Decidido a imponer a como dé lugar a su hijo como su sucesor en la gubernatura de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares ha puesto al servicio del candidato de la coalición PAN-PRD-Movimiento Ciudadano a toda la estructura de la administración estatal. Con la complacencia de las autoridades electorales, que pareciera están de adorno.
En esa estrategia, dos dependencias del gobierno estatal juegan un papel preponderante: por un lado, la Secretaría de Desarrollo Social, que maneja el programa asistencialista estrella de la presente administración, “Veracruz comienza Contigo”, el cual que está siendo descaradamente manipulado en beneficio de Miguel Ángel Yunes Márquez.
Es así que en abierto y en plena campaña electoral, el gobierno continúa entregando tarjetas de descuento de los supermercados Chedraui a los beneficiarios de “Veracruz comienza Contigo”, hecho que fue incluso admitido por el propio titular del Ejecutivo estatal.
Además, para nadie es un secreto que los operadores del gobierno estatal presionan a esos mismos beneficiarios de “Veracruz comienza Contigo” para que asistan en masa a los actos de campaña de Miguel Ángel Yunes Márquez en diferentes puntos de la entidad, y así puedan éstos lucir artificialmente abarrotados –no son creíbles los mares de personas que se difunden en la propaganda yunista. No de manera espontánea-, so pena de retirarles el apoyo.
Pieza central de esa operación es la ex secretaria de Desarrollo Social estatal y actual candidata del PAN a senadora por la vía plurinominal, Indira de Jesús Rosales San Román, quien para realizar esa “labor” fue designada como coordinadora de la campaña de Yunes Márquez, de cuyo círculo de confianza forma parte.
La otra dependencia –por aquello de que a pesar de ser un organismo supuestamente autónomo, el que manda ahí es el titular del Ejecutivo- que está en campaña por el hijo del gobernador es la Fiscalía General del Estado, cuya aplicación selectiva de la justicia busca solamente el impacto electorero en favor de la imagen de un gobierno que persigue a medias, cuando quiere y convenencieramente, a los sátrapas duartistas.
En ese marco se dio este domingo el anuncio de que fue librada una orden de aprehensión en contra de Luis Ángel Bravo Contreras, antecesor de Jorge Winckler Ortiz en la Fiscalía General del Estado, a quien se le imputa el delito de desaparición forzada de personas, en una extraña modalidad: “entorpecer la investigación y apoyar a que los responsables de su comisión eludieran la acción de la justicia”.
Sin embargo, los términos en los que se vincula a este delito a Bravo Contreras –por quien se ofrece una recompensa de cinco millones de pesos para quien aporte datos que faciliten o lleven a su captura- son exactamente los mismos, letra por letra, que los utilizados para imputar por el mismo crimen a los ex mandos policiacos estatales, incluido el ex secretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez Zurita, en el mes de febrero.
El “timing” para proceder en contra del ex fiscal duartista es absolutamente electorero, ya que además de haber retrasado tres meses la orden de aprehensión que bien se pudo librar desde el mismo mes de febrero, ésta se anunció con estridencia mediática -a 50 días de los comicios- en lugar de que la autoridad simplemente procediera a su búsqueda y captura, como ha hecho en otros casos. Dando pie, además, a que Luis Ángel Bravo se dé a la fuga gracias a este aviso.
Pero lo que importa aquí no es impartir justicia. Ni apoyar a las personas en situación de marginación. A un gobierno en campaña lo único que le interesa es lograr su objetivo: que el hijo del gobernador gane las elecciones.
Al costo que sea.
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