“El hombre que puede, es rey”: Thomas Carlyle.
Para combatir la corrupción y aplicar la “austeridad republicana” el virtual Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció una serie de bandos en las que destaca el cambio -de forma y fondo- en la relación del Gobierno Federal con los gobernadores del país. Valiendo la mayoría en el Congreso de la Unión y locales, traza reformas constitucionales para asignar a los mandatarios estatales a 32 de sus coordinadores, argumentando que serán observadores de la función pública y coadyuvarán al “adelgazamiento” del robusto y costoso aparato burocrático. La justificación es creíble, pero levanta sospecha la concentración del poder en un solo hombre.
Las alertas se prenden porque la acción revela la ruptura del Convenio de Coordinación Fiscal que distribuye, según corresponda, recursos federales a Entidades federativas y municipios. Más que una necesaria reingeniería institucional, la acción pauta un marcaje personal sobre los gobernantes que emergieron como virreyes ante los vacíos de liderazgo político en México durante el sexenio priista. Los constitucionalistas esgrimen que se rompería con el federalismo, porque la república está conformada por estados que mediante un pacto forman una unión y tales entidades son estados libres soberanos.
Los 32 coordinadores estatales resultan personajes de estrechos nexos a AMLO y llevan años trabajando por su causa y, como en el caso de los corruptos mandatarios estales en la era de Peña Nieto, replican la figura del “virrey” de la nueva España, representante personal del Rey, para administrar y gobernar a nombre del jerarca, acompañado de una serie de reformas “dirigidas a imponer el poder real por encima de la nobleza y el clero”, señala la historia. No sorprende que en la lista del líder moral de Morena se excluyan a quienes brincaron al partido cuando vieron hundirse su barco, porque estos personajes -como el virrey- deben lealtad absoluta al rey”. Al mismo tiempo sugiere que el alto cargo concedido a los 32 notables del próximo Presidente los encamine a la candidatura del estado que les asignen y hacerse del territorio político nacional.
Si bien es un mandato social que el Estado retome el control del país para terminar con el caos que impera, es un riesgo que los recursos federales sean ejercidos por los nuevos actores sin ninguna normatividad para evitar que se repita la putrefacción política con el voto de la alternancia, tal como ocurrió en Veracruz y otras entidades.
Por lo demás, replican la misma mecánica que utilizan para el marcaje de quienes MORENA ha empoderado en los tres niveles de gobierno. Les renta la candidatura, pero condicionados a que si triunfan tendrán que mocharse y/o, aceptar el control de un “comendador” al servicio del líder, para concentrar el poder económico y político de la parcela, como lo denuncian quienes han salido de ese partido.
No obstante la analogía del Virreinato, los 13 bandos o 50, que lanza López Obrador, perpetúan su muy personal estilo de gobernar la Ciudad de México. En el 2002 lanzó 23 bandos para administrar la capital de la República y la oposición legislativa (PAN, PRI y PVEM) le rechazaron 16 de los 22 bandos, a diferencia del 2018, dónde ninguno de los poderes o sindicatos fijan postura frente al desempleo y la estigmatización que amenaza a quienes no tienen base, donde ni todos son corruptos, ni todos pertenecen a la alta burocracia. La movilidad social obtenida de una bolsa de empleo partidocrática se les puede revertir al minimizar que quienes llegaron al poder y corrieron a la burocracia -que votó incluso por ellos-, hoy pagan las consecuencias dictadas en las urnas. Ser despojados del empleo jamás se olvida.
Los académicos se preguntan si la democracia puede controlar al poder político de un gobernante, que tiene como tarea esencial quitar, prohibir y obligar porque una mayoría le dio la legitimidad para hacerlo. Las decisiones que tome serían justificadas porque la dinámica democrática le dio el poder, empero sólo si es en favor del beneficio de la mayoría, si es en función de sus intereses el pueblo puede derrocar al mandatario, sostiene la teoría.
Mientras no perfilen la revolución del proletariado y Morena no se convierta en el partido Bolchevique, en una simbiosis con un ejército del rey, estamos relativamente a salvo. No hay que soslayar que todo poder excesivo dura poco, como sentenció Séneca, pero ante el riesgo de la mayoría que no votó por AMLO pudiera exigir revocación, alistan al “Tigre” para defender a su líder; que esperemos no emule a Trotsky, quien buscó expandir su revolución a nivel mundial.