A un mes y medio de la elección presidencial y de los comicios para renovar el Congreso de la Unión y nueve gubernaturas, la polarización política crece como la espuma, la violencia verbal aumenta sin control y la violencia física contamina ya estos comicios.
Se viven momentos delicados cuando atestiguamos como la lista de candidatos amenazados o victimados en diversos puntos del país se incrementa. Noventa políticos, sobre todo aspirantes y candidatos a alcaldes y diputados locales, han sido asesinados en México desde septiembre de 2017, cuando arrancó el proceso electoral, uno de los más sangrientos de la historia reciente de México.
De no aminorar la beligerancia de las campañas y la intromisión de gobernadores, alcaldes o grupos caciquiles para defender sus intereses y posicionar a sus candidatos, podemos llegar a situaciones de enfrentamiento o a más hechos violentos que nadie en su sano juicio desea.
Ahondar la conflictividad que de por sí late y bulle por muchos puntos de la geografía nacional con la polarización electoral y la guerra sucia que inunda las redes sociales y exacerba los ánimos derogatorios, impulsa a la venganza y el deseo de anular al contrario, es subirle demasiado a la presión.
Escuchamos las voces siempre amplificadas del conservadurismo que advierten sobre una imaginaria debacle de las instituciones y el quiebre de la “estabilidad” económica y política que representaría la llegada del “populismo” al poder presidencial.
Las invocaciones al miedo marcan la competencia electoral. Ya no se trata de poner a consideración del elector las mejores propuestas sino de amenazarlo con lo que podría pasar si vota con las vísceras, si su voto es el del enojo y del rechazo a la continuidad de un régimen carcomido por la corrupción y la falta de respuestas a las demandas de la mayoría de la gente
Convocan a cerrar filas en torno a preservar el actual estado de cosas.
Pero la estabilidad política y social que nos llaman a defender ¿es acaso el mundo ideal al que aspiramos como nación?
El Estado más democrático que debemos construir es aquel donde la responsabilidad del poder ante los ciudadanos sea mucho más real que meramente formal, donde la representación opere con eficiencia, donde medios y fines sean democráticos, de modo que el poder público cuente con la legitimidad que otorga el cotidiano consentimiento ciudadano hacia sus acciones y que emerja, desde luego, de procesos comiciales libres de sospecha, sin intervención gubernamental o de los grupos de poder en contra de uno de los aspirantes, sin distorsiones derivadas de “campañas de contraste”.
La polarización y el surgimiento de campañas de odio que vivimos refuerzan la convicción de que deben revisarse y transformarse muchas cosas.
No podemos aferrarnos al clavo ardiente de la defensa en abstracto de las instituciones, como claman los voceros oficiales y los artífices de la descomposición política que vivimos, cuando han sido justamente sus conductores –desde el Presidente de la República hasta el juez de barandilla o el legislador que vela por sus particulares intereses- quienes no han sido capaces de resolver las angustias cotidianas de millones de ciudadanos en lo económico, en sus reclamos de justicia, de seguridad, de certidumbre en el futuro de sus hijos. Esa línea argumental en defensa del estado de cosas imperante solo envuelve la defensa de un modelo de desarrollo que ya se agotó y cuyos resultados de empobrecimiento mayúsculo de la población y de concentración de la riqueza en unas pocas, poquísimas manos, son hoy caldo de cultivo de la inconformidad, la inseguridad y el enfrentamiento.
Nuestra sociedad no puede vivir en una economía estancada, con una inflación desbocada y con la volatilidad que golpea al tipo de cambio como la que hoy tenemos. El poder de compra de muchos se encuentra cerca de la penuria, las desigualdades se han exacerbado de manera ofensiva en los últimos tres sexenios. Requerimos una expansión de la actividad económica y el Estado no puede abstenerse de la regulación y el impulso que debe permitirla como es la lógica del modelo neoliberal que defienden a capa y espada.
En diversos aspectos de la vida pública se vive al margen de la ley. El síndrome de la ilegalidad prospera, la inseguridad ciudadana nos acosa, las guerras del narcotráfico crecen sin control y la estela de muertos y desaparecidos es el dramático resultado del fracaso de la guerra contra el crimen organizado, el civismo se reduce a los discursos de las obligaciones. Se invoca al estado de derecho sin convicción ni compromiso. La simulación campea en el discurso y la acción gubernamental.
La incredulidad sobre la procuración de justicia anida en todas partes, el sistema educativo languidece y la educación formal que reciben millones de mexicanos a través de la televisión o ahora por las redes sociales ha generado legiones de analfabetas funcionales que se creen todo lo que escuchan o ven, que pasan de la palabra escrita. La inteligencia y el sentido crítico se han ido poco a poco erosionando en el México de la modernidad. El conformismo y la falta de solidaridad son la tónica de nuestras relaciones sociales. La defensa de nuestra precaria estabilidad nos ata y por ello amenazan en sus estrategias electorales con que se perderá nuestro patrimonio si no votamos por la continuidad.
¿Cómo creer que ese es el país ideal que no debe cambiarse, al que se debe proteger de proyectos alternativos, de quimeras de transformación que pongan el acento en combatir la desigualdad y buscar una sociedad más equitativa?
Largo y azaroso se ve el camino para que se inviertan las actuales prioridades de nuestro modelo de desarrollo.
¿Es esa es la institucionalidad y la estabilidad que debemos preservar?
No existe una respuesta única para ello, porque depende de la óptica de quien se asoma a la realidad. Pero algo tendrá que hacerse pero pronto, antes de que las profecías sobre los peligros que se ciernen sobre México nos envuelvan a todos y no precisamente por la llegada de populistas al poder.