Expertos coinciden que el saqueo de las cúpulas del poder y crimen organizado son las raíces de la progresiva y alarmante violencia en México. Una guerra soterrada contra la población civil que no sólo deja miles de muertos y la indefensión de los gobernados, sino que reduce a cero a la democracia creando el mayor caos que hoy desangra al país.
Libres, comandos armados deambulan por todo el territorio nacional cobrando vidas impunemente; sabotean trenes, violan, extorsionan, hackean bancos y amenazan con piratear el PREP el 1 de julio. Desde la cúpula liquidan y se convierten en dueños de medios de comunicación; descalifican a luchadores sociales y todo observador directo de su corrupción. Exhiben la inseguridad total, el nulo estado de derecho en México, el desorden institucional y la violencia estructural, que genera dos tipos de desplazados.
Un grupo es el de los dueños del “enojo social”, porque el gobierno no solo incumple con su principal mandato, que es el de garantizar la vida, trabajo, justicia, igualdad, y las libertades de sus gobernados, o lo que es lo mismo, el respeto a la dignidad humana, sino al contrario, utilizan represión y crimen contra la población.
El segundo grupo, que deriva de la vergonzante omisión del deber legal, es el desplazamiento de ellos mismos, de los actores de la política nacional, dónde se advierte el ejercicio de la violencia de la delincuencia organizada, como mecanismo de control y coerción contra quienes antes fueron sus cómplices. Hoy, o los matan, los encarcelan, o los convierten en criminales bautizados con cargos públicos pero sin poder autónomo.
Ante la omisión y colusión de las instituciones se legaliza el nacimiento del poder narcotraficante por encima de sus antes aliados políticos. Las y los mexicanos quedan en total orfandad ante el cinismo y ambición de los gobernantes corruptos, a quien el pueblo les dio la tarea de protegerlos, vía la democracia simulada.
En tan solo el año 2017, el año más violento en 20 años, casi 27 mil muertos reconocidos, 80 crímenes por día. Cifra que escala sin registran a los desaparecidos o el oscuro final de migrantes indefensos, que se estiman en ámbitos oficiales, en un millar por lo menos.
Ayotzinapa, Tierra Blanca y la desaparición de los estudiantes de cine, son ejemplos emblemáticos, del registro diario de muertos en México en los dos últimos sexenios. Una poda social de los poderes, de oprobiosas dimensiones, de delitos de “Lesa Humanidad”, y el mundo mira aterrorizado.
La crisis de violencia e inseguridad que enfrenta México se incrementó desde el 2006, y dos sexenios después y con el PRI de vuelta en los pinos, la violencia sigue sin control, evidenciado ingobernabilidad y anarquía.
De acuerdo a la consultoría Etellekt, en su Informe de Violencia Política en México 2018, (Excélsior), en 8 meses de procesos electorales se han contabilizado 305 ataques, directos e indirectos, que ha dejado 94 muertos. En las últimos horas aumento a 97 y es un escándalo internacional. En solo 30 días los atentados aumentaron a 102 ataques contra políticos y sus familias. En 32 casos no todos fueron del crimen organizado, aun cuando se estiman utilizan el mismo modus operandi. Se señalan a opositores, policías y alcaldes como los autores intelectuales. No es gratuito el abandono de la contienda electoral de casi mil candidatos, vencidos por estos grupos paramilitares, que transitan por todo el territorio nacional con impunidad. .
¿Realmente funciona la democracia en México cuando vemos los arreglos cupulares entre la política y los criminales? No, no existe la democracia indirecta o representativa, donde supuestamente las decisiones son tomadas por aquellas personas a los que el pueblo reconoce como sus representantes legítimos, los cuales son electos a través del voto. Actualmente nadie representa a ese pueblo arrollado. En la mayoría de los casos a los candidatos los colocan los delincuentes vía los insaciables actores políticos, quienes hoy se mimetizan con el crimen organizado.
Políticos y facinerosos extorsionan por igual, masacran a todo un pueblo silenciado. Agreden a candidatos y sus familias, someten con asesinatos a pueblos que osaron votar en contra del cacique que domina la región o el estado. En total desamparo inocentes pagan las consecuencias, mientras las bandas siguen enriqueciéndose con sus ilícitos, pero prósperos negocios, ante un Estado ausente. Los elevados niveles de impunidad y corrupción que persisten en México, las simulaciones en la atención a víctimas y nulo acceso a la justicia, han instituido la violencia como manera de acceder al poder y de vivir.
La violencia es pues un actor no deseado que juega en estas elecciones. Un régimen de balas que se ha venido gestando desde hace tiempo y no emergió por generación espontánea. Por negligencia y complicidad el Gobierno mexicano es responsable de este escenario que atenta contra las instituciones y deteriora la democracia. Lo trascendente en este tiempo electoral, es la nula competencia democrática en todo el país. El simulacro de las elecciones es una variable más.
Lo que proponen los candidatos en materia de Seguridad Pública, no alcanza para acabar con esta descomposición política, institucional y social. Se requiere ética y pactos civilizatorios, dignificar a la política. Dar vía un nuevo orden social, una nueva realidad para evitar que las nuevas generaciones sigan socializando la mecánica de la violencia como modo de vida.