La repentina preocupación del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares para nombrar al fiscal anticorrupción, así como a los 12 magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, surgió de la derrota electoral.
No había intentado antes influir en la decisión de los legisladores de la entidad porque estaba seguro de que su hijo ganaría las elecciones y no estaba convencido de dicho triunfo por las propuestas y programas del príncipe heredero, sino porque todo el aparato de gobierno, incluyendo su presupuesto, estaba volcado en la elección y, a pesar de todo, perdió.
Así sucedió en los últimos años de la gestión de Javier Duarte de Ochoa, quien también dedicó tiempo, dinero y esfuerzo en el nombramiento del fiscal a su favor.
Yunes Linares tenía la certeza de que su hijo ganaría la elección, pero sobre sus espaldas no pesa únicamente una derrota vergonzosa porque a pesar de todo lo que se hizo de manera lícita e ilícita para que ganara Yunes Márquez la derrota fue clara, tan clara que debió reconocerla públicamente, también pesa sobre las espaldas del gobernador la posibilidad, nada remota, de que pueda encontrársele en las cuentas financieras algún faltante, muy probablemente relacionado con el financiamiento de la campaña de su hijo.
Por ello ahora trata de recurrir al epicentro de la corrupción veracruzana en los últimos 14 años, que ha sido la palanca discreta pero definitiva para que las corruptelas puedan llevarse a cabo en la entidad con la garantía de que no serán castigadas. Estamos hablando del Congreso local, donde los diputados avalan los malos manejos del presupuesto.
El punto de apoyo de Fidel Herrera, Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes Linares para conducirse con libertad de gastos que rayaron en todos los casos en excesos y omisiones, donde la gran mayoría de los legisladores, son cómplices de fechorías graves en detrimento de los veracruzanos, desde luego debe haber honrosas excepciones, todavía no las detectamos claramente, pero debe haberlas.
El Congreso veracruzano se ha distinguido por ser la meca de la corrupción en el estado, primero aprobaron conductas que no estaban dentro de las atribuciones originales del gobernador, luego permitió que sus acciones no tuvieran límite, les tendieron puentes para obtener fuero, les abrieron las puertas de la impunidad en todas sus manifestaciones. Y, desde luego, se enriquecieron con esa complicidad.
Endeudaron al estado con la bursatilización de la tenencia vehicular, después siguieron solicitando préstamos para el pago de intereses de la deuda, le metieron mano hasta al dinero del IPE, con un desfalco de más de 10 mil millones de pesos, que está en los bolsillos de los exfuncionarios y tendrán que pagar los veracruzanos, gracias a los buenos oficios de los legisladores.
A los pensionados les adeudan pagos de años atrás, todo ese dinero fue aprobado, concedido, concesionado, con la anuencia de los legisladores.
Aprobaron las solicitudes de préstamos del gobierno, en los que se excedieron no tanto en el número de aprobaciones sino por la cantidad de dinero obtenida que sumaba millones y millones de pesos. Por ahí pasó todo el dinero que ahora no aparece. Si la legislatura no hubiera querido no hubiera habido tal descalabro en las finanzas con cargo al patrimonio de los veracruzanos.
Hubo para todos, pero del dinero que pertenecía a las obras públicas, a los jubilados, a los universitarios. Hay legisladores incluso con las manos manchadas de sangre porque también ocultaron información y simularon investigaciones de los desparecidos en la entidad.
El Congreso local es el conducto través del cual Javier Duarte se embolsó millones de pesos, lo mismo que su antecesor y su sucesor. Cada uno con diferentes destinos, pero lo que es un hecho es el desvío de recursos humanos, materiales y económicos pertenecientes al gobierno del estado a la campaña de Miguel Ángel Yunes Márquez, de ahí la repentina preocupación del actual gobernador desde el momento mismo en que asimiló la derrota de su hijo, quien pensaba le cubriría las espaldas.
Sin la intervención de los legisladores locales de Veracruz la delincuencia de cuello blanco y su correspondiente impunidad no hubiera existido. En ellos se ampararon tres gobernadores que no respetaron la separación de poderes, sino que la subordinaron al ejecutivo estatal, lo mismo que el poder judicial con figuras afines a sus delitos.
Ahora Yunes Linares quiere hacer lo mismo y presiona a los legisladores para que nombren, cuanto antes, al fiscal anticorrupción, ya anteriormente los había presionado para aprobar préstamos desde el inicio de su administración, cuando se oponía a lo que había hecho Duarte y ahora lo imita.
Esta legislatura esperemos, podría ser la última legislatura corrupta del estado.
Es por ello que el gobernador electo pide al Congreso local sea la próxima legislatura la que elija a este representante del poder judicial y puedan trabajar juntos en un proceso de responsabilidades compartidas pero delimitadas y no supeditadas unas de otras.
Sin embargo, hay afectados en dichas propuestas porque las canonjías que tenían unos les serán arrebatadas en nombre de la equidad y la justicia.
Si hay un país de enormes desigualdades, se debe precisamente a que no hay equilibrios en la administración pública, y la conducta de los virreyes de los gobernadores veracruzanos son una muestra fehaciente de ello.
Los legisladores que se van no deben temer por la impunidad de sus protegidos, ellos están a salvo gracias a sus buenos oficios de encubridores y timoratos que prefieren la omisión a la justicia, claro a cambio de moches.
El Congreso veracruzano en sus últimas legislaturas deberá dar cuenta de sus vínculos secretos con los gobernadores, de su sumisión ante el poder de Herrera, Duarte y Yunes.
Sin que se trate de la persecución sistemática, ni tenga que ver estas acciones con los rencores o con la cacería de brujas, debe haber una investigación profunda y seria del actuar de los legisladores veracruzanos desde 2004, en honor a la justicia, y no en nombre de la venganza. PEGA Y CORRE. – Tal y como le sucedió a Duarte Ochoa, ahora 12 integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, en el palacio de gobierno de Xalapa, recriminaron al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares su falta de compromiso para cubrir el pago de adeudos a aproximadamente 80 empresarios. Ante la indiferencia de las autoridades, los empresarios dijeron molestos: “Aquí estamos, existimos, no somos empresas fantasma”, subrayó Jesús Castañeda Nevárez, vocero de los inversionistas inconformes, plantados en palacio de gobierno. Los empresarios argumentan que al iniciar el actual gobierno, funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Planeación, se comprometieron a calendarizar pagos paulatinos hasta saldar los adeudos pendientes que dejó la administración de Javier Duarte de Ochoa, pero hasta ahora nada de eso ha ocurrido y sólo le faltan unos meses de vida a este periodo de gobierno. Hasta el cierre de esta columna estaba latente la posibilidad de que los empresarios deban ser desalojados del recinto de gobierno… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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