Importándole un bledo las críticas y las peticiones para que sea la próxima Legislatura la encargada de realizar los nombramientos de fiscales y magistrados, el régimen yunista, a través de sus “operadores” en el Congreso del Estado, se prepara para asestar un golpe autoritario.
Para este martes 24 de julio, la LXIV Legislatura del Estado enlistó en la agenda del día el nombramiento del Fiscal “Anticorrupción”, luego de que la Comisión Permanente de Procuración de Justicia aprobó la terna que será sometida a votación del Pleno.
Dicha terna es, por decirlo suavemente, una barbaridad, de tan soez su cinismo. Los tres personajes propuestos guardan relación cercana con el régimen que se terminará constitucionalmente el próximo 30 de noviembre, pero que pretende arrebatar a través de los órganos de impartición y procuración de justicia un tremendo coto de poder que no ganó en las urnas.
Uno de los propuestos es Andrés Domínguez Fernández, quien trabaja en el Poder Judicial del Estado como secretario general de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia y es cercano a su actual titular, Edel Álvarez Peña, que no es sino un personero del yunismo que lo colocó en esa posición a su arribo al poder en 2016, y desde donde instrumentó la persecución judicial contra algunos ex funcionarios duartistas con el único objetivo de seguir en campaña.
Otro es Gustavo Fernando Vasto Pulido, quien trabajó en la Subdirección Jurídica del Ayuntamiento de Boca del Río y ahora se desempeña como fiscal de Investigaciones Ministeriales en la Fiscalía General del Estado. Como resulta evidente, es empleado de su actual titular, Jorge Winckler Ortiz, quien nunca dejó de comportarse como el abogado personal del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.
El tercero en discordia es a quien se ha perfilado para ocupar el cargo desde el principio del proceso de “auscultación” –de simulación, más bien-: Marcos Even Torres Zamudio, visitador general de la Fiscalía General del Estado, segundo de a bordo de Winckler Ortiz y su amigo personal.
Es claro que ninguno de los propuestos como Fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción cumple con el mínimo de imparcialidad e independencia para ocupar ese cargo. Sus ligas con el yunismo son más que evidentes. Y precisamente por eso, sin pudor alguno, es que ese grupo político pretende imponer el nombramiento, con el objetivo de cuidarse las espaldas a su salida del gobierno, dejándole una cuña a la siguiente administración estatal.
De igual manera, trascendió –porque la opacidad es la marca de la casa- que en la misma sesión de este martes se sometería ante el Pleno el nombramiento del comisionado permanente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Pero sólo para ratificar a quien ocupa el cargo de manera interina desde el mes de enero, Arturo Mariscal Rodríguez, cuyas ligas con el ex contralor duartista Ricardo García Guzmán y su hijo el diputado del PAN Rodrigo García Escalante fueron exhibidas en este mismo espacio desde entonces.
Ya no les será tan sencillo maniobrar para imponer su voluntad. Tras la derrota electoral del yunismo el pasado 1 de julio, el comportamiento de las fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado varió sustancialmente y ahora le resulta mucho más complicado al PAN y a su coordinador, Sergio Hernández Hernández, mantener la mayoría artificial que diseñó a través de la coacción de varios diputados –de Morena, valga decir-, que al venderse por lentejas actualizaron la máxima fidelista –irónicamente, en beneficio del yunismo-, de que lo que en política se arregla con dinero, sale barato.
Pero al saberse perdidos a la buena, se espera que busquen sacar los nombramientos a la mala, a través de las peores prácticas que han sido la nota cantante de este bienio perdido. La andanada judicial contra la familia de la diputada Cinthya Lobato tras su renuncia a la bancada del PAN y su incorporación a la de Morena, es una prueba contundente de lo anterior. Y de lo que son capaces.
A ver si les alcanza.
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