron a favor de Marcos Evén Torres, y 21 en contra de la terna. Ante la falta de consenso, se volvió a decretar un receso de 30 minutos.
Al regreso del segundo receso, diputados de Morena tomaron la tribuna, y la mayoría del PAN montó otra mesa directiva en el interior del recinto. Y desde ahí, reanudaron la votación del Fiscal Anticorrupción, sólo entre ellos mismos.
De esa votación, en medio de gritos de “son igual que Duarte, son peor que Duarte”, con 27 votos para Marcos Even Torres Zamudio, se le dio nombramiento como Fiscal Anticorrupción.
Así, pese a no sumar las dos terceras partes que requería el nombramiento, los grupos del PAN, PRD y dos legisladoras independientes, entre quienes se encuentra Eva Cadena, designaron a Marcos Even Torres Zamudio Fiscal Anticorrupción de Veracruz por cinco años.
Torres Zamudio, empleado de la Fiscalía General del Estado que encabeza su exalumno Jorge Winckler, fue designado por 27 votos a favor en una sesión que se había acordado llevar a cabo hasta el próximo jueves, pero los panistas y perredistas del Congreso intentaron dar madruguete, la orden estaba dictada desde el Palacio de Gobierno, habría que designar hoy al fiscal anticorrupción que favoreciera a Miguel Ángel Yunes Linares.
Seguramente la próxima legislatura hará lo propio para cuestionar el triunfo aparente de un fiscal anticorrupción ilegítimo a todas luces e ilegal evidentemente; sin embargo, lo que al gobernador le interesa es que se siente en su oficina el fiscal y empiece a trabajar desde ahora.
Desde luego que los casos que tendrán prioridad para Torres Zamudio serán los relativos a la oficina de Yunes Linares, a la campaña de Yunes Márquez, y a todo lo que se realizó en la administración de dos años del actual ejecutivo estatal.
Los especialistas señalan que la forma en que el Congreso nombró al nuevo fiscal anticorrupción de Veracruz viola la legislación estatal vigente y los procedimientos del Congreso.
Por ello esa arbitrariedad será impugnada en tribunales, y mientras exista esta alternativa no podrá ejercer sus funciones el fiscal impuesto por la mano de Yunes Linares, aunque a éste le urja quedan fuera de sospecha para alcanzar la impunidad. A juzgar por la prisa algo esconde.
Lo que le interesa al gobernador es que Torres Zamudio lo libere de responsabilidades, quiere garantizar la impunidad, tal y como lo intentó, en su momento, Javier Duarte de Ochoa, y lo han hecho con otros actores del Poder judicial sus antecesores, por eso están libres algunos de ellos, en lugar de estar presos.
Mientras llega la próxima legislatura el fiscal espurio deberá limpiar la casa. Ver lo que hay contra un desesperado Yunes Linares y bucear en los archivos para que no quede huella de los actos de corrupción del actual gobernador y sus colaboradores, convertidos en cómplices. PEGA Y CORRE. – En lo que va del año ha habido 700 asesinatos en Veracruz. Durante junio de 2018, se registraron 96 casos de personas asesinadas. Pero el gobernador sólo piensa en salvar su pellejo de los actos de corrupción… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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